La historia del cazado exdirector anticorrupción de la Fiscalía

El embajador de la India, de la justicia

Recorrido de un joven abogado que en diez años alcanzó la cúspide del poder; se rodeó de políticos, magistrados, investigadores, académicos y periodistas y ahora está en el pabellón de extraditables de La Picota.

Luis Gustavo Moreno Rivera, exdirector nacional anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, fue capturado a comienzos de esta semana. / Gustavo Torrijos

La captura del director anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, el abogado Gustavo Moreno Rivera, realizada el pasado martes 27 de junio en Bogotá, tiene sin palabras a quienes, entre dudas, intereses o complacencias, veían cómo este joven profesional de 36 años se había convertido en un iconoclasta o reformador de la justicia. Hace diez años era un recién egresado de la Universidad Libre, que laboraba como oficial mayor en un juzgado penal municipal de Bogotá. Hoy es el protagonista de un escándalo de marca mayor y apunta a pasar a la historia como el primer alto funcionario judicial extraditado a Estados Unidos por incurrir en los mismos delitos que tenía el deber de perseguir.

Nacido en Barranquilla, en agosto de 1981, su hoja de vida evidencia que siempre quiso llegar lejos. Según él mismo lo acreditó, antes de graduarse como abogado, en 2007, se inició como auxiliar de las cátedras de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, Jorge Córdoba Poveda y Jaime Córdoba Triviño. Luego se dedicó a estudiar, al punto de referenciar como sus principales logros académicos una especialización, dos maestrías y un doctorado en proceso. En ese camino, ya egresado, se volvió docente universitario y entró a trabajar a la oficina del abogado y exsenador Dagoberto Charry Rivas, donde además aprendió a litigar. También debutó en el mundo de las asesorías.

Con apenas 30 años, los buenos contactos políticos le permitieron oficiar, en calidad de contratista, como abogado sustanciador de la Comisión de Acusación del Congreso de la República, entre 2011 y 2012, cuando el presidente de la Cámara de Representantes era el liberal Simón Gaviria. Tres años después repitió gestión durante la presidencia del congresista Fabio Amín. Por la misma época, siempre gracias a las asesorías, pasó por las secretarías de Medio Ambiente y de Gobierno en Bogotá, durante la alcaldía de Samuel Moreno. En 2012, fue consultor de la Personería de Bogotá, en la gestión de Ricardo Cañón. Todo este tiempo diversificó su actividad con la condición de catedrático.

Las asesorías jurídicas y las clases en distintas facultades de derecho fueron el impulso inicial de su meteórica carrera. Pero su catapulta profesional fue la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, una empresa privada de consultoría judicial que acredita como clientes a la Fiscalía, el CTI, la Dijín, el Ejército, la Fuerza Aérea y hasta la Interpol. La compañía ofrece desde capacitaciones hasta pesquisas judiciales, “con el apoyo de las últimas herramientas tecnológicas y protocolos en todas las áreas de las ciencias forenses”. De esa experiencia le quedaron sólidas relaciones personales, en especial con su director de investigaciones especiales, el ingeniero de sistemas y criminalista, Yefrín Garavito Navarro.

Para el año 2013, Gustavo Moreno ya era un abogado exitoso, con poderosos clientes como los congresistas Hernán Andrade y José Rodolfo Pérez, a quienes defendió con acierto. Despachaba desde una oficina situada en la calle 84, abajo de la carrera Séptima, junto al hotel Portón Bogotá, donde solían aparecer los entonces magistrados de la Corte Suprema José Leonidas Bustos y Ruth Marina Díaz, así como el exmagistrado Francisco Ricaurte. En otros momentos, Moreno utilizaba una segunda oficina en Parque Central Bavaria. Fue en esa época cuando comenzó a moverse en el tema de los falsos testigos, en medio del escándalo de la parapolítica. El capítulo del exdiputado Sigifredo López fue otro detonante.

Entonces, como él acostumbraba referirlo, a instancias de Colciencias y la Universidad Sergio Arboleda, creó el grupo de investigación en derecho penal Luigi Ferrajoli, en homenaje al jurista italiano y sus tesis sobre el garantismo jurídico. Así surgió el libro El falso testimonio, que incluyó entrevistas a cuatro políticos afectados por falsos testigos: Nancy Patricia Gutiérrez, Gabriel Arango Bacci, Luis Fernando Velasco y Sigifredo López; dos exfiscales, Mario Iguarán y Guillermo Mendoza; Luis González, entonces director de Justicia y Paz; el subdirector de Noticias Uno, Ignacio Gómez; el editor general de este diario, Jorge Cardona, y los integrantes de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, Yefrín Garavito y Carolina Gutiérrez.

Ese libro fue su carta de presentación nacional y su lanzamiento, con bombos y platillos, y la ratificación de su ingreso a las altas esferas del poder político y jurídico. Fue presentado por primera vez en Cartagena, en 2014, en un evento en el que intervino el reconocido periodista Juan Gossaín, quien además escribió un artículo en El Tiempo, en el que resaltó que la obra era “la mejor investigación sobre esta atrocidad” de los falsos testigos, “una gran crónica del infierno”. Al acontecimiento acudieron, entre otros, el exsenador conservador Enrique Gómez Hurtado; la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Margarita Cabello; el senador liberal Álvaro Ashton y el auditor general, Felipe Córdoba.

Luego, en Valledupar, el presentador de El falso testimonio fue Humberto Sierra Porto, exmagistrado de la Corte Constitucional quien, para esa época, fungía como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos eventos estuvieron repletos de invitados especiales, algunos de los cuales viajaron desde Bogotá con gastos pagos por el abogado Moreno. Después del libro, fue evidente que su reputación atrajo a varios procesados cuya defensa estaba basada, precisamente, en probar la existencia de falsos testigos en su contra. Él los representaba ante la justicia y varias de las indagaciones contaron con el apoyo de la citada empresa Unidad de Investigación Criminal de la Defensa.

Así se convirtió en el abogado defensor del excongresista Luis Alfredo Ramos. También defendió al senador Germán Olano en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. “Tenía un ego elevado, pero también muy buenos modales”, le contó una fuente a este diario. Y no era para menos: ya se codeaba con varios políticos, magistrados, periodistas, académicos y, con apenas 34 años, ya era asesor del fiscal Eduardo Montealegre “para acompañar recursos de casación y acciones de revisión ante la Corte Suprema”. Alcanzó a ser candidato a la Personería de Bogotá, con el apoyo de los congresistas Jorge Rozo y Germán Varón, y el respaldo de varios concejales del liberalismo y de Cambio Radical.

Fue un litigante normal, de aciertos y derrotas, activo en varios casos sonoros, como el del carrusel de los reintegros en las Fuerzas Armadas. Hasta que el 6 de octubre del año pasado, por sus buenos padrinos, el fiscal Néstor Humberto Martínez comunicó su designación como jefe de la Dirección Anticorrupción. Justo un día antes, Martínez había anunciado al país que estaba dispuesto a extraditar corruptos. De la mano de Moreno, su primera estrategia fue “Bolsillos de Cristal”, un plan concebido para atacar la corrupción en sus entrañas. Entonces, ambos fiscales empezaron a viajar por el país anunciando capturas. La antesala era un video institucional en el que Moreno invitaba a la gente a denunciar con la promesa de investigar a fondo.

Fue tal la confianza depositada en Gustavo Moreno que, inicialmente, quedó a cargo de los más significativos expedientes de la administración Martínez: Odebrecht y Reficar. Después asumió los casos del Programa de Alimentación Escolar y el cartel de la chatarrización. De igual manera, recibió las principales investigaciones por corrupción regional en La Guajira, Meta, Sucre, Bolívar, Magdalena, Chocó, Santander y Córdoba. Y fueron, precisamente, las de este último departamento las que terminaron enredándolo. En particular, el capítulo judicial de los 20 delitos que la Fiscalía tiene pendiente de imputarle al exgobernador Alejandro Lyons, por presuntos malos manejos de recursos públicos.

En ocho meses, con pocos años de casado y estrenándose como padre de familia, el abogado Gustavo Moreno Rivera pasó del cielo al infierno. El martes de esta semana, seis agentes del CTI allanaron su oficina, ubicada frente al búnker de la Fiscalía, incautaron su celular y otros dispositivos electrónicos, y lo arrestaron. Horas más tarde, quien confirmó la noticia de lo sucedido fue la vicefiscal general, María Paulina Riveros: “Con indignación y profundo dolor institucional, me veo en la obligación de informar a la opinión pública que, en el día de hoy, quien fuera hasta la fecha director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, acaba de ser capturado por un grupo élite”.

Detrás de su captura había un ingrediente más: la participación de la DEA. Moreno había caído en el radar de la justicia estadounidense en mayo pasado, cuando el exgobernador Alejandro Lyons, quien se encontraba en Miami desde abril, denunció que el director de la Unidad Anticorrupción, y otro abogado, Leonardo Pinilla, le habían pedido un soborno de $500 millones y US$30.000 adicionales, a cambio de filtrarle información de los procesos en su contra y de favorecerlo “inundando a los fiscales con trabajo para que así no pudieran concentrarse en (su) caso”. Al conocer del tema, la DEA le puso una trampa a Moreno: hizo que Lyons acudiera a una reunión con él, que era controlada por sus agentes.

Ese encuentro se dio el pasado 15 de junio, fecha en la que Moreno viajó a Estados Unidos, enviado por la Fiscalía —que también ya lo investigaba— a dictar una conferencia anticorrupción. Esa cita es hoy la prueba reina, pues ambos —Moreno y Pinilla— fueron grabados y fotografiados. Se vieron cerca de un hotel y, en desarrollo de la reunión, Moreno alcanzó a advertir que su interlocutor lo estaba grabando, por lo que intentó cambiar el tono de su conversación para que pareciera que su interés era garantizarle a Lyons debido proceso. Demasiado tarde. Su suerte estaba echada. Dos semanas después fue capturado y conducido a los calabozos del búnker de la Fiscalía. Ahora está en el patio de los extraditables de La Picota.

Desde entonces, lo que se ha venido conociendo de quien era el jefe anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación es una verdadera caja de sorpresas. En el allanamiento a su casa le encontraron la copia de un principio de oportunidad en favor de un procesado por corrupción y un oficio sobre otro expediente por la misma causa. También un computador con correos encriptados a Alejandro Lyons sobre una de las investigaciones del departamento de Córdoba. Esta semana, la Fiscalía incautó algunas de sus propiedades, por valor de $1.100 millones, y otras a nombre de su esposa, Carolina Rico Rodríguez. Por ahora, se trata de varios apartamentos en Bogotá y dos vehículos de alta gama.

Esta historia tiene a muchos boquiabiertos, incluidos a varios periodistas, que recurrían a Moreno como buena fuente en la Fiscalía. Más allá de lo que se siga descubriendo, por las características del personaje, sus vínculos y sus pasos por los halagos del poder, hacen recordar al famoso personaje conocido como “el embajador de la India”. Un seminarista que, en 1962, llegó a Neiva y se hizo pasar por Shri Lacshama Dharhamhhaj, diplomático indio. El caso de Moreno, de lejos, es mucho más grave, pero el engaño es el factor común. Ahora, ningún poderoso quiere que le recuerden que alguna vez le creyó a Moreno, quien, en un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser el cazador de la corrupción a ser cazado por el mismo asunto.