:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/F30HPWW4oR9ZZb7qpMSBFd1mVaw=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/XQJ54JPHZ5HJHEP5YS3VRLT2GI.jpg)
Para la Armada la expresión “vuelos fantasmas” es más que unas investigaciones en desarrollo: es una migraña, con M mayúscula, que desde hace más de un año no se va. Las primeras denuncias las hizo, el 13 de febrero del año pasado, el sargento Dayron Castell, ejecutivo de contratos del Comando de Apoyo Logístico de Infantería de Marina (Calogim). Castell le dijo entonces a La Fm que había tenido que poner en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría un asunto al que, internamente (aseguraba), no le estaban poniendo atención: el pago a la empresa AerCaribe, contratista de la Armada desde 2002, por vuelos que ésta nunca había hecho.
El pasado 9 de septiembre, Castell reiteró sus denuncias de corrupción en un documento enviado al comandante de la Armada, el almirante Hernando Wills Vélez, quien llevaba un mes en el cargo. En su comunicación, Castell aseveró que el contrato 22 de 2011 (por $2.329 millones) mostraba un modus operandi, el cual se resumía en que AerCaribe hacía un vuelo para trasladar a infantes de Marina de una base a otra, pero en realidad cobraba como si se hubieran hecho tres. Según Castell, se enquistó “una mafia bien establecida dentro del comando de Infantería de Marina” que, de paso —dice él—, lo ha enlodado para bajarles el tono a sus acusaciones.
Tan seguro está de sus palabras que, en diálogo con este diario, Castell aseguró que en cuestión de semanas viajará a Estados Unidos para poner este caso en conocimiento de los Departamentos de Estado y de Justicia, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los primeros, sostiene él, deberían estar interesados porque fue gracias a dineros del Plan Colombia que AerCaribe recibió contratos inicialmente. “El suscrito a la fecha ha podido determinar irregularidades por $2.600 millones que se consideraban perdidos (...). La actuación e intervención del suscrito desde todo punto de vista son legales y patrióticas”.
Documentos con membrete del Calogim muestran que el sargento, además, le ha informado a la Armada que desde que puso la denuncia en la Fiscalía sobre este tema, en septiembre de 2012, ha recibido llamadas intimidantes, sobres con balas en su interior, han escrito grafitis frente a su casa, y que la misma suerte ha corrido quien era su jefe en esa unidad y también denunciante de este asunto, el capitán Diego Herrera Mariño. En marzo de este año, el segundo comandante de la Armada, el vicealmirante César Augusto Narváez, difundió la Circular 045, en la que se reiteró que divulgar información restringida, reservada o ultrasecreta sin autorización era considerada una falta gravísima: Castell y Herrera sintieron que les hablaban a ellos.
La última vez que el capitán Diego Herrera y el sargento Dayron Castell interactuaron en una licitación con AerCaribe fue en abril de 2012. La empresa se hizo a un contrato de $1.540 millones, por el que también competía la empresa FYH Charter. Pero la subasta inversa en la que AerCaribe y FYH Charter se disputaron el contrato no fue una subasta cualquiera. En un documento enviado el 8 de mayo de 2013 a la oficina de Control Interno de la Armada, AerCaribe pidió que se investigara cómo había sido el proceso de licitación del contrato de los $1.540 millones y de un segundo, por $1.150 millones, que había sido adjudicado cuatro meses después a FYH Charter.
AerCaribe le pidió entonces a Control Interno —y a la Inspección de la Armada— que mirara con lupa la intervención que Castell y Herrera habían hecho en la audiencia de licitación del primer contrato, el 20 de abril de 2012. Tal como consta en la Resolución de Adjudicación número 14 de 2012 (documento de la Armada), Castell expuso que, como AerCaribe había objetado la capacidad de su rival FYH Charter para cumplir a cabalidad el contrato, se había dirigido a la Aeronáutica Civil por “orden expresa” del capitán Diego Herrera, pidiendo que le garantizaran la autenticidad de un documento suministrado por FYH Charter.
En ese papel la Aeronáutica supuestamente certificaba que los aviones de esa compañía, unos ucranianos Antonov 26, podían transportar a 50 personas y una carga de 5.500 kilos desde el aeropuerto El Dorado, uno de los requisitos que exigía la Armada. Castell aseguró en la audiencia que había hablado personalmente con un funcionario de la Aeronáutica, el asesor Luis Bernardo Puentes. Por ese certificado FYH Charter pudo seguir en la competencia por el contrato. Pero, en busca de robustecer su denuncia, AerCaribe hizo llegar a la oficina de Control Interno de la Armada un segundo documento el 20 de julio de 2013.
Éste incluía una copia de la respuesta, tras petición de la empresa, que había remitido Luis Bernardo Puentes. En el acta de la audiencia se lee que Castell se refirió a él como el “jefe de operaciones aéreas” de la Aeronáutica, aunque en la resolución de adjudicación reza que Puentes, según el sargento Castell, era un asesor de la Subdirección General. Puentes confirmó que Castell había ido a esa entidad en la fecha que él aseguraba (19 de abril de 2012, un día antes de la adjudicación). Indicó también que no recordaba en detalle la visita del suboficial, pero que el asunto que éste iba a consultar no era competencia de la subdirección general y que, por ello, lo más probable era que lo hubiera remitido a la Secretaría de Seguridad Aérea.
Puentes, sin embargo, negó que hubiera discutido con Castell la capacidad de los aviones Antonov 26, y así se lo hizo saber AerCaribe a la Armada. Desde entonces, AerCaribe le ha estado solicitando a la oficina de Control Interno de la Armada que inicie las investigaciones correspondientes. El pasado 13 de diciembre, esa oficina le respondió a la compañía que el tema ya había sido puesto en conocimiento del general Héctor Julio Pachón, comandante de Infantería de Marina, y que toda la información estaba siendo analizada y verificada.
AerCaribe no sólo le pidió a la Armada que tuviera en cuenta lo que había pasado en la licitación del primer semestre de 2012. Le solicitó, asimismo, que revisara el contrato del 12 de agosto de 2012, adjudicado, precisamente, a FYH Charter por $1.150 millones. Los contratos, se lee en cada uno de ellos, tienen el mismo objeto: transporte, en vuelos charter, de personal y equipo militar y orgánico de Infantería de Marina. Fuentes de la Armada le dijeron a este diario que, normalmente, se adjudica un contrato por año y AerCaribe refutó, además, que para esa época su contrato sólo iba ejecutado en un 38%, por lo que se podría haber hecho una adición en vez de una nueva licitación.
AerCaribe le señaló a la Armada que el Comando de Apoyo Logístico de Infantería de Marina, con el capitán Herrera y el sargento Castell a la cabeza, habían modificado el pliego para, palabras más palabras menos, facilitar que FYH Charter se llevara el contrato. “Lo único que quieren es competencia desleal. No quiero hablar de algo que no tengo pruebas, pero debería averiguarse si detrás de estos señores está FYH Charter”, le dijo a este diario el capitán Luis Almeira Quiroz, representante legal de AerCaribe. “Esa denuncia no es más que un pataleo del capitán Almeira para tratar de enlodar el buen nombre y la gestión administrativa que efectuamos el capitán Herrera y yo”, replicó Castell.
Almeira se quejó hasta en el Comando General de las Fuerzas Militares por el “ardid” supuestamente orquestado entre Castell y Herrera, y a ambos los denunció por injuria y calumnia el 5 de diciembre pasado, tres días después de que el capitán Herrera le diera una entrevista a Claudia Morales para Semana ratificando las acusaciones del sargento Castell. Según le certificó la Armada a El Espectador, entre 2002 y 2011 AerCaribe recibió $10.357 millones y actualmente no tiene contratos: Castell insiste en que es por haber perdido esa ‘danza de los millones’ que Almeira reclama.
Sobre este vaivén de denuncias se espera que, lo más pronto posible, alguna autoridad dé la palabra final. “Ojalá la Fiscalía, la Contraloría y la Armada tengan resultados pronto, para que se me acabe este karma”, dice el capitán Almeira. Que la Fiscalía, la Contraloría y la Armada actúen es, también, lo que han pedido el sargento Dayron Castell y el capitán Diego Herrera.
* Lo que dice la Armada Nacional al respecto
El segundo comandante de la Armada, el vicealmirante César Augusto Narváez, le envió un documento a El Espectador resolviendo varios interrogantes. Sobre las denuncias presentadas por el capitán Diego Herrera y el sargento Dayron Castell, acerca de los supuestos vuelos fantasmas que AerCaribe habría registrado para facturar y cobrar de más, el alto oficial aseguró que se están llevando a cabo dos investigaciones, una administrativa y una disciplinaria: ambas se encuentran en etapa de instrucción y el único investigado hasta ahora es el supervisor del contrato 22 de 2011, que fue el reportado por Castell y Herrera.
De acuerdo con el vicealmirante, la investigación disciplinaria tiene vigilancia especial de la Procuraduría. Agregó además que la oficina de Control Interno de la Armada tiene toda la información que ha entregado la Aeronáutica Civil sobre los vuelos de AerCaribe y que se está cotejando con lo que se facturó y se pagó. Se están teniendo en cuenta, igualmente, otros aeródromos del país que no son controlados por la Aeronáutica, pero a donde también llegan tropas de la Armada. Por último, el vicealmirante Narváez ratificó el compromiso de esta institución de “cero tolerancia a la corrupción”.
* Reportes encontrados de la Aeronáutica Civil
Esta es, quizá, la parte crítica de la historia pero, a la vez, la más factible de confirmar o descartar. En noviembre de 2012, la Aeronáutica Civil le confirmó al entonces auditor legal de la Armada, William Cañón, que cinco Antonov 32 vinculados a AerCaribe habían hecho 19 de los 76 vuelos que, con base en el contrato 22 de 2011 (por $2.329 millones), esa empresa facturó. Esa misma información la remitieron los denunciantes, el capitán Herrera y el sargento Castell, a la Contraloría, y en abril del año pasado este organismo indicó que los vuelos del contrato 22, si realmente no se habían realizado, podían implicar un detrimento de $1.973 millones, por lo que el expediente se envió a un contralor delegado.
AerCaribe, por su parte, se defendió con la misma arma: los certificados de la Aeronáutica. Según Luis Almeira, representante de esa compañía, Castell y Herrera pidieron la relación de vuelos de una manera engañosa para que el sistema arrojara esos resultados, pero ya está en manos de la Fiscalía, la Contraloría y la Armada la certificación hecha en 2013, de 161 vuelos que AerCaribe llevó a cabo en 2011 con seis aeronaves (una más de las registradas inicialmente por el auditor). Son la Fiscalía, la Contraloría y la Armada las que tienen que determinar, con base en toda esta información, si hubo vuelos fantasmas o no.
* En qué va la Fiscalía
Esta semana se divulgó que la Fiscalía había abierto una investigación formal por el caso de los supuestos vuelos fantasmas y que tanto el representante legal de AerCaribe, Luis Almeira, como la tesorera de esa empresa, iban a ser llamados a interrogatorio. El Espectador, no obstante, confirmó con fuentes de la Fiscalía que conocen en detalle este expediente y éstas señalaron que la investigación no es formal sino preliminar y que, por ende, todavía no hay nadie vinculado.
Es decir, no se están planeando interrogatorios ni audiencias de imputación de cargos aún. Lo que sí es un hecho es que se designó a un grupo de investigadores del CTI con dedicación exclusiva para este tema y que ellos están analizando más de 150 mil folios, que incluyen documentos entregados por la Armada, la Aeronáutica y AerCaribe. “Eso de vuelos fantasmas no es cierto. Sí hubo vuelos. Lo que queremos determinar es si la cantidad de vuelos realizados corresponde a lo facturado por AerCaribe”, señaló uno de los investigadores.
Las pesquisas han girado en torno al contrato 22 de 2011, pero como ya se han denunciado otros contratos, el fiscal general Eduardo Montealegre estudia la petición de poner todas las denuncias en manos del mismo fiscal que maneja hoy estas indagaciones.
El primer denunciante
El primer uniformado que afirma haber notado las supuestas irregularidades en relación con los vuelos que AerCaribe hacía para la Armada es Óscar William Martín León. Hoy, él asegura estar dispuesto a declarar ante cualquier autoridad que requiera su versión en el marco de las investigaciones por los llamados vuelos fantasmas.
Martín era el encargado de hacer la programación de los vuelos para trasladar a los infantes de Marina entre las bases de todo el país. En diálogo con este diario, narró que en 2006, en una reunión con su superior del momento (un coronel de apellido Pardo), le informaron que el presupuesto para traslados a través de vuelos privados —es decir, con AerCaribe— se estaba acabando. “Mi coronel me pregunto qué tanto había volado esa compañía. Revisamos y sólo salían dos vuelos”.
Cuenta Martín que, empezando a indagar, se encontró con que AerCaribe les quitaba las sillas a los aviones para meter el doble de personal, poniendo de paso en riesgo la seguridad de los uniformados. Ese dato ya había circulado en la Armada y está siendo verificado. “También noté que estaban siendo facturados movimientos hechos por la Fuerza Aérea”, resaltó el suboficial (r).
Relata que le contó lo que había averiguado al almirante Luis Fernando Yance Villamil, en ese entonces a cargo del Comando de la Infantería de Marina. Más adelante, asevera, lo increpó otro oficial, de apellido Hernández Durán. “Desde ese día las cosas cambiaron. Mi situación era de mucha zozobra, empezaron a pasarme cosas raras como mandarme a revisar una compra de unos maletines de primeros auxilios. Que yo firmara el recibido a conformidad. Se me hizo raro y pedí revisar dos de esos equipos, ninguno estaba completo. Pedí que los devolvieran y eso me trajo más problemas”.
De acuerdo con la versión de Óscar Martín, las cosas se pusieron más difíciles aún de ahí en adelante. Un día tuvo que supervisar un traslado desde Bogotá y afirma que ese día el representante de AerCaribe, Luis Almeira, le pidió que hablaran. “Yo no sé si le dijeron mentiras, pero él creía que yo hacía parte. Me dijo que Yance quería $300 millones, que Hernández otra parte porque se iba a EE.UU... Le pedí que no me contara más y él me preguntó que si acaso no estaba en ese bando. El lunes que regresé a la oficina Hernández me reclamó por haberle ido a pedir plata a Almeira”.
A partir de ahí sólo vinieron amenazas e intimidaciones, expresa Martín. Lo diagnosticaron con estrés y depresión. Cuenta que le enviaban flores a su casa o las dejaban en el carro, que seguían a miembros de su familia. Al final, optó por irse a Estados Unidos, en donde está solicitando asilo político. Cuestionado al respecto, Almeira Quiroz aseguró no conocer a Martín o haber tenido trato alguna vez con él.
dduran@elespectador.com
@dicaduran