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El 18 de enero de 2010, un grupo de ocho funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas, DIAN, acudió a las instalaciones de la Fundación Universitaria San Martín con el propósito de verificar el estado de las licencias de los computadores de la institución educativa. Para ese momento, aunque en el entorno académico se rumoreaba sobre extraños manejos del centro docente, la universidad funcionaba con normalidad, sin embargo, en la parte de informática había señales que sus computadores usaban software ilegal.
Ese día, los funcionarios de la DIAN ubicaron 1.027 equipos y 7 servidores instalados en las sedes a nivel nacional que funcionaban en las aulas de capacitación y oficinas administrativas y encontraron sorpresas. Para citar un ejemplo, en esa sede los inspectores de la entidad encontraron 60 equipos de los cuales revisaron 39 y detectaron que el tema del licenciamiento no estaba muy claro.
Para esa época, los funcionarios de la universidad presentaron certificaciones expedidas por la empresa Controles Empresariales Ltda en donde se autenticaba el esquema de licenciamiento de los equipos. Para verificar la autenticidad de la información, los investigadores reportaron el caso al ingeniero Fabio Téllez de la firma Microsoft, quien señaló que esta sería válida sólo si la universidad presentaba los contratos de los años anteriores firmados con la multinacional.
Por tratarse de una institución educativa, que tiene continuidad en la prestación de su servicio, la DIAN esperaba que de inmediato se le entregaran los contratos que certificaban el licenciamiento. No obstante, los funcionarios de la DIAN al presentar su informe de visita señalaron que la universidad San Martín no presentó los contratos anteriores referentes al licenciamiento del software de Microsoft.
De manera adicional, los investigadores se comunicaron con representantes de la firma licenciataria de la universidad y se informó que el proceso de validación con Microsoft duraría cuatro días más. No obstante, la multinacional se quedó esperando una respuesta efectiva y al poco tiempo, con base en la información de la DIAN, el 4 de marzo de 2010, acudió a la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual y Telecomunicaciones de la Fiscalía para apoyar y denunciar una presunta defraudación a los derechos de autor.
En un entorno judicial repleto de expedientes y con un retraso estimado de 10.000 procesos en el ente acusador, las posibilidades que el caso avanzara no eran las mejores. Llegó entonces la crisis en la universidad y las decisiones, en otros ámbitos, de la Fiscalía aparecieron con duras medidas que derivaron en la detención de tres de sus directivos el pasado 4 de marzo. Entre tanto, el proceso por la presunta defraudación quedó estancado.
Cinco años después de la investigación de la DIAN, la multinacional Microsoft no pierde las esperanzas que reviva y por eso en los últimos meses le ha pedido a la Fiscalía que actúe en el caso. El 14 de octubre, por ejemplo, la entidad nombró al abogado penalista Fabio Humar como su nuevo representante frente al proceso que adelanta el fiscal 10 de la Unidad Nacional de Delitos contra la Propiedad Intelectual. En ese mismo mes, el funcionario de la universidad Juan Carlos Mahecha fue informado de la denuncia. En este sentido el abogado Humar señaló como solución al pleito: “Una de las formas más pacíficas y sencillas de terminar este proceso es con el pago efectivo del daño causado por la conducta reprochada, cosa que en el presente caso se podrá hacer con el licenciamiento de todos los equipos de la universidad”.
De esta situación fue informado también el ministerio de Educación. Mediante petición se le solicitó indicar las normas que regulan y sancionan a las universidades que utilizan copias ilegales en los equipos de cómputo. De la misma manera, se pidió al ente acusador hacer las gestiones pertinentes para llamar a imputación de cargos a los responsables en el caso. Según los representantes judiciales de Microsoft para que la universidad pueda seguir usando el software de la compañía debe cancelar por daños causados y licenciamiento estimado en un millón de dólares.
Con la reciente toma de la universidad por parte de delegados del gobierno y las nuevas decisiones del ministerio de Educación, la multinacional volvió a insistir. En sendas comunicaciones dirigidas al nuevo rector de la universidad Germán Sierra y al vicefiscal Jorge Perdomo, Microsoft insiste en que hay una denuncia en el caso y reitera en que se llame a imputación de cargos penales a los responsables.
“En el caso que se refiere se han cometido ilícitos relativos a la propiedad intelectual que afectan de manera gravísima a la empresa que represento: Los administradores y directivos de la Universidad San Martín no tuvieron empacho en utilizar, sin licencia, varios programas de Microsoft en los computadores de sus campus universitarios, que estaban destinados al uso de los estudiantes”, destacó el abogado Humar en la comunicación dirigida al vicefiscal Perdomo.
Luego de cinco años de denunciada la situación, las decisiones de fondo en el caso están en manos de la Fiscalía, al tiempo que el ministerio de Educación sigue aplicando fórmulas para garantizar los derechos a cerca de 10.000 estudiantes que confiaron su futuro académico en una institución en entredicho.