El ministro de Minas y los contratos de Connecta

Los giros de una exitosa firma encuestadora de la familia del ministro de Minas y sus explicaciones sobre la forma como lo suyo es el sector energético.

Desde finales de 2015 es tema de conversación y debate en los círculos de poder. Tres contratos y dos adiciones por valor de $6.000 millones, suscritos entre 2013 y 2015 por el Fondo de Programas Especiales para la Paz y la empresa Connecta SAS, tienen dando explicaciones públicas al ministro de Minas, Tomás González Estrada. La razón: la sociedad referida fue creada por él y tres familiares directos, y aunque ha insistido en que vendió sus acciones antes de entrar al gobierno Santos, sigue siendo una compañía que hoy preside su esposa.

El objeto de los tres contratos es idéntico: medir la percepción de la población frente al proceso de paz y la gestión del Gobierno, entre otros aspectos, a través de la elaboración, ejecución y análisis de encuestas. Una misión cumplida por la firma Connecta SAS dentro de los términos de ejecución previstos, pero que sigue dando de qué hablar por las omisiones del ministro Tomás González para admitir, desde que se conocieron los contratos, que la empresa era de su entorno familiar, así no tenga que ver con sus funciones ministeriales.

La historia de la empresa Connecta SAS se remonta al 17 de abril de 2009, cuando se reunieron en Bogotá los primeros cuatro accionistas y, mediante un documento privado, la crearon con un capital de $10 millones. Así quedó definido el objeto social: prestar servicios de consultoría personalizada basada en investigación económica y de mercado, y quedó habilitada para dictar conferencias o actividades similares. Firmaron Tomás González, su esposa Ángela Baena Giraldo, su cuñada Liliana Baena y María Josefina Sierra Baena.

Cuatro días después, la sociedad se formalizó en la Notaría 10 de Bogotá, y para octubre de 2010 ya registraba avances en la distribución de capital. En ese tránsito, el economista Tomás González estuvo vinculado con Connecta SAS a la primera campaña presidencial de Juan Manuel Santos, al punto de que en sus perfiles públicos se le atribuye un papel protagónico en el análisis de las encuestas electorales, e incluso se dice que ganó relevancia cuando acertó en la ventaja que Santos tuvo sobre su rival del Partido Verde, Antanas Mockus.

En sus explicaciones por los contratos, el ministro González ha dicho que en octubre de 2010, al comenzar el primer gobierno Santos, él vendió su participación en Connecta. Esa operación no aparece registrada en la Cámara de Comercio, pero sí en el acta número 4 del 14 de febrero de 2011, donde ya no está González y su porcentaje (20%) es asumido por Michael Greiffenstein Ortiz. Lo que no aclaró el ministro en su momento es que el nuevo socio, a quien le vendió, es su concuñado, es decir, el esposo de la accionista Liliana Baena.

En ese momento, ya Tomás González oficiaba como viceministro de Minas, en apoyo del titular Carlos Rodado Noriega. En septiembre de 2011 pasó a ser viceministro de Energía e Hidrocarburos en la gestión de Mauricio Cárdenas.

Mientras tanto, hubo novedad en Connecta SAS. El 9 de junio de 2011, como consta en el acta 006, se realizó una asamblea extraordinaria de socios, que amplió el objeto social de la empresa y se anexó la realización de encuestas de carácter político y electoral (ver facsímil).

Un mes después, el 12 de julio de 2011, el Consejo Nacional Electoral inscribió a Connecta SAS en el Registro de Encuestadores, y empezó a formar parte de las 188 firmas dedicadas a los sondeos políticos, junto a reconocidas firmas como Ipsos-Napoleón Franco, Invamer Gallup, Datexco o Cifras y Conceptos.

Ese mismo mes, según le contó el ministro González a El Espectador (ver nota anexa), “la Presidencia de la República contrató a Connecta SAS para hacer estudios de opinión pública sobre temas de paz”.

Hasta marzo de 2013, cuando dejó el Gobierno, Tomás González tuvo a su cargo sensibles asuntos de energía e hidrocarburos. Por ejemplo, intervino en decisiones cruciales de la Comisión de Regulación de Energía, la Agencia Nacional de Minería o las juntas directivas de Isa, Isagén y Hocol. Lo reemplazó Orlando Cabrales y él, ese mismo 2013, durante un período de seis meses, regresó a Connecta SAS. Es en ese momento cuando se concretaron los dos primeros contratos de mayor cuantía que hoy constituyen el nudo de la discordia.

El primero se firmó el 18 de marzo de 2013 entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República y Connecta SAS, con una modificación en octubre. Se hizo por $1.382 millones para medir la fortaleza de las instituciones y de sus exponentes en diferentes temas, incluyendo los relacionados con paz; conocer la percepción de seguridad frente a los grupos armados organizados al margen de la ley; o medir a las Fuerzas Militares en su lucha contra la delincuencia, entre otras obligaciones contractuales.

De ese contrato se deriva un cobro de gastos de viaje a nombre de Tomás González y la firma Connecta SAS, que ha sido presentado como la prueba de que sí recibió dineros por las labores de la firma encuestadora. Según un reporte de pagos del Departamento Administrativo de la Presidencia, ese viaje se dio en mayo de 2013 a Bucaramanga y el reembolso de dinero fue de $236.359. González manifestó a este diario que el contrato FP-78 de 2013 estipulaba en una de sus cláusulas que los gastos de viaje debían ser reembolsados al contratista.

Era la época en que González estaba de regreso a Connecta SAS, según él, en calidad de empleado. Ese mismo año, el 1° de noviembre de 2013, el Fondo de Programas Especiales para la Paz y Connecta SAS suscribieron un segundo contrato con objetivos similares al de marzo. En esta ocasión el costo fue de $1.264 millones. También tuvo una modificación y se extendió hasta diciembre de 2014. Para esa época, González ya había pasado de ser coordinador programático de la Fundación Buen Gobierno a ministro de Minas.

Las actas y los documentos registrados en la Cámara de Comercio de Bogotá dan cuenta de que la firma encuestadora tuvo significativos avances económicos, y que sus estados financieros reflejaron un aumento en sus activos, sus ingresos operacionales y sus utilidades netas. En contraste, el ministro Tomás González comenzaba a afrontar uno de los momentos más complejos en el devenir energético del país. La caída de los precios del petróleo o el fenómeno de El Niño, entre otros factores, lo pusieron en la mira de sus opositores.

Sin embargo, para Connecta SAS siguió siendo un tiempo de bonanza. La prueba es que el 28 de enero de 2015 firmó un tercer contrato con el Fondo de Programas Especiales para la Paz. En esta ocasión, con las mismas mediciones de percepción ciudadana, a un costo de $2.600 millones, con dos prórrogas adicionales que dejaron el valor total en $3.362 millones. Como si fuera poco, entre 2014 y 2015, Connecta SAS firmó cuatro contratos más, esta vez con el Ministerio de Educación. Los contratos costaron al Estado otros $286 millones.

La obligación de estos nuevos contratos fue inicialmente identificar la percepción de los docentes respecto de su profesión y las fortalezas y debilidades de la educación en Colombia, y conocer la situación entre los docentes colombianos y el público. Además Connecta SAS debió elaborar un estudio de apropiación del día de la excelencia educativa, del índice sintético de calidad y de los reportes escolares asociados a la comunidad. Finalmente, se le contrató para evaluar la percepción de la opinión pública en cuanto a la imagen del ministerio.

La primera vez que el ministro González fue consultado sobre Connecta SAS, manifestó que no era ajeno a los resultados de la empresa. Sin embargo, ha recalcado que desde que fue viceministro en el primer gobierno Santos, él consultó a la Secretaría Jurídica de Palacio si había alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses por su relación familiar con la firma encuestadora. Le contestaron que no mientras la empresa no trabajara con entidades del sector minero-energético. Lo único claro es que la polémica sigue viva.

Responde el Ministro de Minas:  

Las explicaciones del ministro Tomás González

¿Usted ha reconocido que la empresa Connecta es de su esposa, pero que usted vendió su participación a otra persona. A quien le vendió y cuando?

Connecta la creamos con mi esposa y otras personas de la familia en junio de 2009 como una empresa dedicada a la investigación de mercados y opinión pública. En 2010 la compañía fue seleccionada por la campaña del entonces candidato Juan Manuel Santos y trabajó para ella hasta las elecciones.

Cuando el presidente ganó las elecciones me invitó a que fuera su Viceministro de Minas y Energía. En ese momento, consciente de que la Presidencia podía estar interesada en tener una relación con Connecta por sus buenos resultados en la campaña que eligió al Presidente, le consulté a la Secretaría Jurídica de Palacio si había alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses. Fue muy clara en responderme que no había ninguno mientras la empresa no trabajara con entidades del sector minero energético. Acepté el cargo de viceministro y, a pesar de no tener obligación legal de hacerlo, vendí todas mis acciones en Octubre de 2010 a Michael Greiffenstein, esposo de mi cuñada.

En Julio de 2011, casi 9 meses después, la Presidencia contrató a Connecta para hacer estudios de opinión pública sobre temas de paz. Ninguno de esos temas tiene relación con los temas de competencia de mi cartera. No intervine en esa contratación ni tuve incidencia alguna en los temas de que trata. Connecta ha sido estricta en no presentarse, no proponer, y no relacionarse con las entidades del sector minero energético que pudieran estar bajo mi dirección, influencia o tutela.

¿Por qué aparece su nombre en un soporte de pago de viáticos por un viaje a Bucaramanga, en mayo de 2013, para desarrollar uno de los contratos de la firma Connecta, si usted ha manifestado que se apartó totalmente de esa empresa?

Fui socio hasta octubre de 2010, antes de que se firmara cualquier contrato con el Estado. Cuando salí del gobierno, y en cumplimiento del régimen de inhabilidades que me cobijaba y que me impedía trabajar en temas relacionados con los que tuve a mi cargo como viceministro, volví a trabajar para Connecta, en calidad de empleado, por un período de seis meses en 2013. En ese tiempo participé, en mi calidad de empleado de Connecta, en proyectos con la Presidencia en temas de paz.

Como casi todos los contratos de consultoría, el contrato estipulaba que los gastos de viaje son reembolsados al contratista. En mi caso, me reembolsaron los gastos de viaje en los que tuve que incurrir en los meses que duró mi participación en ese contrato. Eso no constituye honorarios ni ingresos.

En su momento también se hicieron oportunamente todas las consultas legales y la respuesta fue muy clara: era un contrato suscrito con una sociedad habilitada para hacerlo, que en su ejecución aporta un profesional quien no tiene ni ha tenido ninguna relación laboral con la entidad contratante.

Han aparecido otros cuatro contratos más de la firma Connecta con el Ministerio de Educación en 2014 y 2015 , que sabe usted de este asunto?

Se de su existencia pero no tengo información específica. Me he mantenido al margen como me obliga la ley. Pero déjeme ser tajante porque la ley es muy clara: las inhabilidades son específicas: ninguno de esos contratos, ni los de FondoPaz, violan las normas legales ni el régimen de inhabilidades

Ha tenido alguna conversación sobre este tema con el Presidente Santos?, si es así ¿qué le ha dicho?

No. He hecho las consultas pertinentes a la Secretaría Jurídica de la Presidencia que es a la que le corresponde el tema y he actuado según sus indicaciones.

Cuál fue su aporte en el tema de encuestas a la campaña del presidente Santos en 2010?

Connecta diseñó, realizó y analizó encuestas y estudios de opinión para la campaña del entonces candidato Santos. Gracias a este trabajo y a la experiencia del equipo acertó en en unas elecciones muy difíciles de predecir, y se ganó un reconocimiento que le ha permitido trabajar con una gran cantidad de clientes en el sector privado y en Colombia y el exterior.

Usted ha dicho que no es ajeno a los resultados de la empresa, eso que significa?

Lo que he dicho y sostengo, es que siempre he actuado con estricto apego a la ley. Como es obvio, no puedo ser totalmente ajeno a la labor profesional de mi esposa.

La empresa Connecta es familiar, ¿Usted no se entera de su evolución?

Nunca he preguntado por nada que tenga que ver con el trabajo que hagan con el sector público.

Hace 4 años, por contratos con el gobierno de una empresa de su familia, renunció el entonces ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, Usted no ha pensado en hacer lo mismo?

Son casos totalmente diferentes. Yo no he permitido que haya relación alguna entre Connecta y las entidades del sector bajo mi responsabilidad. No me he metido en la asignación, modificación o ejecución de los contratos que tiene con el grupo de paz ni con ninguna otra dependencia del Gobierno, y desde el primer momento me ocupé proactivamente de que esta situación fuera ampliamente conocida, analizada y avalada por la Secretaría jurídica de Palacio.

Como resume su paso por el sector de minas en dos periodos del gobierno Santos, como viceministro y luego como ministro?

Como viceministro trabajé activamente en los planes de aumento de cobertura de gas y electricidad, en la reforma institucional del sector y en la expansión de la producción que le dejó más de $30 billones de recursos al país para inversión social y de infraestructura.

Como ministro me ha tocado enfrentar uno de los momentos más difíciles del sector en décadas donde, entre otros, se juntaron el desplome de los precios del petróleo y el carbón, el fenómeno del niño más duro de los últimos tiempos, el cierre de la frontera con Venezuela y la crisis de prestación del servicio eléctrico en la costa Caribe. Afortunadamente las medidas que hemos tomado han ayudado a que se mantenga la producción petrolera encima del millón de barriles, a que se prendieran las plantas térmicas a los niveles que necesita el país en esta sequía, a que no falte combustible y a que estemos avanzando en las inversiones que requiere la Costa.

Y a pesar de la crisis estamos adelantando el resto de la agenda minero energética del gobierno, enfocada en promover la equidad, garantizar el acceso a la energía, en la formalización minera y en el impulso de la eficiencia energética.

Que concluye frente al debate surgido en las últimas semanas sobre la firma Connecta y sus vínculos?

Me llama la atención que después de cinco años, con todos los contratos publicados en la página de internet de FondoPaz, y con pleno conocimiento de todos, sea justo ahora que se pretende abrir este debate. Sin embargo, siempre he estado y estoy abierto a responder todas las preguntas. He actuado con estricto apego a la ley.

Facsímil de estados financieros y del acta, en donde el objeto social se amplía a compañía encuestadora.

 

Los casos de Miguel Peñaloza y Virgilio Galvis

En 2012, el entonces ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, se vio forzado a renunciar luego de que el periodista Daniel Coronell denunciara que una empresa de su familia manejaba negocios con el Estado. Era la firma PYG, que tuvo convenios con el Ministerio de Educación, Invías, Findeter, el Fondo Nacional del Ahorro y el Sena.

Consultado el ministro de Minas, Tomás González, observó: “Son casos totalmente diferentes. Yo no he permitido que haya relación alguna entre Connecta y las entidades del sector bajo mi responsabilidad. No me he metido en la asignación, modificación o ejecución de los contratos con el grupo de paz ni con ninguna otra dependencia”.

A finales del gobierno de Andrés Pastrana, el entonces ministro de Salud, Virgilio Galvis, tuvo que renunciar cuando se estableció que firmó contratos con una fundación de la cual hacía parte de la junta directiva. En 2004 la Procuraduría revocó una dura sanción en su contra de destitución por una multa de 90 días de salario.

El cambio clave en la empresa

El 9 de junio de 2011, en desarrollo de una asamblea extraordinaria de socios, se aprobó la modificación de Connecta SAS. El centro de la discusión consistió en advertir que, aprovechando la experiencia técnica y comercial, debía modificarse o anexarse al objeto social de la firma la realización de sesiones de grupo y las encuestas de carácter político y electoral.

Este fue el cambio determinante que proyectó a Connecta SAS al millonario negocio de las encuestadoras. La proposición fue acogida por el 100% de los accionistas, y de inmediato se tramitó un nuevo registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Como quiera que el Consejo Nacional Electoral exige inscribirse en el Registro de Encuestadores, Connecta SAS lo hizo en julio de 2011.