Durante 43 años, la compañía Andina de Seguridad Privada se ha convertido en una de las firmas de mayor reconocimiento en el feroz mercado de la vigilancia en el país. Su oferta de servicios especializados en seguridad armada, satelital y canina le ha permitido distinciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el premio Estrella Internacional por la calidad en Ginebra (Suiza). Sin embargo, varias de sus actuaciones son revisadas con lupa por algunos organismos de control.
Su auge ha sido exponencial. En 2012 creció 33% y cerró con ingresos de $33.000 millones. Para realizar su labor tiene registrados 1.539 empleados, entre escoltas, vigilantes, manejadores caninos, operadores y supervisores. Su portafolio incluye también servicios de investigaciones, seguimientos especializados, polígrafo, blindajes, monitoreos y otras 14 actividades.
Fue en septiembre pasado que funcionarios de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada adelantaron una visita a la empresa. Paradójicamente, meses atrás, el 12 de febrero de 2013, el propio organismo de control concedió licencia de funcionamiento que esta vigente hasta el 11 de febrero de 2018. Esa auditoría encontró presuntas fallas en permisos para utilizar armas, en cobro indebido de tarifas, incumplimientos en horarios y códigos caninos no certificados.
Una revisión a las bases de datos de la Delegada para el Control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada muestra que la empresa tiene tres procesos sancionatorios en curso, sobre los cuales se vienen adelantando varias actuaciones que en los próximos días serán culminadas por parte del organismo de control. Al respecto Miguel Ángel Díaz, gerente de la compañía, señaló que no tiene conocimiento de investigación alguna y que su empresa cumple con todos los requisitos de ley (ver recuadro).
A ello se suma una documentada denuncia de la empresa Cosinte Ltda., en la que además solicitó investigación contra la firma. Esta fue radicada en la Superintendencia el pasado mes de noviembre y tiene en enredos a la compañía de seguridad. Señala el documento con la denuncia que Andina de Seguridad Privada tiene un permiso del Estado, ofrece sus servicios y participa en licitaciones del sector público y privado con actuaciones contrarias a la sana competencia.
Las supuestas faltas en las que habría incurrido la empresa, según la solicitud de investigación, se presentaron en importantes licitaciones en Transmilenio, el Ministerio del Interior, la Unidad Administrativa de Gestión Pensional, la Procuraduría General de la Nación y hasta la Presidencia de la República, en lo que hace referencia al sector público. En el sector privado se cuestiona información aportada en servicios prestados al laboratorio Glaxosmithkline y la caja de compensación Cafam.
En el caso de Transmilenio, en un proceso contractual de 2008 se planteó que se aportó dentro de una propuesta una certificación de Cafam, al parecer adulterada, por parte de una directiva de la empresa Andina. Este hecho lo reconoció ella ante la Fiscalía y pese a su confesión fue nombrada como suplente del gerente. En el proceso del Ministerio del Interior se denunció que en una licitación de 2010 la propuesta fue rechazada por aportar una certificación falsa de vuelos de la empresa Charter Ltda.
Igual procedimiento se habría utilizado en la Unidad de Gestión Pensional. Allí, según la denuncia, se adjuntó documentación con contenido engañoso de negocios con la multinacional Glaxosmithkline. En cuanto a la Procuraduría, se relató que en un proceso de selección adjudicado en 2013, la compañía Andina de Seguridad reportó una sucursal en Neiva, pero la verificación que hizo el Ministerio Público encontró que no existía tal sede. Otro proceso en entredicho sucedió en la Presidencia de la República. Allí se cuestiona la presentación de estados financieros con inconsistencias en la información.
Sin decisiones de fondo aún frente a la situación de la empresa Andina de Seguridad, la Superintendencia del sector está revisando como se renovó la licencia de funcionamiento. También evalúa la existencia de la sede en Neiva, para lo cual se solicitó información a la Procuraduría. Frente a la información económica, un grupo especializado del organismo de control verifica los estados financieros de 2008 a 2010, analiza su consistencia, fecha de radicación y compatibilidad.
Las averiguaciones en el caso del proceso licitatorio en la Presidencia de la República van encaminadas a cruzar los estados financieros presentados allí con los registrados en la Superintendencia. Por eso se requirió copia de la propuesta y un informe de las inconsistencias halladas. A la empresa Glaxosmithkline se le solicitó información relacionada con los contratos de vigilancia.
En materia penal, funcionarios de la Superintendencia verificaron en Fiscalía que aparecen varias denuncias y por eso se solicitó al ente acusador información de los procesos existentes y acompañamiento del Ministerio Público en la revisión de éstos.
La industria de la seguridad en Colombia evoluciona. Es manejada por exmilitares y expolicías. Ahora también por administradores e ingenieros. Atrás parecen haber quedado sus vínculos con algunas Convivir y hoy varias empresas son referentes en Latinoamérica. Es un mercado competitivo en el que la Superintendencia del ramo debe definir qué pasa con una de las empresas más relevantes del sector.
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