Enredos de una reina en el ICBF

Vanessa Mendoza, cuando era portada de revistas. / Cortesía: Cromos

El 20 de febrero de 2003, dos años después de que se coronó como la primera Señorita Colombia de raza negra, Vanessa Alexandra Mendoza Bustos cumplió uno de sus sueños. Como pocas reinas, pasó de las respuestas de cajón a los registros oficiales y creó una fundación con su nombre. De esta manera aspiraba a ayudar a los niños pobres y evitarles un entorno de infancia como el suyo en el lluvioso municipio de Unguía (Choco), en una colonia agrícola, con 15 hermanos y en donde su padre diabético murió en un pueblo sin electricidad que no le permitía tener una nevera para refrigerar sus medicamentos. Paradójicamente, esa fundación tiene ahora a la reina Mendoza en la mira del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF) que de nuevo la va a sancionar por manejos indebidos de recursos destinados a la niñez.

La “Barbie” negra rompió todos los esquemas. A los 12 años ya era reina colegial. Luego partió a Medellín en busca de nuevo horizontes. Estudió administración de empresas. Fue elegida reina de Colombia. Viajó a Los Ángeles y Nueva York conoció a Christopher Tucker, un actor y humorista estadounidense con quien vivió un discreto romance. Un periplo de vida que consolidó su fama, su profesión y en algo sus ingresos. Lo tenía todo, pero regresó al país y a su natal Unguía para fortalecer su fundación y cumplir la misión que se había impuesto consigo misma y con su gente.

Aquí le esperaban sus compañeros de causa en la obra: sus familiares Virley Mendoza Bustos, Vady Luz Mendoza Bustos, Liduvina del Carmen Bustos Moreno y sus amigos Sandra Milena Casañas y Jaime Andrés Ibarra Muñoz. Con sedes en Bogotá, Chocó-y Valle del Cauca, la fundación empezó a marchar sobre ruedas con el objetivo de “cumplir los sueños de muchos niños carentes de recursos y que no cuentan con el apoyo suficiente para el desarrollo integral”. hasta llegar a una meta que ya supera los 1.500 niños beneficiados.

En casi una década, y a través de desfiles, donaciones, campañas sociales, mensajes institucionales, ayuda de benefactores colombianos y extranjeros, un valioso trabajo personal y de su familia, que se fortalecía con su belleza y la admiración que le abría puertas por su condición de Señorita Colombia, la fundación requería cumplir nuevas metas. Entonces Vanessa Mendoza empezó a buscar otros recursos. Fijó sus objetivos en el ICBF, como una posibilidad de atender a la primera infancia en hogares infantiles por medio de un mecanismo legal que permite a la entidad seleccionar entidades sin ánimo de lucro.

La fundación fue seleccionada por el ICBF en los últimos años en las regionales de Chocó y Bogotá, para atender niños en condiciones de extrema pobreza, dentro de la estrategia oficial “De Cero a Siempre”. “Esta experiencia sirvió para que tuviera mayores posibilidades de ser seleccionada en otras convocatorias públicas”, señaló a El Espectador John Murillo Benítez, director regional en el Valle del Cauca del Instituto. Por eso, a mediados de 2014 la fundación participó en una nueva convocatoria junto a 80 operadores para atender menores en Cali, pero no fue escogida porque en la zona donde debían atender a los infantes no tenían un inmueble adecuado para prestar el servicio.

No obstante su fallido intento, Vanessa Mendoza persistió en una nueva convocatoria. El ICBF tiene una amplia capacidad contractual, como quiera que la meta del gobierno Santos ha sido atender de manera integral a 1,2 millones de niños con prioridad y trasladar a más de 522.000 niños de hogares institucionales a la nueva forma de atención, es decir, a través de fundaciones sin ánimo de lucro. “Por esta razón es que este tipo de contratos despierta el interés de políticos y otros sectores. Hay cuantiosos recursos de por medio en todo el país”, señaló un reconocido abogado de apoyo, contratista en la dirección del ICBF.

Consecuente con su íntima convicción de la necesidad de seguir ayudando a los niños, la reina Mendoza insistió y se presentó a una nueva convocatoria en la regional Valle del Cauca. Esta vez le sonó la flauta. El 19 de enero del año pasado su fundación logró un contrato para atender 310 niños y niñas menores de cinco años de edad, en los hogares infantiles Santa Luisa y Muchachitos Alegres, adscritos al Centro Zonal Ladera, en uno de los sectores más deprimidos de Cali. A cambio y durante un año la fundación recibiría $685’311.380, en cinco desembolsos.

Con contrato en mano se iniciaron las actividades de atención a los niños de escasos recursos. Para ello, el ICBF y la fundación acordaron conformar un equipo integrado por nutricionista, sicólogo, docentes, auxiliares pedagógicos, administrativos y de servicio, manipuladora de alimentos, asesor financiero y dos directoras para los hogares. Contratos que fueron firmados directamente por Vanessa Mendoza en condición de representante legal de la fundación.

Todo parecía marchar. Los niños recibían atención integral en los dos hogares infantiles. La reina y su equipo de trabajo despachaban en la oficina 604 del Centro Comercial Unicentro en Cali. Pero entre algunos empleados de los hogares se empezó a rumorear que algo no estaba funcionando, porque los pagos de sus salarios y la seguridad social, en algunos casos no se estaban haciendo con puntualidad. El cotilleo entre Yohana, Aura, Carolina, Paulo, Katherine, Luz Adriana, Gloria, Lizbeth, María Rocío y Jonathan, quienes trabajaban en los hogares, se acrecentó.

Ante la sorpresa general, el 21 de septiembre se presentaron a la Fundación Vanessa Mendoza, expertos contables del ICBF para verificar el uso de los recursos que la entidad les había girado y cuyo destino no parecía muy claro. A Fabián Ibarra, funcionario de la fundación, le pidieron los soportes contables de las transacciones bancarias, a lo que se negó. En concreto le preguntaron por una transacción de $102 millones efectuada el primero de julio de 2015 en una cuenta diferente a la ordenada por el ICBF para manejar los recursos girados.

La explicación no fue satisfactoria. Además, el contador de la fundación estaba de vacaciones. Las pesquisas financieras siguieron y revisaron otros movimientos bancarios, concluyendo que había inconsistencias entre los aportes consignados por el ICBF hasta ese momento, $161’598.860, y las transacciones realizadas por la fundación, “no siendo clara la destinación de lo aportado por el ICBF”, señala un informe de supervisión conocido por El Espectador, que reitera que las respuestas de la fundación no fueron satistactorias.

Los problemas de la atención a los niños empezaron a acrecentarse. Otro informe da cuenta de que en la revisión de laboratorio para verificar la calidad de los alimentos para los infantes se detectaron en el pollo, las verduras y las frutas bacterias conocidas como estafilococos y coliformes. “Los anteriores resultados alarman en el desarrollo integral de las actividades a desarrollar en el área de nutrición y salud de los niños”.

Pero vendrían nuevas sorpresas. Los empleados de los dos hogares infantiles denunciaron retrasos en los pagos y aportes a la seguridad social. En otros casos se giraron cheques de nómina sin fondos. El asunto llegó hasta el Ministerio de Trabajo en la Dirección Territorial de Cali. A los pocos días, los trabajadores efectuaron un cese de actividades y el servicio a los 310 menores se suspendió desde el 12 de noviembre y por seis días. Frente a esta circunstancia, el ICBF consideró: “Esta situación de no prestación del servicio a los niños se convierte en una vulneración al derecho que tienen los niños para ser atendidos”. Según la entidad, se incumplieron once aspectos del contrato.

Con los hallazgos y las diferencias con los empleados de los hogares infantiles, la reina Vanessa Mendoza acudió al propio ICBF y al Ministerio de Trabajo. Allí explicó que la fundación pagaba cumplidamente salarios y parafiscales. Negó las acusaciones que le hicieron de acoso laboral y reiteró que no hubo incumplimiento del contrato. Por el contrario, señaló que en ningún momento autorizó una circular para que los niños no asistieran a los hogares. También denunció que los empleados se tomaron las instalaciones de los hogares y no permitieron el ingreso.

Sin embargo, el pasado 23 de noviembre, en su condición de representante legal de la fundación, Vanessa Mendoza solicitó la terminación del contrato al ICBF. En la comunicación dirigida al organismo destacó que con la petición pretendía dar una solución oportuna a los inconvenientes presentados con los trabajadores de la fundación. “Estamos en proceso de demostrar ante las autoridades competentes las irregularidades y arbitrariedades que creemos que de manera ilegal se han venido ejecutando por parte de algunos trabajadores de los hogares infantiles, pasando por encima de los niños para la satisfacción de intereses personales de algunos”.

Una solicitud que fue negada por el ICBF al considerar que ya venía adelantando una investigación que estaba a punto de concluir. Y así sucedió: a finales del año pasado el organismo determinó que la fundación incumplió el contrato, lo liquidó y le impuso una multa de $30 millones. Sin embargo, en las últimas semanas la entidad recibió nuevas quejas sobre el manejo de la fundación y ahora adelanta otro proceso. Según conoció El Espectador, la segunda investigación contra la entidad está lista y en los próximos días se le impondrá una nueva sanción. La razón es el no pago de aportes parafiscales y liquidaciones de trabajadores. El servico a los 310 menores que atendía la fundación se reinicia mañana y quedó en cabeza de la Asociación de Hogares Infantiles.

Por estos días Vanessa Mendoza, además de presentar el magazín Las Tardes del Sol en el canal regional Telepacífico, apoya campañas políticas. Públicamente y antes de que fueran elegidos, adhirió a Dilian Francisca Toro a la Gobernación. Lo propio hizo con Mauricio Hermitage a la Alcaldía y algunos candidatos al Concejo de Cali. Continúa con sus campañas, asiste a eventos y quiere seguir ayudando a los niños pobres, aunque su experiencia reciente no fue la mejor.

Los principios de la fundación

Según los estatutos y sus principios misionales, la Fundación Vanessa Mendoza trabaja en la planeación, formulación, presentación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación que conlleven al desarrollo social de los grupos poblacionales en cualquier lugar del territorio colombiano.

En su página web, se propone crear programas sociales para el crecimiento y progreso de los niños en los campos de la salud, la educación, la recreación y el deporte, convirtiéndose así en un activo gestor del bien común de la sociedad.

Promover la educación, la salud y la alimentación en comunidades vulnerables, gestionar alianzas, fomentar la asociatividad, propiciar la participación comunitaria, liderar procesos de desarrollo social y garantizar los criterios de calidad, integralidad y sostenibilidad son sus objetivos esenciales.

Cuatro décadas de normas para la infancia

Para ejecutar la política del Gobierno, conocida como “Estrategia de atención integral en primera infancia: de cero a siempre”, anunciada en marzo de 2011 por el presidente Juan Manuel Santos, se han invertido cerca de $6 billones, de allí el interés en la contratación. Sin embargo, la iniciativa no es nueva. Cuatro años después de creado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se formaron en 1972 los Centros Comunitarios para la Infancia (CCI) para la atención de niños y niñas de hasta 7 años. En 1974 se desarrollaron los Centros de Atención al Preescolar (CAIP), que actualmente se conocen como hogares infantiles para niños de hasta cinco años.

Posteriormente, 1979 fue un año fundamental para la infancia, porque se expidieron normas que fortalecieron al ICBF. En 2007 se expidió un Conpes para desarrollar una política pública de primera infancia y en 2011 se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos, que priorizó el desarrollo integral de los menores.