Guerra judicial en Las Pavas

Una historia que hoy polariza al país, pero que constituye un ejemplo de los enormes apremios para poner en marcha la Ley de Víctimas, la búsqueda de memoria y el mismo logro de la paz.

La polémica desatada a raíz de la decisión de una fiscal de Cartagena, que concluyó que no hubo desplazamiento en la hacienda Las Pavas en el sur de Bolívar y que todo fue un montaje de un grupo de campesinos y una ONG de la región, constituye una evidencia de los enormes obstáculos que enfrentan el Estado y la sociedad para resolver las secuelas que ha dejado un conflicto armado de cinco décadas, y de qué manera avances como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como aportes de justicia, paz y reparación afrontarán muchos más.

Como lo resaltó en su declaración el sacerdote Francisco de Roux, la decisión es apenas el comienzo de un proceso al que le falta mucha controversia judicial. No obstante, deja ver una polarización extrema entre las partes enfrentadas, con múltiples ingredientes políticos y empresariales, así como un vacío histórico en la presencia del Estado, que ahora se ve sujeto a los fallos de la justicia. Sin espacios de distensión a la vista y el cruce de acusaciones y demandas, el caso Las Pavas representa un ejemplo de cómo se libra la otra guerra, la jurídica.

El predio Las Pavas, situado en el corregimiento de Papayal, en el municipio de San Martín de Loba (Bolívar), formó parte de varias adjudicaciones entregadas en los tiempos de la reforma agraria de Lleras Restrepo, que no tuvieron continuidad en otros gobiernos. Y así como el Estado dejó pasar una vez más este ideal aplazado, a lo largo de los años permitió también que los terratenientes recobraran su pleno dominio, mientras las organizaciones ilegales iban quedándose con las mejores tierras producto de sus dineros ilícitos o la fuerza.

Es así como en 1983 apareció en la zona Jesús Emilio Escobar, y de manera legítima no sólo compró a los adjudicatarios del antiguo Incora la finca Las Pavas, sino también otros terrenos anexos y extensiones de tierra colindante. Fueron pasando los años, y de la misma manera como la extensa propiedad fue destinada a la agricultura y la ganadería, los campesinos de la región siguieron aferrados a sus cultivos de maíz, arroz, yuca o plátano. Sólo faltaba que la guerrilla o el paramilitarismo llegara a provocar el caos donde el Estado hacía falta.

Aunque el robo de ganado empezó a ser notorio desde mediados de los años 90, lo claro es que a partir de 1997 Las Pavas empezó a convertirse en un terreno sin uso, aunque su propietario sostiene que nunca perdió su dominio. Sin embargo, los campesinos comenzaron a asentarse en estas tierras con sus cultivos agrícolas, y para consolidar su modelo de trabajo asociado, se agruparon en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), llamada así porque procedían de la vereda del mismo nombre, a orillas del río Magdalena.

Fueron años difíciles. La guerra pasó por el corregimiento de Papayal dejando estragos. Como lo resaltó esta semana el asesor regional del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, José Augusto Páez, “los grupos armados ilegales quemaron caseríos enteros. No lo leímos en informes, sino que lo vivimos cuando hicimos trabajo comunitario en la zona”. La Fiscalía dice que no hubo desplazados. Acción Social dijo que sí y años después admitió que los campesinos de la región fueron víctimas del desplazamiento forzado.

Lo cierto es que en 2003 los campesinos retornaron a Las Pavas, y ante el creciente rumor de que la extensa propiedad iba a ser producto de un millonario negocio, tres años después, al amparo de la Ley 160 de 1994, solicitaron al Incoder la declaratoria de extinción de dominio de la hacienda por inexplotación económica. Ese mismo año, durante una inspección ocular, el organismo oficial constató que desde seis años atrás 116 campesinos estaban cultivando esas tierras. Por eso accedió a iniciar el trámite requerido por los agremiados.

Entonces reapareció el propietario con personal armado, recobró el predio y un año después lo vendió por $1.000 millones a dos sociedades dedicadas a la producción de palma africana. En la Notaría Novena de Barranquilla, según la Escritura número 619 del 10 de marzo de 2007, quedó formalizada la venta de 1.717 hectáreas de los predios Si Dios Quiere, El Recreo, Peñaloza, Estrella de Belén y Las Pavas a las empresas Aportes San Isidro S. A., de propiedad de José Macías, y C. I. Tequendama S. A., del grupo industrial Daabón.

Desde ese mismo momento la pelea por Las Pavas se puso al rojo vivo. Al tiempo que el Incoder expidió resolución de apertura de extinción de dominio del predio, las comunidades retomaron la ocupación. Los nuevos dueños apelaron a la acción policiva a través de la figura del “amparo de la posesión”, y la Asociación de Campesinos de Buenos Aires respondió con una tutela reclamando su derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el trabajo y el libre desarrollo de la personalidad. El asunto terminó saldándose con victorias de cada lado.

El 14 de julio de 2009, en cumplimiento de la orden de un juzgado de Mompox, un inspector de Policía desalojó a los campesinos de Las Pavas. Diez meses después la Corte Constitucional ordenó al Incoder reiniciar el proceso de extinción de dominio sobre el predio. En esta especie de empate técnico judicial sólo faltaba que llegara la Fiscalía. Lo hizo para corresponder a una denuncia por supuestas irregularidades en el desalojo. Pero mientras el ente investigador indagaba, las partes se movían.

Como quiera que la problemática de Las Pavas trascendió las fronteras y la organización no gubernamental de origen británico Christian Aid emprendió una campaña internacional en favor de los campesinos y en contra del grupo Daabón, compañía proveedora de la multinacional The Body Shop, el dilema derivó en la conformación de una comisión independiente para aportar soluciones. Su informe no aportó conclusiones sobre la legalidad de la posesión de la tierra, pero sí reflexiones importantes sobre la forma de resolver el asunto.

Integrada por los especialistas Ricardo Vargas, June Marie Mow, Mario Pérez y Ángela Rivas, la comisión independiente admitió que el fondo de la disputa era una pelea entre la producción de minifundios y el cultivo de palma; que la polarización había agudizado el conflicto invisibilizando la ausencia recurrente del Estado a través de los años, y que en una pelea tan desigual entre los campesinos y los empresarios, la única fórmula viable era buscar espacios de distensión para buscar acuerdos, en vez de persistir en la confrontación pública.

Al margen de las recomendaciones de la comisión independiente, los efectos de la pugna no se hicieron esperar. Para proteger su marca, los directivos de The Body Shop terminaron su contrato con el grupo Daabón, y éste a su vez optó por vender su parte en Las Pavas al segundo propietario. Entre tanto, la investigación de la Fiscalía siguió su curso y el pasado 11 de noviembre aportó el diagnóstico que hoy tiene dividido al país entre quienes creen que se afectó el derecho de las víctimas y los que piensan que se desenmascaró a las ONG.

La fiscal de Cartagena Myriam Martínez concluyó que nunca hubo desplazamiento forzado en Las Pavas y en cambio se fraguó un alto montaje entre campesinos y ONG, por lo cual dispuso que se investigue un presunto fraude procesal. La fiscal general, Viviane Morales, respaldó la decisión y agregó que varias entidades oficiales fueron engañadas. En contraste, el padre Francisco de Roux alertó sobre el error de desvirtuar la legitimidad de las demandas de las víctimas. Una visión opuesta sobre un dilema eternamente aplazado.

El de la posesión de las tierras en un país con desiguales niveles de acceso a las mismas. Con un agravante que sigue gravitando alrededor del país: la existencia de un conflicto armado sin solución a la vista, que además del ruido de los fusiles, la perversión del narcotráfico, el antagonismo político o la mirada internacional de soslayo a la crisis humanitaria, también se libra en los estrados judiciales, donde la guerra protagoniza en las acusaciones cruzadas, mientras la sociedad sigue debatiéndose entre la ausencia de verdad y la intolerancia.

Una retractación determinante

El origen de la polémica en Las Pavas tiene nombre propio: Pedro Moreno Redondo. Inicialmente, en marzo de 2009 ante la Personería de El Peñón, y en representación de 130 familias, denunció el desplazamiento masivo de la comunidad de Buenos Aires. Directamente culpó a las autodefensas en su objetivo de sembrar palma.

El pasado 15 de junio, Moreno volvió a El Peñón, esta vez a su notaría única, pero para declarar que la denuncia del desplazamiento en Las Pavas fue una farsa y que incurrió en falso testimonio. Moreno añadió que la única manera de presionar al Estado para acceder a las tierras era declarándose desplazado. Su testimonio está en el ojo del huracán.