Hacia las ocho de la mañana, del pasado lunes 20 de diciembre, unas 20 personas que se movilizaban en dos camionetas y cuatro motocicletas llegaron al popular motel Coconito, ubicado en el occidente de Bogotá, y tras identificarse como funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) argumentaron que su propósito era recibir el inmueble. A la una de la tarde llegó el inspector noveno distrital de Policía de Fontibón para formalizar la restitución del bien en favor del IDU, esgrimiendo dos fallos de la justicia administrativa.
Entonces apareció Hernando Rubiano Suárez, quien exhibiendo unas fotocopias de pago de servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado, así como algunos recibos de líneas telefónicas, se opuso a la diligencia. Con el fin de no incurrir en un error judicial, el inspector Antonio López suspendió el procedimiento para revisar el caso. Y regresó el martes 11 de enero, con Procuraduría a bordo, pero una vez más el señor Rubiano se declaró poseedor del negocio y trabó la entrega del inmueble, esta vez en uso de los recursos de ley.
Y no satisfecho con el segundo aplazamiento, Rubiano Suárez acudió a la acción de tutela y, en un alegato ante un juez civil, supuestamente en defensa del derecho al trabajo y el debido proceso, solicitó suspender la entrega del motel mientras se resuelven sus últimos alegatos. La jueza 49 civil municipal declaró improcedente el recurso y de paso le recordó a Rubiano que la tutela no se hizo para cuestionar o entrabar las decisiones judiciales, sino para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Mañana el IDU debe recibir el acreditado motel.
¿Pero qué hace el Distrito peleando la posesión de un motel? La historia es esta. Con el objetivo de construir la Avenida Longitudinal de Occidente, con la que se busca desarrollar un tramo vehicular entre el aeropuerto de Guaymaral y la calle 26 o Avenida El Dorado, era necesario comprar el motel Coconito, ubicado en la transversal 93 N° 51-21, en el sector de Álamos. No era un asunto fácil, por cuanto el establecimiento, con más de 30 años de funcionamiento, es un referente para muchas parejas en sus citas de amor.
Aún así, en junio de 1999, a través de la promesa de compraventa N° 034 se protocolizó el negocio. En calidad de director técnico de construcciones del IDU, Óscar Hernando Solórzano cerró el negocio con la sociedad Berdimar Ltda., propietaria del inmueble. El precio del contrato, tras los avalúos de ley, se pactó en $3.086 millones. Pero en una de sus cláusulas quedó establecido que el motel, de 6.400 metros cuadrados, seguiría con la posesión del bien en calidad de arrendatario, hasta tanto comenzara a cobrar forma la construcción de la avenida.
En consecuencia, en la misma época las partes, es decir, el IDU y la firma Berdimar, firmaron un contrato de arrendamiento, cuyo canon fue fijado en $15’433.230, cancelables durante los diez primeros días de cada mes. En otras palabras, sin que muchos se enteraran del asunto, al menos en el papel, el IDU debía derivar utilidades del motel Coconito, que habitualmente permanece ocupado en sus 50 habitaciones, con precios que actualmente oscilan entre $61.000 y $103.000, por la permanencia de ocho horas, sin contar con los ingresos por licor y alimentación.
El contrato fue prorrogado en cuatro oportunidades y la última extensión del arriendo se venció en abril de 2001. No obstante, por diversas razones hubo una última prórroga y se fijó para el 30 de julio de 2001 la fecha definitiva en que se debía restituir el inmueble al IDU. Pero no se hizo y en su defensa la sociedad Berdimar Ltda. argumentó que, según la tercera cláusula del contrato de arriendo, la entrega del motel Coconito únicamente debía realizarse en el momento en que fuera inminente la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente.
Como también estaba consignado en el contrato de arrendamiento, para dirimir la controversia patrimonial el 8 de mayo de 2003 fue convocado un tribunal de arbitramento integrado por los abogados Humberto de la Calle Lombana, Gaspar Caballero Sierra y Juan Pablo Gómez Pradilla. Sin embargo, si bien el IDU consignó el dinero que le correspondía pagar por esta instancia legal, la firma Berdimar no lo hizo. El tribunal de arbitramento no pudo actuar y después de un largo contrapunteo el IDU decidió llevar el pleito a un juzgado administrativo de Bogotá.
En noviembre de 2009, el juez 37 administrativo Ómar Borja falló en favor del IDU y ordenó a la sociedad Berdimar —hoy de propiedad de los hermanos Luis Alfonso, Diana Marcela y Érik Puentes Maitz Yustis y la Ladrillera Los Tejares— restituir el motel en un término de diez días. En la decisión pesó la demostración de que el proyecto de la Avenida Longitudinal de Occidente ya estaba incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial desde 2004 y hoy sigue siendo una de las principales obras a ejecutar en el corto plazo dentro del denominado Subsistema de Integración Ciudad Región.
Pero como era de esperarse, la sociedad Berdimar apeló la decisión y fue necesario esperar ocho meses más, hasta que la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión. Los arrendatarios volvieron a insistir en que aún no era inminente la construcción de la avenida y que por eso no estaba disuelto el contrato. El tribunal observó que de todos modos, de conformidad con el Código de Comercio, tampoco Berdimar había cumplido con sus obligaciones como arrendatario. Sólo quedaba esperar la diligencia de la entrega.
Desde entonces han transcurrido siete meses y el IDU no ha podido hacer uso pleno de su propiedad. En la última diligencia, del 11 de enero, volvió a aparecer Hernando Rubiano Suárez, quien manifestó que estaba al frente del negocio porque su dueño, Luis Enrique Puentes, había muerto hacía dos años. Cuando el inspector de Policía le preguntó cuál era su relación laboral con Berdimar y Rubiano Suárez se limitó a decir que nunca ha tenido un contrato, pero que siempre existió entre él y Puentes una verdadera amistad y colaboración hasta el último día.
En la misma diligencia se recibieron los testimonios de dos personas que se encontraban en el motel, quienes expusieron que Hernando Rubiano había adquirido la posesión desde mayo de 2009, a raíz de la muerte de Luis Enrique Puentes. En medio de la confusión, uno de los testigos le pidió al inspector que suspendiera la entrega, no sólo porque todavía existe un recurso de ley pendiente, sino porque en el motel actualmente laboran 25 personas y éstas serían perjudicadas, y son absolutamente ajenas a la controversia entre la empresa y el IDU.
El Espectador consultó al director del IDU, Néstor Eugenio Ramírez, sobre este insólito episodio que ahora llega a sus manos después de ocho meses de asumir el cargo, y el funcionario expresó escuetamente: “Ya recuperamos el inmueble y ahora tenemos que exigir el pago de los arrendamientos adeudados”. En cuanto a la Avenida Longitudinal de Occidente, aunque la vía ya cuenta con todos los estudios y diseños del caso, sólo hay un tramo contratado, que corresponde al trayecto desde Chusacá hasta Bosa. Los demás tramos están pendientes.
La idea de la subdirección de predios del IDU es recuperar cuanto antes el motel, no para explotarlo, sino para demolerlo. O en el mejor de los casos, para constituir un nuevo contrato de arriendo con alguna empresa que cumpla con lo pactado. De prosperar la primera iniciativa, su destino a corto plazo, mientras la Avenida Longitudinal cruza por el predio, es convertir el área en un parqueadero para los vehículos sancionados por la Secretaría de Movilidad. Si se acoge la segunda propuesta, el motel Coconito seguirá recibiendo parejas las 24 horas del día.
Por lo pronto, la hora cero está pactada para este lunes 28 de febrero a las 8 y 30 de la mañana. A esa hora, según lo consignó el inspector noveno de Policía de Fontibón, Antonio López Buriticá, en el acta correspondiente procederá a verificar la entrega real y material del inmueble por parte de la firma Berdimar. De lograrse la restitución del bien en favor del IDU, quedará que los organismos de control examinen qué pasó en este caso, por qué va a cumplir más de una década sin solución definitiva y quiénes fueron los responsables de este, a todas luces, pésimo negocio.
Ordenan revisión de seguridad en piscinas
Al resolver una acción de cumplimiento interpuesta por el ciudadano Eduardo Tovar Áñez contra el Ministerio de la Protección Social, el Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó al titular de esa cartera, Mauricio Santa María, la inmediata revisión de la normatividad vigente frente a las medidas de seguridad en las piscinas.
En fallo del pasado 18 de febrero y en consideración con las denuncias de incumplimiento e implementación de la Ley 1209 de 2008, que expidió el Gobierno luego del fallecimiento de un menor de edad en el Hotel Hilton de Cartagena, la juez del caso dio un plazo de dos meses para que se reglamente el asunto.
Según Tovar Áñez, aún no se han reglamentado aspectos como “cerramientos, sistemas de alarma para detectar el uso de las piscinas en horarios no establecidos y los mecanismos de drenaje para evitar que las bombas de succión provoquen accidentes fatales”.
Las cifras de un mal negocio para el Distrito
3.086 millones de pesos costó el predio al Distrito Capital hace casi 12 años y la anunciada obra de la Avenida Longitudinal de Occidente aún no se construye.
0 pesos ha recibido el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) desde 1999 por arrendamiento del motel Coconito. Aún no se ha instaurado alguna acción legal para recuperar el dinero.