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Investigación 8 Jun 2013 - 9:00 pm

El expediente en Procuraduría

Intimidades de los cargos por Interbolsa

En documento de 229 páginas se evidencian detalles desconocidos del millonario descalabro financiero.

Por: Norbey Quevedo Hernández
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    http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/intimidades-de-los-cargos-interbolsa-articulo-426689
    http://tinyurl.com/m8uls2h
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Siete meses después de que la Superintendencia Financiera dispusiera la toma de posesión inmediata de los bienes y negocios de la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S. A., como consecuencia de la suspensión del pago de sus obligaciones, la Procuraduría determinó que esta intervención fue tardía y les imputó cargos a seis altos funcionarios del organismo de vigilancia. Su conclusión general es que a pesar de que tuvieron conocimiento de las irregularidades de la firma comisionista, no actuaron a tiempo y con su conducta no protegieron a los inversionistas y, en cambio, hicieron perder la confianza del público en el mercado bursátil.

La gravedad de los cargos imputados por el Ministerio Público, el pasado martes 4 de junio, deja ver que al parecer el Estado fue negligente a la hora de impedir que la cuestionada firma Interbolsa concretara diversas prácticas non sanctas, que hoy también son objeto de investigación penal en la Fiscalía. El Espectador tuvo acceso al documento de 229 páginas firmado por el procurador Alejandro Ordóñez sobre el caso Interbolsa, y en él se establece que, al menos en cuanto a los tiempos se refiere, la Superintendencia Financiera tuvo la opción de haber neutralizado un descalabro financiero que hoy constituye un escándalo insuficientemente aclarado.

Buena parte de las responsabilidades atribuidas por la Procuraduría a la Superintendencia Financiera recaen en su titular, Gerardo Hernández Correa, quien tomó posesión del cargo en septiembre de 2010. Según el pliego de cargos, este alto funcionario supo desde septiembre de 2011 de la posible manipulación de precios de las acciones ordinarias de Fabricato y del probable manejo de la liquidez de las acciones de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC). Sin embargo, insistió la Procuraduría, no tomó medidas preventivas para evitar que el tema siguiera creciendo a sus anchas. Es decir, pudo evitar el escándalo y no lo hizo.

En julio de 2012, resalta el documento, el superintendente Hernández sabía que el comisionista Alessandro Corridori había manipulado la liquidez de las acciones de Fabricato, pues así se lo informaron un grupo de expertos, pero no reaccionó a tiempo, a pesar de saber que en el mercado de valores la prontitud y celeridad en la aplicación de medidas correctivas es crucial dada la volatilidad y rapidez con que funciona el sistema. De esta manera, no cumplió con su deber y desestimó las situaciones que por más de un año se avizoraban como atentatorias del mercado bursátil. La Procuraduría calificó lo sucedido como una falta disciplinaria grave.

Además, en el pliego de cargos formulado por el Ministerio Público, se recalca que el superintendente financiero, Gerardo Hernández, retardó la denuncia que tenía que instaurar ante la Fiscalía, razón por la cual presuntamente incurrió en una conducta dolosa. En términos generales, con base en una indagación adelantada en el Autorregulador del Mercado de Valores, la Bolsa de Valores de Colombia, el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y la propia Superintendencia Financiera, el procurador Ordóñez puntualizó cuáles fueron los escenarios específicos que resultaron omitidos en el momento de que el Estado debía controlar.

La manipulación de los precios de la acción de Fabricato, una actividad detectada a partir del último trimestre de 2009 y hasta el cuarto trimestre de 2011, cuando un grupo de inversionistas liderados por Alessandro Corridori fueron aumentando paulatinamente su porcentaje de participación accionaria, utilizando para sus operaciones a la firma Interbolsa. Asimismo, las irregularidades del contrato de corresponsalía del Fondo Premium Capital, detectadas desde abril de 2011, pero que pasaron de largo captando dineros a pesar de una sanción pecuniaria de $50 millones impuesta por la Superintendencia Financiera.

El segundo de los encartados fue Diego Mauricio Herrera, superintendente delegado para la Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad. Según el documento conocido por El Espectador, él conocía desde septiembre de 2011 de la manipulación de las acciones de Fabricato, la liquidez de la Bolsa Mercantil y las anomalías en Interbolsa, pero nunca propuso acciones para neutralizar los riesgos. Con un agravante en su caso particular: había laborado con Interbolsa entre mayo de 2006 y abril de 2008, razón por la cual debió declarase impedido y no lo hizo. La Procuraduría consideró que Herrera pudo haber incurrido en conflicto de intereses.

Además estableció vínculos de amistad con la mayoría de los funcionarios, directivos y representantes legales de Interbolsa, por lo cual, con mayor razón, estaba en el deber de manifestar su impedimento para conocer decisiones relativas a la aludida firma comisionista de bolsa. La Procuraduría consideró, frente a este caso específico, que al igual que el superintendente financiero, Gerardo Hernández, sabía muy bien lo que estaba sucediendo en el mercado de valores con Interbolsa, pero no dijo nada que pudiera neutralizar el descalabro financiero. Sus intereses particulares terminaron cruzados con los de Interbolsa y prevalecieron más sus relaciones de amistad con funcionarios y personas con cargos directivos en la entidad cuestionada.

La señora Rosita Esther Barrios Figueroa, en su calidad de superintendente delegada adjunta para la Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado, fue la tercera persona afectada por las investigaciones de la Procuraduría. Al igual que los imputados antes descritos, el Ministerio Público le atribuye hacerse la de la vista gorda frente a su deber de denunciar ante la Fiscalía lo que había conocido. Según el documento del pliego de cargos, sus labores de supervisión se dieron con gran laxitud, al punto de que delitos dolosos, preterintencionales o culposos que debieron ser evaluados por la funcionaria, nunca se tuvieron en cuenta como dice la ley.

El caso de la funcionaria Sandra Patricia Perea Díaz, para el momento de los hechos superintendente delegada para Emisores, Portafolios de Inversión y otros agentes, su responsabilidad está relacionada con haber omitido dar aviso de las irregularidades que se detectaron en septiembre de 2011 respecto a infracciones al mercado de valores ejecutadas por Interbolsa. Ese fue el único cargo en su contra. Tuvo en sus manos 11 hallazgos con anomalías de la firma comisionista, en especial sobre negocios prohibidos que se venían presentando reiteradamente, pero no fue precavida para contrarrestar los daños causados a los inversionistas.

Finalmente, el documento del Ministerio Público examinó la conducta de Luis Fernando Cuadrado Zafra, superintendente delegado para Intermediarios de Valores y otros agentes, y Juan Pablo Arango Arango, superintendente delegado adjunto. Sobre el primero, la Procuraduría pretende establecer por qué si conocía desde 2011 las irregularidades de Interbolsa respecto al contrato de corresponsalía en el exterior con Premium Capital, no emitió las órdenes necesarias para que se suspendieran de inmediato las prácticas ilegales. La Procuraduría observó que incumplió con su deber de salvaguardar los activos de los inversionistas.

Un caso similar al de Juan Pablo Arango, a quien el Ministerio Público le imputó básicamente un cargo: no haber tomado medidas preventivas para neutralizar daños a los inversionistas ni haber conminado a los superintendentes delegados para que obraran en defensa del mercado y la confianza pública en la Bolsa de Valores. En la evaluación del único cargo imputado en su contra, la Procuraduría determinó que Arango al parecer actuó con plena voluntad de abstraerse al cumplimiento de sus deberes, pues conocía la situación de Interbolsa y literalmente pasó de agache en vez de dejar constancia de lo que estaba sucediendo en el mundo bursátil.

En términos generales, la decisión del procurador Alejandro Ordóñez puso el dedo en la llaga sobre un escándalo que se ha venido revelando a cuenta gotas en los medios de comunicación, pero que la justicia apenas empieza a aclarar. Ya es de conocimiento público que se manipuló la acción de Fabricato y que la compra de repos desnudó lo que venía pasando en Interbolsa. Lo demás, es decir, el Fondo Premium Capital, las acciones de la Bolsa Mercantil o la misma actuación de Interbolsa como sociedad administradora de inversiones, constituyen temas cuya incidencia es un enigma que la Fiscalía también empieza a meterle los dientes.

Por coincidencia o no, tanto en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá como en el caso Interbolsa, hay un denominador común: deslumbrados por su poder, hubo un momento en que el sector privado y el sector público estaban encantados por este ascenso. En su momento, los primos Guido, Manuel y Miguel Nule llegaron a ser los nuevos cacaos y a ellos acudían decenas de empresarios de todo el país. Otro tanto ocurrió con Interbolsa, que a finales de 2011 representaba la firma comisionista de bolsa con más participación en el mercado de valores. En ese tiempo llegó a tener el 32% de los activos totales de las 29 comisionistas de bolsa que aún operan en el país.

Sin embargo, tanto en un caso como en el otro, lo que se ha venido demostrando es que, como reza el refrán, la avaricia rompe el saco. Hoy los Nule están presos y Bogotá vive una verdadera crisis causada por las revelaciones de cómo hizo la corrupción para convertirse en un asunto cotidiano en la administración pública. Algo parecido a lo que se está desnudando alrededor del caso Interbolsa: de qué manera el mercado bursátil, a partir de escenarios como Interbolsa o Proyectar Valores, fueron escenarios de un enriquecimiento progresivo que la justicia está en la obligación de determinar si se hizo con métodos legales o defraudando la confianza de los inversionistas.

Hora cero para la imputación en Fiscalía

El próximo 26 de junio la Fiscalía imputará cargos contra las primeras 15 personas implicadas en el escándalo de Interbolsa. Se trata de directivos y personas asociadas con las empresas del italiano Alessandro Corridori. En consideración del ente acusador, estas personas, entre ellas cuatro directivos de la firma comisionista, deben responder por los delitos de manipulación de acciones, administración desleal, abuso de confianza y concierto para delinquir.

 

Se ha conocido que los imputados serían Rodrigo Jaramillo, presidente del Grupo; Álvaro Tirado Quintero, presidente de la firma comisionista, y los señores Javier Villadiego y Juan Camilo Arango, integrantes del comité de riesgos de la misma. También serán llamados a audiencia de imputación el inversionista italiano Alessandro Corridori, su esposa Claudia Jaramillo, su cuñada, la inversionista María Eugenia Jaramillo, y Carlos Neira, representante de P&P Investment S. A. S., sociedad ligada al italiano.

El informe inédito del regulador

Dentro de la investigación de la Procuraduría se encontró un informe del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) sobre el caso de Fabricato. Mostró que existió posible afectación del precio de la acción por operaciones celebradas por accionistas de la compañía. También evidenció 22 operaciones al parecer acordadas previamente y sin surtir el trámite correspondiente. Se encontraron ocho accionistas que negociaron el 50% del volumen transado y sobre los cuales hay vínculos probados. Según el informe del AMV, cinco compañías tienen como domicilio la misma dirección de Interbolsa S. A. Concluye además la auditoría, incrementos de la acción del 55,76%, mientras que el mercado decrecía en un 5,84%.

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jotanota

Lun, 06/10/2013 - 02:41
Igual que las burbujas de los negocios de Internet, las paredes de todo negocio legal o ilegal se van adelgazando hasta reventar. Entonces las estructuras se revelan y queda al descubierto algo que muchos conocían pero que ocultaban por diversos compromisos ya fueran directos, personales, familiares, de negocios, etc. Al final un rumor crece y es que tal vez vivimos en una redundancia semántica cual es: enriquecimiento ilicito
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franciazulu

Dom, 06/09/2013 - 13:40
Ahora va a resultar que le van a echar la culpa a funcionarios oficiales para que sea el estado quien le reintegre los dineros a todos estos inversionistas; bonita la jugada del procurador para poner los dineros de los contribuyentes colombianos a resarcir lo que se robaron esos pìcaros
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jamesbond2

Dom, 06/09/2013 - 11:32
Lo que ahora sigue es echarse el agua sucia los unos a los otros y cogen al mas huevon y le echan toda la culpa para que los verdaderos capos salgan limpios. Desde que alla dinero en esas cantidades todos comen y porque la DEA no imvestiga esa lavanderia de estratos 6.
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pesoneto

Dom, 06/09/2013 - 10:56
¿ DONDE ESTÁN LOS ENEMIGOS DECLARADOS DEL PROCURADOR DICIENDO QUE ÉSTA ES UNA INJUSTICIA EN CONTRA DE LA SUPERFINANCIERA E INTERBOLSA O PROYECTAR VALORES ??? !!! ¿ ESTE PERIODICO MALEVOLO QUE TANTA GUERRA LE HA HECHO AL PROCURADOR POR SUS INVESTIGACIONES Y SANCIONES, HOY NADA DICE EN CONTRA DE LOS CARGOS PROPUESTOS ??? !!! O SE ESTÁ CON LA INSTITUCIONALIDAD O SE ESTÁ EN CONTRA DE ELLA !!! SIN AMBIGUEDAD !!! CLARO ESTÁ QUE LA "ÉTICA" PERIODISTICA SE VENDE POR PLATA PUES LA NOTICIA ES UN VULGAR Y ACOMODATICIO NEGOCIO !!! NO JODAAAAAAA !!!
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comentandoj

Dom, 06/09/2013 - 10:45
El procurador cerdóñez también debiera ser investigado e incorporado al proceso; él también conoce de este atraco desde hace más de 2 años y solamente hasta ahora, y asegurándose que los incriminados no fueran godos importantes, es que decide involucrar a funcionarios del Estado, mientras los verdaderos defraudadores de Interbolsa, su junta directiva, se pasean inpertérritos por todo el país. La mejor forma de exonerar a los delincuentes es echarle la culpa al Estado y como tal a todo el pueblo colombiano, que es el paganini.
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raquelpalacios

Dom, 06/09/2013 - 09:56
Es muy sospechoso que aun no se investigue a los miembros de la Junta Directiva de Interbolsa. Ellos tienen que ser responsables y debían saber todas las manipulaciones fraudulentas que se hacían. Seria bueno que los periodistas indagaran por estos personajes que están pasando de "agache"
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Juancarey

Dom, 06/09/2013 - 09:22
Buena esa señor Procurador. Parece que la función misional de la Procuraduría asume el papel que le corresponde así el Superintendente Financiero declare públicamente que no renunciara, pues como todos los involucrados en el paseo millonario al erario público y de inversionistas es un claro reto al ente investigador, pues quienes están comprometidos son los mismos cacaos que tienen facultades para incidir en los nombramientos de Superintendentes y de todos aquellos que sirven de comodines en esa vergonzosa tarea de corromper el establecimiento. Están casi todas o mejor todas las instituciones del Estado permeadas por el flagelo de la corrupción, mientras tanto el procurador se centra en buscar las herramientas legales para destituir al Alcalde Petro que tuvo la valentía de denunciar.
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Sky_Voyager

Dom, 06/09/2013 - 09:20
... hmmm ... lo más grave para los ciudadanos es que el pronunciamiento y pliego de cargos de la Procuraduria achacando la responsabilidad el ente de Control estatal abre la puerta para que el Estado tenga que devolver los Dineros a los inversionistas (quienes asumieron un riesgo en aras a obtener jugosos dividendos) , y ya se sabe que lo que el Estado devuelve es con el dinero de los impuestos que deben destinarse es a educación, salud, obras públicas y no a subsanar estas Piramides financieras que operan en la Bolsa, con ahorradores buscando altas utilidades y firmas bursatiles invirtiendo el dinero en tomar el control de grandes empresas y financiar negocios de familiares, aparte de darse la gran vida viajando en jet privado al Caribe ... y finalmente que paguemos todos. Pais de Cafres!
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JGSSR

Dom, 06/09/2013 - 09:17
A estas alturas lo mas importante es que la justicia sea efectiva, se indemnicen las victimas . Indemnizarlas con los activos de los socios de interbolsa si fuere necesario y de acuerdo con la ley. Los saldos de indemnizacion para aquellasa personas que puedan tambien demostrar la legitima procedencia de los recursos invertidos en Interbolsa, la deberia hacer el estado, por su negligencia y complicidad con Interbolsa. Lo segundo es que el lais exige que los demas corredores de bolsa sean quditados con la frecuencia necesaria y se tenga un reporte periodico de acceso publico, de los entes de control, sobre el desempeño de cada compañia corredora de bolsa, algo que le permita al inversionista tener un indice de confiabilidad de los corredores de bolsa.
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Dickmegamutitus

Dom, 06/09/2013 - 09:00
Y que va a pasar con la platicia de traquetin ?
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aderl

Dom, 06/09/2013 - 08:02
Los funcionarios que ocupan los mas altos cargos en este país son los mas corruptos entre mas ganan mas quieren tener, cuanta plata no le darían los dueños de interbolsa a todos estos funcionarios empezando por el jefe de todos ellos osea al tal gerardo hernandez correa, manada de corruptos en un mundo ideal y de justicia los deberían es fu"$%?¡!
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Bumua

Dom, 06/09/2013 - 07:48
Y el ministro Echeverri? y porqué salió casi que por la puerta de atrás? Huuyy cheverri nos tumbaron (a los colombianos) otra vez. Cuando van a acabar con la puerta giratoria? del estado a las empresas privadas de ida y vuelta? Quien haya laborado para el estado en ciertos cargos, deberá estar inhabilitado para ejercer uno del mismo tipo y rango en las empresas privadas que se relacionen con el cargo público ejercido.
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JaimeCam

Dom, 06/09/2013 - 07:29
La intención del fallo es permitirle a los afectados que demanden al estado y recuperen la plata. La mayoría, mandos medios y dejó por fuera a las cabezas grandes.
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Antojáis

Dom, 06/09/2013 - 07:08
Que no sea ETA la forma de hacer responsable al gobierno, y ponerlo a pagar,ósea ponernos a pagar a los colombianos, y los dueños del negocio con la plática afuera, creo que esa es la estrategia, pues en los tumbados hay gente muy influyente y quieren que les devuelvan su plata y no importa quien y más fácil es el estado que no tiene doliente .
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ñarria

Dom, 06/09/2013 - 06:46
!....COMO ACABAR CON LA CORRUPCION EN LOCOMBIA , PUES ES LO MAS SENCILLO QUE EXISTE , SI LE DAMOS CARCEL FISICA CON TODOS LOS RECLUSOS DE LA MODELO A LOS HOMBRES Y CARCEL FISICA A MUJERES EN EL BUEN PASTOR , PERO EN ESTE PAIS LE DAMOS CASA POR CARCEL A LOS LADRONES DE CUELLO BLANCO Y ASI NUNCA ACABAREMOS CON LA DELINCUENCIA, CUALQUIER SER HUMANO PIENSA DOS VECES ANTES DE CAER EN LA CARCEL CON EL HACINAMIENTO QUE EXISTE .JA.JA.JA. SIQUIERA SE MURIERON MIS ABUELOS.
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Jorge Enrique Angel Delgado

Dom, 06/09/2013 - 01:08
Mas q descalabro, fue un robo vil, de esos q suceden todos los dias en Colombia. Todo aquel q cuente con "poder" y pueda aprovechar el papayas, es la "lógica" común de la gran mayoría de hombres de Colombia y unas cuantas mujeres, roban todo lo q pueden y mas! En realidad descalabro es otra cosa, pero robo es robo y desde Uribe, pasado por Pastranas y todos los políticos de turno, todos son ladrones y/estafadores q lo tienen todo de "papaya"!!!
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bruno50000

Dom, 06/09/2013 - 00:23
Lo realmente critico y verdaderamente vergonzante es que estos titeres- funcionarios, no actuaron ni hicieron lo que tenian que hacer, porque seguramente recibieron ordenes superiores de no actuar y pagar de esta forma, favores de campaña. Lo triste y deplorable, es que no se necesita ser ningun experto en temas bursatiles para ver actualmente en las ruedas diarias de la BVC, manejos amañados de algun valor, para hacerlo caer o subir de manera artificial (Cosa que facilmente se puede apreciar cuando de manera concertada retiran o ponen grandes montos de oferta o de demanda,o cuando de manera escalonada se permiten transaciones de 1 o 2 acciones, generando falsas percepciones en el mercado.
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