Los convenios enredados en Fonade

Felipe Rodríguez, Richard Náder Ordosgoitia y Ronald Ruiz de León. / Cristian Garavito

El manejo burocrático que durante años le dieron los excongresistas Musa Besaile y Bernardo Miguel Elías al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) sigue dejando consecuencias judiciales. Por lo pronto, la Fiscalía destapó la olla de corrupción que tenía en jaque a esta entidad, que naufragó desde 2015 en medio de la politiquería y los festines de coimas. Es largo el etcétera de proyectos por revisar, pero las alertas se centran por ahora en siete convenios del Fonade con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic), el Departamento de Prosperidad Social y la construcción de viviendas de interés prioritario.

(Vea: "Las pruebas de la Fiscalía en el caso de corrupción del Fonade")

Hace 10 días fueron capturadas siete personas implicadas en este escándalo, denominado por la Fiscalía como el de la “mermelada tóxica”. Seis ya aceptaron su responsabilidad. Sólo Felipe Rodríguez Mariano, exgerente de la Unidad de Desarrollo Económico y Social del Fonade, se declaró inocente y negó cualquier vínculo con corrupción. En contraste, según la investigación, emisarios y cuotas de los excongresistas Musa Besaile y José Manuel Tous manipularon un contrato de más de $ 16.000 millones para realizar interventoría en la construcción de más de 4.300 viviendas de interés prioritario en los departamentos de Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila.

Durante dos años, la Fiscalía grabó cerca de 1.000 horas de conversaciones telefónicas. Pero apenas en febrero de 2017, un mes antes de hacerse pública la convocatoria para el citado contrato de auditoría de las viviendas de interés prioritario, escucharon cómo se iba a direccionar. Aparecieron en el radar Richard Náder Ordosgoitia, hombre de confianza de Musa Besaile, Ronald Ruiz de León y el contratista Amaury García de la Espriella, quien, junto con Juan Felipe Morales Tabares, era socio del Consorcio Interviviendas, la firma que se quedó con el contrato. Al parecer, luego de pactar el 25 % para los congresistas y un 10 % para el director de la “torre negra”, como se le dice al edificio de la 26 donde quedan Fonade y el DNP.

Richard Náder y Ronald Ruiz de León fueron los emisarios para que los contratistas pagaran las coimas que les aseguraban el contrato. Asimismo se encargaron de pagar a funcionarios del Comité de Evaluación del Fonade para que emitieran conceptos técnicos a favor de la propuesta del Consorcio Interviviendas. Sin embargo, hay un hombre que se constituye en la piedra angular, pero que sigue prófugo: Jorge Iván Henao Ordóñez. Fuentes consultadas por este diario sostienen que estaba en Fonade desde la administración de Alfredo Bula, en calidad de director de la Unidad de Desarrollo Territorial. Sin embargo, dejó la entidad por diferencias con Bula.

(Lea: "Ficha clave en caso del Fonade estaría prófugo de la justicia")

Regresó cuando entró a reemplazarlo Ariel Alfonso Aduen Ángel en junio de 2016. A pesar de que Ñoño Elías había pedido que su protegido, Jorge Iván Henao, llegara como gerente del Fonade, no se pudo porque su hoja de vida no daba. Por eso se decidió que quedara como asesor de Aduen. Lo que hoy se dice en los pasillos del Fonade es que a Henao se le consultaban todas las decisiones, especialmente en temas de contratación de personal. Actualmente existe una orden de captura contra Henao, quien salió de la entidad en diciembre de 2017, pues la Fiscalía lo considera el eje central de la red de corrupción que se apoderó del organismo.

Al parecer, Jorge Iván Henao logró posicionar en el Fonade a personas claves para apoderarse de la contratación y ejecución de los proyectos. Prácticamente, él y otros funcionarios que estaban en la subgerencia técnica y el área de planeación contractual habrían manipulado la contratación para la ejecución de diversos proyectos con la Uspec, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el DPS y el Ministerio de las Comunicaciones. Desde que empezó a operar la actual administración de Fonade, en cabeza de Álvaro Balcázar, se enviaron mensajes de alerta a los organismos de control sobre las irregularidades en esos contratos.

Uno de los convenios dudosos fue el suscrito con el Fontic para la ejecución de la fase tres de los puntos de la estrategia Vive Digital, para fortalecer el acompañamiento a las entidades territoriales en temas como operación, mantenimiento y capacitaciones. El presupuesto destinado fue de $ 240.000 millones. Principalmente debían definirse los llamados integradores, que serían los responsables de ejecutar el contrato en cinco regiones del país. Fue entonces cuando la Unidad de Ciencia y Tecnología, a cargo de Daniel Isaac Náder, invitó a una serie de empresas a participar en la contratación y enviar sus propuestas.

En principio ninguna cumplió los requisitos. La contratación entonces se podía hacer de forma directa. Náder nuevamente envío un listado de empresas que podían participar en esa modalidad y el contrato quedó en manos de tres operadores. Todo parecía estar bajo las reglas de juego. Sin embargo, al parecer los consorcios ganadores realmente manipularon el proceso, pues la diferencia entre las propuestas, en términos financieros, no superaba los $100.000 en contratos que debían ejecutar más de $25.000 millones. La situación es actualmente investigada tanto por la Superintendencia de Industria y Comercio como por la Fiscalía.

El otro convenio en la mira de las autoridades es uno realizado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH): un proyecto para la prospección satelital en el Cesar, estructurado por Felipe Rodríguez en 2017, cuando se desempeñaba como jefe de la Unidad del Área de Minas e Hidrocarburos. Según una denuncia en poder de la Fiscalía, el presupuesto de ese proyecto, tasado en $ 19.000 millones, fue sobrevalorado porque no resultó ser acorde a los valores reales del mercado. “La metodología que se realizó fue la proyección de precios, teniendo como referencia algunos proyectos similares realizados desde 2012 por Fonade, a pesar de que las condiciones de la ejecución en dicho momento eran diferentes”, dice la denuncia.

Y agrega: “Según un sondeo de mercado realizado internamente, el valor del proyecto debe acercarse a los $ 12.000 millones”. La denuncia llegó acompañada de audios que grabaron los gerentes de una empresa a la que invitaron a participar en el proyecto y a la que un emisario del Fonade pidió coimas. Según los contratistas, esta persona, que se presentó como geólogo del Fonade, propuso entregarles los pliegos de condiciones del contrato antes de ser publicados, para que tuvieran ventaja sobre sus competidores. Y además les dijo que si le pagaban una “comisión de gestión comercial” —del 12 % del valor total del contrato—, el proyecto les sería adjudicado.

La lupa principal de las autoridades se posa sobre los convenios firmados con la Uspec y el DPS. En el primero, se trata de proyectos para la construcción e interventoría de nuevas cárceles, la ampliación de cupos y el mantenimiento de la infraestructura de las prisiones. Se hicieron estudios y diseños para demolición, el mejoramiento, la conservación y la ampliación de cárceles, pero, según las denuncias, en la contratación de esos servicios operó la misma lógica de la red de corrupción que se tomó a Fonade: emisarios contactaban a contratistas dispuestos a pagar coimas. Esos pagos, al parecer, tuvieron como destino los bolsillos de los padrinos políticos que tenían el control de la entidad.

Uno de los más mencionados es Felipe Rodríguez, quien llegó en marzo de 2016 al Fonade como contratista en temas financieros. Luego fue funcionario de planta en la subgerencia de contratación y finalmente jefe de la Unidad de Minas e Hidrocarburos. En principio, su labor fue evaluar las propuestas financieras de los proyectos. Según la Fiscalía, él fue pieza clave para direccionarlos. Es el caso de las viviendas de interés prioritario. Su abogado, Andrés Garzón, explicó, sin embargo, que Rodríguez jamás recibió un peso como pago de coimas ni tuvo relación con los emisarios Richard Náder y Ronald Ruiz. Tampoco fue cuota de políticos ni sus acciones permitieron manipular la contratación.

(Puede ver: "Felipe Rodríguez Mariano, investigado por caso Fonade, fue despedido")

Garzón agregó que su defendido no era indispensable para que se direccionaran los contratos, pues, al igual que sucedió en los casos de las viviendas gratuitas y del Fontic, los problemas se presentaron en aspectos técnicos y no financieros. “Él sólo evaluaba los requisitos financieros que faltaban a las propuestas. Muchas veces los proponentes pidieron modificar los estándares de evaluación, pero él se negó y lo que hizo fue subir los estándares”, recalcó Garzón a este diario. Y añadió que, en cambio, Felipe Rodríguez fue víctima de acoso laboral y persecuciones en el Fonade, pues supuestamente fue despedido sin justificación cuando estaba incapacitado por una cirugía en su rodilla derecha.

Cierto o no, lo real es que hasta el momento Felipe Rodríguez es la única persona que no ha aceptado su responsabilidad en el escándalo del Fonade. Hoy se definirá si, junto a las otras seis personas capturadas, se le impone medida de aseguramiento. A su vez, la Fiscalía seguirá investigando las irregularidades que al parecer se presentaron en otros convenios que hoy tienen en la mira a la entidad y siguiendo el rastro del proceder de otros directivos del Fonade que habrían permitido prácticas de corrupción. Lo que está claro es que sí hubo excongresistas beneficiados en esta red y que, al menos durante dos años, muchos recursos del Fonade se feriaron al mejor postor.

*Si tiene comentarios, escriba a investigacionee@elespectador.com