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El 15 de agosto de 2013, la firma de auditoría KPMG Advisory Services entregó a la Superintendencia de Sociedades el primero de tres documentados informes en donde evidenció el descalabro de la comisionista de bolsa más grande del país: Interbolsa. El extenso reporte y dos más que se conocieron en los meses posteriores, fueron piedra angular para que la justicia tomara las decisiones que hoy tienen en prisión y procesadas al menos a 25 personas, entre miembros de junta directiva, accionistas, directivos y empleados de la firma bursátil y sus compañías asociadas.
A través de delaciones de algunos directivos, declaraciones de testigos, reportes de operaciones indebidas y cuestionamientos por manejo irregular de acciones, se revelaron las pruebas para que el Grupo Interbolsa, las compañías del denominado grupo Corridori y el Fondo Premium entraran en liquidación y sus directivos empezaran a responder ante la justicia por los presuntos delitos de captación masiva de fondos, manipulación fraudulenta de valores, administración desleal, estafa y concierto para delinquir.
En los extensos informes presentados por KPMG aparecieron también como prueba miles de correos de directivos de la telaraña empresarial de Interbolsa, en donde se mostró que las operaciones bursátiles y los movimientos financieros eran poco claras. Justamente en uno de los capítulos del informe de auditoría aparecieron centenares de comunicaciones específicas sobre el Fondo Premium y la empresa Valores Incorporados. Para ese momento la investigación giraba en torno a Interbolsa.
Sin embargo, una nueva revisión a esos correos pone sobre el tapete comunicaciones que reflejan que en este caso pasó inadvertida la Fiduciaria Petrolera (Fidupetrol), entidad que desde hace tres semanas se convirtió en el eje del escándalo en la Corte Constitucional por un presunto soborno que tiene contra las cuerdas al magistrado Jorge Pretelt.
Un informe de 54 páginas, conocido por El Espectador, relaciona y describe cerca de 650 correos que se cruzaron los directivos Rachid Maluf, Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Luis Carlos Hurtado, Hélber Otero, entre otros, en donde se señala que Fidupetrol efectuó varias operaciones, especialmente con el Fondo Premium. Por esta razón, el reporte contiene fecha, emisor, receptores, título, resumen del correo electrónico y clasifica los correos en varias categorías. Para el caso de la Fiduciaria, clasifica las operaciones en: “manejo inusual de recursos del fondo” y en “participación de empresas y personas vinculadas con el Fondo Premium en Proyectar Valores”.
Uno de esos correos, enviado el 19 de agosto de 2010 por Rigoberto Ovalle, de la tesorería de Valores Incorporados a Rachid Maluf, representante del Fondo Premium, y quien tiene audiencia de imputación de cargos el próximo 9 de abril, le comenta que: “Habló con Juan Carlos Ortiz sobre un tema de formularios y la respuesta fue que ni él ni Tomás Jaramillo quieren aparecer involucrados en ningún tipo de documento en caso de una revisión de la Superfinanciera. Este tema se le comentó a Fidupetrol para ver cómo se manejaría” (ver facsímil).
En otro correo, también clasificado como de manejo inusual de recursos de fondos, Maluf le insiste a Luis Carlos Hurtado, representante de Fidupetrol, que Ortiz y Jaramillo no quieren aparecer en ningún documento de la empresa Prisma y reclama sobre los costos y gastos del fondo. De la lista de correos, de igual manera, se evidencia al administrador de empresas Hélber Otero y otros dos empleados, quienes son informados por Nicolás Villegas, empleado de un fondo de inversión de Otero en Panamá, de demoras en el giro de recursos por parte de Fidupetrol.
En la lista de correos entre directivos se acuerdan millonarias operaciones financieras, se define el cruce de cuentas con otras compañías, se detallan movimientos crediticios, se habla de transferencias a Curazao y se estiman comisiones y ganancias. Todas con un elemento común, a través de Fidupetrol.
Es el nuevo capítulo de la entidad de moda. Su actual liquidador, Jaime Castro Forero, señaló a El Espectador que ha entregado a las autoridades correspondientes informes sobre lo que pasó en la entidad. Por su parte, Alejando Revollo, interventor del Fondo Premium, indicó que aún no ha revisado el caso de la relación de Fidupetrol con Interbolsa y el Fondo Premium, pero ya tiene en sus manos decenas de correos. Más allá del escándalo del caso Pretelt, Fidupetrol sigue dando sorpresas.
El enlace de los negocios bursátiles
En múltiples correos analizados por la firma de auditoría KPMG aparece un nombre que poco ha sido mencionado en los últimos escándalos financieros. Se trata de Hélber Otero, como lo documentó El Espectador en su edición del pasado 7 de marzo, un administrador de empresas de la Universidad de la Salle, con 25 años de experiencia en el sector financiero y quien resultó siendo el dueño del 50% de las acciones de Fidupetrol.
Además de este negocio, Otero fue socio del comisionista Juan Carlos Ortiz en Proyectar Valores y en la empresa Tecfín. Luego apareció en la liquidada comisionista Torres Cortés y con acciones en la Bolsa Mercantil de Colombia. Su paso financiero incluyó el Fondo Premium. Según la Superintendencia de Sociedades, debe cerca de $15.000 millones.
La fiduciaria y el fútbol profesional
En la administración que lideraba el entonces comisionista de bolsa Juan Carlos Ortiz, éste acudió a los servicios de la Fidupetrol con el propósito de depositar los recursos de los aportantes de la sociedad Azul y Blanco que adquirió el club de fútbol Los Millonarios.
Entre el 1° de junio de 2010 y el 20 de abril de 2011 la fiduciaria recibió un total de $19.499 millones. Con ese dinero se adquirió la marca, la ficha y algunos futbolistas a la Corporación Deportiva Los Millonarios que manejaba el técnico Luis Augusto el ‘Chiqui’ García.
Una vez se consolidó el negocio a través de Fidupetrol, el equipo se convirtió en sociedad anónima y el negocio con la fiduciaria quedó atrás. Hoy el equipo capitalino tiene más de 4.000 socios y está inscrito en el Registro Nacional de Valores.