Lo llaman el “G-8” y representa el grupo de equipos profesionales del fútbol colombiano que quiere nuevas reglas económicas para su negocio. Lo integran Nacional, Medellín, Millonarios, América, Cali, Júnior, Tolima y Once Caldas. Su pelea es por redistribuir las ganancias en los derechos de televisión, constituir una junta directiva y tener voto ponderado en las asambleas de la Dimayor. El presidente del organismo rector del fútbol colombiano, Jorge Perdomo, sostiene que su deber es velar por 36 clubes, sin negarse a escuchar. El dilema está planteado, pero va más allá de una disputa por el poder económico.
De hecho, la pugna por los ingresos de la televisión no es sólo colombiana. En Argentina, Boca Juniors y River Plate reciben más dinero que los demás clubes profesionales. En Brasil, Corinthians y Flamengo se llevan más ingresos que otros equipos. En Chile, las ganancias mayores son para Colo Colo y la Universidad Católica. Nada distinto a lo que acontece en España, donde Barcelona y Real Madrid acaparan el negocio. Sin duda, el aspecto diferencial de hoy es la televisión y por eso no extraña que esa controversia haya llegado a Colombia. Pero el asunto desborda el grito de independencia del “G-8”.
El tema neurálgico en Colombia sigue siendo la forma como el fútbol se rige como negocio privado que sigue permitiendo que algunos personajes o equipos cuestionados continúen en sus actividades sin mínimas exigencias de idoneidad que lo impidan. El caso más evidente es el Envigado Fútbol Club. Está en la Lista Clinton en Estados Unidos por el dudoso origen de sus dineros. Un informe de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá lo incluyó en la lista de empresas que tendrían que dar explicaciones en el Tribunal Especial de Paz por nexos con grupos ilegales. Sin embargo, hasta vocal tiene en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.
El presidente de la Dimayor expresa que una investigación no genera inhabilidad a colombiano alguno y que a quienes hayan cumplido con la justicia no se les puede generar una sanción perpetua. En estricto sentido tiene razón porque, a pesar de los probados nexos históricos entre el Envigado Fútbol Club y el narcoparamilitarismo, desde los tiempos de su fundador Gustavo Upegui, asesinado en 2006, tampoco la justicia ha movido un dedo para averiguar el origen de sus dineros. Hoy sus apremios vienen de la justicia norteamericana, lo que permite que compita y negocie sin dificultades en el torneo rentado.
La misma lógica se aplica en situaciones como la del polémico dirigente Eduardo Méndez. Pagó condena en Estados Unidos por obstrucción a la justicia, oficia como abogado de dudosos clientes, algunos de ellos con cuentas en Estados Unidos, y ahora aparece como el nuevo presidente del Unión Magdalena. Alquiló el equipo por siete años y en acto público en el que estuvo el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Juan José Bellini, condenado en el proceso 8.000 por nexos con el narcotráfico, anunció que con la nueva directiva el equipo regresará a la primera división después de once años.
Algo parecido a lo que sucede con el controvertido exintegrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol Óscar Ignacio Martán. En octubre de 2006 ingresó a la Lista Clinton, según la justicia norteamericana por nexos económicos con el narcotráfico, y duró seis años en este inri internacional. Hoy se sabe que maneja los hilos del Cortuluá, es dueño de los derechos deportivos de reconocidos jugadores y se mueve en el mundo del fútbol colombiano como pez en el agua. Su propósito es volver a la dirigencia del fútbol cuanto antes y persistir en su denuncia de que todo fue un abuso en su contra.
En general, a falta de investigaciones en profundidad, abundan los comentarios sobre la forma como el fútbol colombiano permite el flujo de dineros de dudoso origen sin mayores controles. A Santa Fe lo tocaron los dineros de la Operación Cuenca del Pacífico en 2010, pero el asunto pasó de largo. A Millonarios lo salpicó el escándalo de Interbolsa, hoy algunos de sus derechos están en manos de la Superintendencia de Sociedades y está preso Juan Carlos Ortiz, quien manejó el equipo a sus anchas. La sombra de Ramiro Suárez en Cúcuta sigue intacta y Uniautónoma desapareció, pero no la historia de Silvia Gette.
Eso, sin entrar en detalles numéricos. Según los dirigentes del fútbol, la ley 1445 de 2011, que permitió la trasformación de los clubes en sociedades anónimas, ha permitido mayor transparencia, mejor gobierno corporativo e incentivos para inversión de capital. En ese orden de ideas, en 2015 las ganancias de 26 equipos fueron de $1.889 millones. No obstante, el balance de la Superintendencia de Sociedades advierte que Nacional o Millonarios presentaron reportes bajo norma internacional. América es un capítulo aparte, cinco clubes están en insolvencia y otros cuantos en la mira administrativa.
La tendencia de los directivos del fútbol es que sus comisiones disciplinarias sean integradas por magistrados de las altas cortes, lo cual da la mejor imagen de máxima justicia. Los críticos de este sistema sostienen que es una forma de blindarse frente a eventuales demandas o decisiones judiciales. Hoy se generan múltiples litigios por derechos laborales de los jugadores, litigios administrativos o incluso causas penales, pero eventualmente fluyen en las altas instancias de la justicia, donde los altos funcionarios son también los que imponen la disciplina en los asuntos del fútbol.
El otro lunar negro es el comportamiento de los aficionados y la violencia en el fútbol. Según el presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, Colombia es el país que más ha avanzado en el continente en la cultura del fútbol en paz y el único país que tiene un plan decenal liderado por el gobierno. Además, agregó Perdomo, se está creando una comisión de convivencia con una hoja de ruta para expulsar a los violentos de los estadios. Una senda que incluye carnetización, acceso con identidad biométrica, cámaras de identidad facial y reformas legales para penalizar a los desadaptados del fútbol.
Un buen propósito que contrasta con lo que aún se ve en los estadios y con lo que creen críticos de la dirigencia como el presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Carlos González Puche, quien sostiene que el principal problema es que la dirigencia del fútbol no admite que todos los que hacen parte de la actividad puedan participar en los órganos que toman las decisiones y la distribución de los dineros. “Cualquier intento por sanear o controlar la actividad se castiga con la desafiliación, lo cual impide que el fútbol se organice con debidos controles”.
En síntesis, en medio de un panorama de múltiples dilemas, no extraña que ocho de los equipos profesionales quieran armar un rancho aparte. Incluso, ya tienen vocero oficial: el presidente del Cali, Álvaro Martínez, una multinacional en auditoría y abogados dispuestos a examinar hasta el último peso. Por ahora, la pelea es por los derechos de televisión, pero se sabe que también se buscan cambios estructurales en la dirigencia del balompié. La Dimayor tiene de su lado que una liga distinta a la suya, según los estatutos, inhabilitaría a los rebeldes para participar en los torneos internacionales.
Por eso, el tema del “G-8” va más allá de la puja por el dinero. Al menos en su comunicado oficial de esta semana se mostró en la búsqueda de una actividad “más digna, seria, rentable, segura y justa para quienes practican de manera profesional el fútbol, quienes invierten y trabajan en él y, obviamente, para sus hinchas, que quieren disfrutar del espectáculo en familia y en paz”. Se destaca el asunto de los derechos de televisión, pero también buscan buenas prácticas de gobierno corporativo, cumplimiento de la ley laboral, oportunidades de formación a jugadores y empleados y óptimas prácticas contables.