A mediados de esta semana, un juez condenó al excomandante paramilitar Armando Lugo, alias El Cabezón, por declarar que había recibido $25 millones del senador liberal Luis Fernando Velasco para asesinar a dos personas en Popayán. Sus versiones resultaron descabelladas para la justicia y por ello fue condenado por los delitos de falso testimonio y estafa. Hoy paga en prisión su pena y el parlamentario, quien hoy integra la Comisión Segunda del Senado, afrontó un proceso penal que fue archivado por la Corte Suprema de Justicia.
El jueves de la semana pasada, el desmovilizado del Eln Julio César Salazar fue condenado por falso testimonio y fraude procesal. Su nombre salió a la palestra porque en su momento la Fiscalía pensó que era uno de los hombres claves para probar que el exdiputado del Valle Sigifredo López fue el autor del secuestro de sus compañeros en la Asamblea del Valle en abril de 2002. Al final, todo resultó un montaje y Salazar reconoció que mintió a las autoridades.
El caso de López ha sido el referente para ratificar la consolidación de carteles de testigos que rondan a la justicia colombiana. De hecho, el exguerrillero Salazar es el primer sentenciado de los seis falsos testigos que declararon dentro del proceso contra López. Allí señalaron con perversidad que conocían al exdiputado, que en cierta ocasión pagó US$200.000 para facilitar la liberación de un guerrillero del Eln y que en agosto de 2001 Sigifredo López estuvo en un campamento guerrillero en donde con un mapa de Cali explicó el operativo para secuestrar a los exdiputados.
El asunto de los falsos testigos no es de poca monta y sigue afectando significativamente la administración de justicia. Incluso, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), creó desde mediados del año pasado una línea de investigación técnica en derecho penal y procesal penal en el que profesores, litigantes reconocidos, psicólogos y expertos criminalistas buscan hacer un diagnóstico y proponer soluciones al problema.
Entre tanto, los más recientes registros de la Fiscalía General de la Nación sobre el tema dan cuenta de una tendencia creciente de este tipo de casos. Según estadísticas de la jefatura del Grupo de Trabajo para la Investigación de los Falsos Testigos, a mayo de 2014, en esa dependencia estaban radicadas 140 carpetas de trabajo, divididas entre indagaciones e investigaciones. De este grupo, el ente acusador tiene registros de 15 procesos que se encuentran en etapa de juicio.
Sin embargo, fue el 4 de septiembre de 2012 cuando la Fiscalía asumió en forma el tema de los falsos testigos. Ese día expidió la resolución 1566, en la que fundamentó el tema en razón a que detectó “la existencia de falsos testigos, que están actuando de manera indiscriminada, extorsionando a la comunidad so pretexto de enlodar su buen nombre a través de testimonios mentirosos”.
En consecuencia, el organismo investigador creó un grupo de trabajo conformado por seis fiscales delegados ante jueces de circuito y especializados y siete asistentes de fiscal e investigadores del CTI, con el propósito de adelantar las indagaciones respectivas, formulando las acusaciones ante los jueces competentes por los delitos de falso testimonio y fraude procesal.
En 2013, cuando el grupo para combatir los falsos testigos cumplió su primer año, según cifras de la Fiscalía, se judicializaron cerca de 350 personas. No obstante, pese al alto número de procesados, en ese momento solo se lograron dos condenas. La primera fue contra Diego Fernando Hernández Trejos, alias Carlos, un exguerrillero de las Farc que acusó al exvicepresidente Angelino Garzón de recibir $160 millones de tres comandantes de las Farc y hacer gestiones para facilitar el secuestro de los diputados del Valle.
La segunda condena fue contra Wílmer Vergara Garzón, un interno de la cárcel de Valledupar, quien se inventó la versión de que un grupo de guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le entregaron una importante suma de dinero para asesinar al entonces representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, quien en 2012 habría efectuado una visita a ese centro de reclusión.
Este año el asunto de los falsos testigos ha producido nuevos hechos en la justicia. El ganadero y caballista Carlos El Negro López, llegó a un acuerdo con la Fiscalía por el delito de falso testimonio. López reconoció en el ente acusador que los testimonios que entregó a la justicia para vincular a algunos miembros de las autodefensas en el Casanare con el vicepresidente Germán Vargas Lleras no eran ciertos. El acuerdo está pendiente de ser avalado por un juez, caso en el cual López tendría que pagar una pena de cuatro años.
Otro personaje de la política que ha tenido que afrontar declaraciones falsas es la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez, quien durante más de seis años tuvo que defenderse de las declaraciones de un grupo de “testigos” que quisieron vincularla con grupos de autodefensa en Cundinamarca. Hoy exonerada de varios procesos, reconstruyó su vida y dirige Asocel, el gremio de las compañías de telefonía celular.
La investigación que adelanta el grupo de Colciencias y que será presentada en los próximos días, concluye que con la Ley de Justicia y Paz se incrementaron los falsos testigos. Destaca que es insuficiente la infraestructura de la Fiscalía para llevar a cabo la labor. Que la entidad sólo conformó un grupo de trabajo y no una unidad como se requiere para investigar el tema y que son necesarios nuevos ajustes normativos y legislativos en la materia.
En una petición del pasado 21 de mayo, enviada a Alexandra Ladino Pinzón, fiscal jefa del grupo para la investigación de falsos testigos, se le preguntó: “¿Existe algún criterio de política criminal para enfrentar el hecho reconocido de la existencia de un cartel de falsos testigos?”. La funcionaria respondió: “A la fecha, la Coordinación del Grupo de Trabajo para la Investigación de Falsos Testigos no ha reconocido la existencia del mal llamado “Cartel de Falsos Testigos”.
nquevedo@elespectador.com
@norbeyquevedo