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La Ley de Garantías, que restringe la contratación oficial, provocó entre el 1º y el 24 de enero pasado una avalancha de contratos. Durante esos días, los entes públicos firmaron los compromisos previstos para el primer semestre de 2014, ya que desde el pasado 25 de enero y hasta que se conozca el nombre del presidente del próximo cuatrienio no podrán acudir a la modalidad más usada en el país: la contratación directa.
Las cifras hablan por sí solas. De acuerdo con los registros del portal Colombia Compra Eficiente (www.contratos.gov.co), entre el 1º y el 24 de enero las entidades públicas del país reportaron la celebración de casi 80.000 contratos directos (en promedio, casi 3.400 diarios), que suman $4,5 billones. En este mismo período de 2013 se registraron 36.962 contratos por $3,2 billones. Es decir, presupuestalmente hubo un incremento del 33%.
Algo que llama la atención fue que la gran mayoría de estos convenios se pactó a dos días de que entrara en vigencia la Ley de Garantías. Entre el jueves 23 y el viernes 24 de enero, las instituciones oficiales reportaron 21.900 contratos, por $2,2 billones, lo que indica que al menos la mitad de los contratos que se celebraron en enero fueron al filo de que comenzara a aplicarse la restricción.
Al analizar la contratación de las casi 5.000 entidades oficiales del país para establecer cuáles fueron las que más gastaron durante las primeras semanas de enero, la lista la encabeza el gabinete del presidente candidato Juan Manuel Santos. De los $4,5 billones comprometidos antes de la restricción de contratación, $1,2 billones corresponden a 1.657 contratos celebrados por los ministerios. Es decir, el gabinete concentró el 27% de la contratación directa de todo el país en las primeras semanas del año.
Al comparar este gasto con el que hicieron las mismas carteras entre el 1º y el 24 de enero del año pasado, la diferencia es inmensa: mientras en 2013 fueron 924 contratos directos por $73.000 millones, este año el presupuesto fue 20 veces superior. Empleados por prestación de servicios, desayunos escolares para diferentes zonas del país, créditos para el agro, subsidios de vivienda, producciones audiovisuales, transporte aéreo, talleres y hasta logística fue lo que los ministerios contrataron usando un trámite rápido, sin mayor proceso de selección.
En detalle
Sin embargo, al profundizar en el análisis de la contratación, se puede observar que cuatro carteras del gabinete del presidente Juan Manuel Santos concentran el 25% de la contratación directa que se celebró en el país antes de la Ley de Garantías. Se trata de Agricultura, Minas, Vivienda y Educación, que en conjunto celebraron 584 contratos, por $1 billón. Los contratos más grandes son para subsidios o logística.
La lista la encabeza el Ministerio de Agricultura, con 182 contratos que suman $603.000 millones. De estos, siete concentran el 90% del presupuesto. Los convenios son para incentivos al agro, créditos de Agro Ingreso Seguro, apoyos para garantizar el nivel de precios en el campo, proyectos de productividad de medianos y pequeños productores e incentivo forestal. El principal contratista fue Finagro, que administrará casi $350.000 millones para otorgar beneficios a los agricultores.
El segundo es el Ministerio de Minas y Energía, que celebró contratos por $171.000 millones, de los cuales más de la mitad ($105.000 millones) corresponde a dos obras eléctricas en zonas no interconectadas de Casanare y Caquetá, a las que se suman otros proyectos eléctricos en Nariño, Santander, Putumayo y Cauca.
En tercer lugar está el Ministerio de Vivienda, con contratos directos por $132.000 millones, de los cuales $128.000 millones se destinarán al programa de subsidios de vivienda de interés social, a través de las cajas de compensación familiar, o al pago al Fondo Nacional de Garantías S.A. de las primas a las garantías para el programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores.
Por último está el Ministerio de Educación, que celebró contratos por $123.000 millones, de los cuales $80.000 millones corresponden a contratos para el programa de alimentación escolar en Valle del Cauca, Cauca, Bolívar, Pereira y comunidades indígenas de Chocó. El contrato principal, por $62.000 millones, se hizo con el ICBF; el resto fue con asociaciones o consorcios privados.
Uno de esos contratos se le otorgó al Consorcio Cauca Centro 2013, dirigido por Lucero Alexis Sarria Villa, hermana de Esmeralda Sarria Villa, representante a la Cámara por Cauca, quien aspira a ser reelegida. Este consorcio fue denunciado el año pasado por una asociación de padres de familia que señaló supuestas irregularidades en el cumplimiento del contrato de suministro de desayunos escolares, denuncia que no avanzó.
Los otros ministerios también tienen contratos llamativos, como ocurre con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con uno por $157 millones para contratar un abogado que asesorara su oficina jurídica y otro por $7.000 millones a través de su Fondo Rotatorio para logística y diplomacia deportiva y cultural.
A estos se suman los que firmó el Ministerio de Defensa: uno por $2.200 millones para actividades protocolarias y otro por $1.900 millones para una encuesta de estabilidad política; el que firmó el Ministerio de Hacienda por $500 millones para talleres de participación, y otro que celebró el Ministerio del Interior por $3.500 millones para el encuentro embera de Chocó, para validar el plan Gobierno y Justicia Indígena.
Si bien queda claro que el incremento de la contratación al filo de la Ley de Garantías tiene una justificación, que es la necesidad de dejar todo listo antes de que entre en vigor la restricción, también lo es que en medio del afán y la avalancha de contratos pudo haber irregularidades. Por eso, los entes de control recibieron denuncias desde el mismo día que entró en vigencia la ley.
La Procuraduría y la Contraloría anunciaron que adelantarán investigaciones para establecer si los contratos cumplieron los requisitos de ley, fueron justificados o si hubo desbordamiento de recursos públicos. Además pondrán la lupa sobre el resto de contratos para evitar que los recursos del Estado sean usados para favorecer campañas políticas en la nueva jornada electoral.
jamarin@elespectador.com
@alexmarin55