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El asesor en asuntos de transporte de la Alcaldía de Bogotá, Óscar Díaz, recibió la semana pasada en su cuenta de correo electrónico una solicitud: conseguir la copia de un contrato de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), suscrito en diciembre de 2009, que con urgencia era requerido en la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte. Díaz se comunicó con el gerente de la EAAB, Germán González Reyes, y le informó lo solicitado. Al revisar el documento, Germán González decidió reportar a la Fiscalía General de la Nación la existencia de ese negocio.
Se trata de un contrato para el diseño, construcción y puesta en operación de un túnel, bajo la modalidad llave en mano, para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá, suscrito y desarrollado en la EAAB con el Consorcio Canoas, conformado por las sociedades CASS Constructores & Cía S. C. A. y Constructora Norberto Odebrecht S. A. Sucursal Colombia. La obra debió concluirse en agosto de 2012, pero de común acuerdo las partes prorrogaron el plazo del contrato por 87 días más y se terminó en diciembre. El valor del contrato fue de $244.363 millones.
Para reclamar por sobrecostos de la obra, el 18 de septiembre de 2013, CASS Constructores solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá la convocatoria de un tribunal de arbitraje y presentó demanda contra la EAAB. Su argumento fue que la empresa distrital incumplió el contrato con relación a la entrega oportuna de los predios y los permisos necesarios para la ejecución de las obras, lo que incidió en atrasos y sobrecostos. El laudo arbitral resuelto el pasado agosto de 2015, condenó a la EAAB a pagar al Consorcio Canoas $4.644 millones por perjuicios causados.
En diciembre de 2009, cuando se firmó el contrato, la Alcaldía de Bogotá era administrada por Samuel Moreno Rojas. Hasta que salió del cargo por decisión judicial en mayo de 2011, envuelto en el escándalo conocido como el carrusel de la contratación en Bogotá, en su mandato se desarrolló la obra. Hasta el 10 de julio de 2010, en la gerencia de Jorge Pizano Callejas en la EAAB, y luego en la gestión de Diego Bravo, que dejó el cargo en febrero de 2013. La modificación del contrato con su prórroga adicional se cumplió hasta agosto de 2012, en tiempos de la administración de Gustavo Petro.
En medio de la obra aplazada y ante varias solicitudes de suspensión del contrato y una acción popular presentada, el Consejo de Estado concluyó en julio de 2012 que existió falta de gestión por parte de la EAAB para adquirir el predio Canoas y que no quedaron razones de claridad de por qué no se efectuó dicha compra. En cuanto a la acción popular, el alto tribunal otorgó un plazo de seis meses a la EAAB para la adquisición de los predios necesarios para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Canoas y la conminó a cumplir plazos perentorios para concluir la obra.
Un contrato que fue el más caro de los tres oferentes que concurrieron a la invitación pública de la EAAB en 2009, que ha afrontado litigios, laudo arbitral y que ahora tiene como uno de sus protagonistas a la constructora brasileña Odebrecht, hoy en los ojos del mundo por el escándalo en una Corte de Nueva York que develó sobornos confesados en la multinacional para ganar licitaciones y contratos públicos en 11 países, entre ellos Colombia, donde la justicia ya averigua quién pudo haberlos recibido. Sobre todo, quién fue el que recibió US$6,5 millones, como textualmente señaló la justicia norteamericana.
Por esa primordial razón, una vez se enteró Germán González Reyes -actual gerente de la EAAB, administración Peñalosa- sobre la solicitud planteada al asesor de la alcaldía Óscar Díaz, consideró pertinente poner en conocimiento del fiscal Néstor Humberto Martínez la existencia de ese contrato. En su misiva al jefe del ente investigador, González no agregó una palabra sobre la forma como se enteró de que el negocio existía. Se limitó a referir que, a raíz de informes de prensa sobre actuaciones indebidas de la firma Odebrecht, las respectivas averiguaciones internas reportaron ese hallazgo.
En la recopilación de información que la justicia, los organismos de control, los directorios políticos, el Gobierno o el periodismo empiezan a acopiar para identificar en qué negocios de Odebrecht en Colombia entre 2009 y 2014 se pudieron concretar los sobornos, es válido que cualquier alto funcionario de la Secretaría General del Ministerio de Transporte quiera conocer la documentación del caso. La de los mentados contratos para la Ruta del Sol sector 2 o la recuperación del río Magdalena suscrito con Cormagdalena, o también la del contrato celebrado en Bogotá en 2009.
La actual directora de transporte del Ministerio de Transporte es la abogada caldense Ayda Lucy Ospina, profesional con largo recorrido en la actividad pública. Fue alcaldesa de Chinchiná (Caldas) en momentos claves para la reconstrucción de las zonas afectadas en su municipio por la avalancha del nevado del Ruiz que causó la tragedia de Armero. Después fue asistente de la Superintendencia de Notariado y Registro y, en esta misma línea, luego asesora de notarios. También trabajó con éxito en el sector privado como asistente de gerencia en asesoría de contratación administrativa o como gerente de empresa.
Entre diciembre de 2008 y febrero de 2012, es decir, tres años y tres meses, la abogada Ospina ofició como subsecretaria de Movilidad en la administración de Samuel Moreno. Entre otras tareas, su trabajo se enfocó en la modernización del sistema semafórico o los avances de lo que se llamó el Sistema Integrado de Sistema Público (SITP). Ninguna gestión relacionada con el contrato de la EAAB con el Consorcio Canoas de CASS Constructores y Odebrecht S. A. sucursal Colombia. Cuatro años después, averiguar si algo pudo pasar en esa negociación forma parte de su deber institucional.
El Espectador indagó en el Ministerio de Trabajo sobre el tema y la respuesta oficial fue: “Una vez se conocieron las denuncias de soborno, el Ministerio y su área de infraestructura se dieron a la tarea de averiguar qué contratos tenía Odebrecht en el país durante el período mencionado en los hallazgos de la justicia norteamericana, no sólo con la nación, sino también con los entes territoriales. Teniendo en cuenta que Ayda Lucy Ospina, directora de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte fue funcionaria del Distrito, se le encomendó a ella hacer la averiguación respectiva en la capital del país”.