La pelea por las casas perdidas que ya fueron pagadas

Seis propietarios de los apartamentos que siguen en la pelea jurídica. / Gustavo Torrijos - El Espectador

 El impuesto predial para el año 2015 llegó la semana pasada a la portería del Conjunto Callejón de la Estanzuela con los nombres de los nuevos propietarios de seis de los 11 apartamentos que han estado dentro una disputa legal desde 2000 para definir a sus verdaderos dueños. El papel con el monto a pagar y la fecha límite para realizar la consignación ahora hace parte de las carpetas repletas de documentos de las familias que pagaron de contado esas viviendas y que, a pesar de las decisiones judiciales que les han quitado la propiedad de los terrenos, siguen viviendo allí.

Del inicio de la disputa quedan seis: Yolanda Carrillo, Nora Acevedo, Fanny Alayón, Marlene Castro, María Estela Rendón y José Ernesto Montero. Todos sobrevivientes de una discusión jurídica que siempre han tenido que presenciar desde el bando de los perdedores. El primer round de la pelea comenzó en 2000, cuando la sociedad Ingeniería y Capitales, responsable del proyecto Callejón de la Estanzuela Etapa III, fue liquidada por la Superintendencia de Sociedades y el Banco Av Villas demandó a los propietarios por el dinero de la hipoteca que había acordado con la constructora.

Según las escrituras de las viviendas de estas seis familias, Ingeniería y Capitales se comprometía a cancelarle al banco el valor de la hipoteca en un término de 60 días. Pero el plazo no se cumplió. Cuando los propietarios todavía redactaban y firmaban cartas para pedir que se les retirara la hipoteca, les llegó a la portería del conjunto la notificación de la demanda por parte del banco. El fallo en primera instancia del Juzgado Cuarto Civil apoyó a las familias que habían pagado sus apartamentos con la plata de una pensión o de los ahorros de una vida de trabajo.

Es el caso, por ejemplo, de María Estela Rendón, quien después de la muerte de su marido “y con los ahorros de 10 años manejando un taxi, logré comprar el apartamento en el barrio Milenta. Pero ya voy a cumplir 15 años de estar en este sufrimiento”. Similar es el caso de Fanny Alayón, una viuda que ha criado a tres niñas en la vivienda que adquirió con el seguro de su esposo “para que tuvieran una vida mejor. Pero yo las tuve que sacar para que no vieran cómo nos quitaban lo que yo había comprado con la plata que les había dejado su papá”.

Ambas se conocieron a raíz de las reuniones y citaciones que apenas empezaban con el fallo en primera instancia en 2007. Después de conocerse esa decisión, el equipo jurídico del banco presentó una apelación y el caso llegó al despacho del magistrado Luis Roberto Suárez González en el Tribunal Superior de Bogotá. En la decisión notificada el 17 de octubre de 2008, una sala conformada por cuatro magistrados falló en contra de los demandados, con un total de dos votos a favor, un salvamento parcial de voto y un salvamento de voto.

Con esta decisión, los demandados comenzaron el segundo asalto de la pelea liderados por el abogado Miller Saavedra, quien argumenta que al estar firmada por cuatro personas, se violó el acuerdo 108 de 1997 del artículo 9 del Reglamento Interno del Tribunal en el que se estipula que las salas deben estar conformadas por un número plural e impar de magistrados. Pero por más irregularidades que puedan existir en ese sentido, la pelea por demostrar que los propietarios de los apartamentos no tienen ninguna obligación escrita con el banco, ha llegado hasta los despachos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Pero las tutelas no fueron tenidas en cuenta.

“Lo más triste para mí es que existe un caso muy similar, con el mismo banco y constructora, que llegó al despacho de otro magistrado y les dieron la razón a las familias que habían sido demandadas”, comenta Marlene Castro, otra afectada por la demanda quien ha seguido muy de cerca la evolución del proceso. “Hasta hoy, los apartamentos han pasado por cuatro manos: primero fue Ahorra Más; después se cambiaron el nombre a Av Villas. El banco se lavó las manos y se lo pasó a la Restructuradora de Créditos de Colombia – liquidada. De ahí, los apartamentos cayeron en las oficinas de la empresa Sistem Cobro S.A y ya los últimos son los nuevos cesionarios”, explica Marlene con las cartas que ha mandado a los representantes que han intentado quedarse con su apartamento, pidiendo que se resuelva su situación.

Pero las respuestas siempre han sido evasivas, empezando porque ninguno de los propietarios aparece en la base de datos del banco que comenzó la pelea. La última noticia que recibieron fue de parte de la Fiscalía, con la orden de archivar la denuncia presentada por cuatro de los afectados en contra del juez Germán Peña Beltrán por sustituir la primera hoja de la decisión en segunda instancia para corregir los números de dos matrículas inmobiliarias que según la investigación, habían sido por errores mecanográficos.

Aunque la decisión de archivar este caso ya fue apelada, las instancias judiciales para seguir con la pelea de las seis familias están por acabarse. Ante esta reducida posibilidad de actuar y cansada de ver a su mamá pelear y sufrir con el desarrollo del proceso, Carolina Pineda Carrillo comenzó una denuncia por redes sociales y logró que el caso se hiciera viral y público. Con sentencias en mano y un conocimiento jurídico que le tocó adquirir a raíz de la pelea, Pineda espera que se vuelva a revisar el proceso y que a su mamá y a los demás afectados, se les devuelva la totalidad de sus apartamentos porque, como resume el video, “el que se cansa es el que pierde”.