La recta final de Colmenares

El polémico caso por la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares llega a su fin luego de seis años de debate. Posturas finales de Fiscalía y Procuraduría frente a argumentos de la defensa de las procesadas Laura Moreno y Jessy Quintero.

Después de seis años del proceso judicial más publicitado y filtrado de los últimos tiempos, el caso de la muerte del estudiante de ingeniería industrial y economía de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares, parece llegar al fin de su primera instancia. Sin embargo, sin certezas absolutas, a pesar de que el Tribunal Superior de Bogotá asegurara que Colmenares murió después de una violenta golpiza, persisten las dudas y nada se sabe sobre quiénes pudieron agredirlo o si falleció por un accidente.

No la tiene fácil la jueza que concluyó la audiencia contra las jóvenes Laura Moreno Ramírez y Jessy Quintero Moreno, desde los orígenes del caso protagonistas por tratarse de las últimas personas que tuvieron contacto con Luis Andrés Colmenares, antes de que apareciera muerto en el caño del parque El Virrey en Bogotá, la noche del 31 de octubre de 2010. El otro procesado, Carlos Cárdenas, fue absuelto en junio de 2014. En dos instancias, un juez y un tribunal lo hicieron por duda razonable.

Una conclusión que, más allá de las posturas contrarias de los abogados o los forenses enfrentados en el caso, o de los bandazos de los organismos judiciales, es la expresión que define lo que se ha ventilado. La Fiscalía insiste en que Colmenares fue agredido por terceros y eso explica ocho fracturas, siete heridas, cinco escoriaciones y la abrasión del mentón encontrados en su cuerpo. Sin embargo, varios peritazgos forenses han manifestado que el estudiante murió como consecuencia de asfixia por sumersión en un medio líquido.

Entre uno y otro dictamen, la controversia está centrada en establecer si después de la supuesta golpiza el estudiante Colmenares fue arrojado al caño del parque El Virrey o si como lo testificó Laura Moreno, el joven en estado de embriaguez, de manera voluntaria, saltó al canal desde una altura de dos metros. La Fiscalía insiste en que las lesiones y heridas encontradas en su cuerpo no pueden corresponder a un simple accidente. Tres libros ya se han publicado sobre el caso con las tesis contrarias de la agresión y el hecho accidental.

El otro dilema tiene que ver con el manejo del expediente. Un primer fiscal, Édgar Saavedra, no se interesó por la hipótesis del homicidio, pero la familia Colmenares logró la exhumación del cadáver y el polémico médico Máximo Duque fue quien aportó la primera duda sobre la consideración de que las lesiones en el rostro del estudiante no eran compatibles con una caída de altura. Entonces apareció el fiscal Antonio Luis González, quien con posturas autoritarias y poca objetividad, llenó de errores el caso, ya convertido en un show mediático.

No sólo, de manera ilegal, interceptó las comunicaciones de la defensa de uno de los sindicados, sino que aparecieron tres testigos falsos -Jonathan Martínez, José Wílber Ayola y Jesús Alberto Martínez-, quienes terminaron condenados por falso testimonio. En medio de rumores de prebendas para declarar en el expediente o excesos verbales de sus protagonistas ante los micrófonos y las cámaras de televisión, el caso perdió su sigilo profesional y su prudencia. Después de la absolución de Carlos Cárdenas, ahora llega el último capítulo.

Laura Moreno fue procesada como presunta coautora impropia de homicidio agravado y falso testimonio. Jessy Quintero de supuesto falso testimonio y encubrimiento. En ambos casos la Fiscalía sostiene que las jóvenes mienten y que ocultan la verdad. En el caso de Laura Moreno, asegura que no participó en la agresión, pero tuvo conocimiento directo de la misma, no lo impidió y, en cambio, causó la fantasía de la caída de Colmenares al caño. En este caso, la Procuraduría sostiene que mintió y eso fue fundamental para el desenlace.

La defensa de Laura Moreno expresa que nada de lo dicho contra su cliente está probado. Se habla de una golpiza, pero no hay una prueba de quiénes la protagonizaron. Tampoco había un motivo homicida por parte de la joven. El abogado Jaime Granados manifiesta que es desatinado concluir que como Laura Moreno fue la última que vio a Colmenares, por eso sea responsable. También rechaza la tesis de que el concepto de Máximo Duque tenga más valor que el de sus colegas porque tuvo acceso al cuerpo sin vida de la víctima.

En términos generales, la defensa de Laura Moreno insiste en que su versión de la caída de Colmenares al caño es veraz y que oportunamente acudió a buscar ayuda de la Policía, se mantuvo en comunicación con la familia Colmenares y buscó orientar a los bomberos para que buscaran al estudiante. En concreto, su alegato está basado en que nadie puede ser condenado por comportamientos no señalados en la acusación y que la Fiscalía ha buscado acomodar su versión para insistir en la responsabilidad de la procesada.

A su vez, la defensa de Jessy Quintero expresa que su narración y la de Laura están demostradas por pruebas técnicas, y que la Fiscalía ha cambiado los hechos para tratar de inculparla. Primero habló de que habían desaparecido el cuerpo de Colmenares durante 12 horas, pero luego lo cambió a que lo habían llevado inconsciente al caño. Además rechaza que ahora la Fiscalía diga que Jessy desapareció sospechosamente en la madrugada. El abogado Jesús Albeiro Yepes recalca que la única verdad es que Colmenares murió por accidente.

De manera complementaria, con varios peritazgos forenses y testigos de la propia Fiscalía, la defensa de Jessy Quintero acusa al forense Máximo Duque de alterar las condiciones del cuerpo sin vida de Colmenares para crear falsas evidencias. Según su alegato, se inventó fracturas y hemorragias después de afectar el cadáver, y que desconociendo los métodos forenses omitió enviar muestras al laboratorio. Sus conclusiones fueron más para que encajaran en las declaraciones de los personajes que resultaron falsos testigos.

En síntesis, la pelea jurídica por establecer la verdad de lo sucedido al estudiante Luis Andrés Colmenares sigue al rojo vivo. En breve, la jueza de conocimiento tendrá que anunciar la orientación de su sentencia, con la seguridad de que cualquiera sea el fallo va a causar revuelo y será apelado. Son seis años de incertidumbre y especulaciones, con más dudas que certezas sobre lo que sucedió después de la fiesta de Halloween de 2010 en la discoteca Penthouse, y luego en el parque El Virrey donde Colmenares fue hallado muerto entre las 7:30 y las 8:20 de la noche.

El recuerdo de la noche fatal de octubre

La noche del 30 y el amanecer del Halloween del 31 de octubre de 2010, estudiantes de la Universidad de los Andes fueron disfrazados a la discoteca Pent-House, ubicada en la calle 84 con carrera 13, para celebrar el cumpleaños del joven Felipe Mojica.

Hacia las 3 a.m. del día 31 abandonaron la discoteca. Un grupo esperó el vehículo de Laura Moreno en el servicio de valet parking para ir a casa. Entonces, el estudiante Luis Andrés Colmenares decidió salir a comprar un perro caliente. Tras él fueron Jessy y Laura. Llegaron hasta la calle 85 con carrera 15, donde lo compraron. Pasaron del costado sur al norte de la calle. De repente, Colmenares arrojó el perro al piso y, seguido por Laura, corrió por la carrera 15 hacia el norte. Luego en la calle 86A giró al oriente, subió hasta la carrera 13A y tomó hacia el norte hasta el parque El Virrey. A la altura de la calle 87, luego de que se detuviera y devolviera para recoger su reloj, fue tomado del brazo por Laura. Pero Colmenares siguió hacia el caño en donde cayó y fue hallado muerto.

Un proceso con matices jurídicos y mediáticos

En los seis años que han transcurrido del caso Colmenares han pasado cinco fiscales. Uno de ellos está siendo procesado por el mismo ente acusador. En cuanto a los procuradores, el litigio ha tenido al menos cuatro delegados del Ministerio Público, y el caso concluyó con la intervención del procurador penal Jairo Salgado.

Otro hecho que ha marcado el proceso es el agudo enfrentamiento entre los abogados, al punto que por orden de un juez de la República fueron arrestados y se determinaron también restricciones para pronunciarse en los medios de comunicación. Capítulo aparte merecen los denominados falsos testigos. En este caso, tres de ellos han sido procesados por la justicia. A este hecho se suma la aparición de interceptaciones telefónicas efectuadas por la Fiscalía dentro del proceso.

En lo mediático, según los buscadores de información en la red, aparecen más de 422.000 menciones del proceso en medios de comunicación y diversos portales.