:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/i7tThTBCJoXL87Z3_j-OCECYEDU=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/JMMCKHG6SFDZLCC7KAMKRU7WC4.jpg)
Hace diez meses, al Centro de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica del Estado –un grupo élite creado en las Fuerzas Militares, de atención prioritaria en seguridad nacional– llegó un informe reservado sobre la forma como el Frente de Guerra Oriental del Eln y el Bloque Oriental de las Farc desarrollan una verdadera “república independiente” en plena zona de frontera con Venezuela.
El documento de 95 páginas, conocido por El Espectador, resume el trabajo de infiltración por más de un año adelantado por selectos miembros de inteligencia en varios municipios de Arauca. Una radiografía de la manera como conviven las Farc y el Eln e imparten “normas de convivencia” a la comunidad en temas de salud, educación, religión, manejo de tierras, uso del medio ambiente y hasta paseos familiares.
Una de las fuentes de información es una minuciosa bitácora documental sobre el proceso que durante tres años adelantaron las Farc y el Eln para resolver su guerra en Arauca a partir de 2008. El paquete completo fue incautado en una operación militar y detalla actas de compromisos, acuerdos y conclusiones para restituir su “gobierno conjunto” en Saravena, Fortul, Tame o Cubará.
El primer documento está fechado en septiembre de 2010 y el último en marzo de 2013. Paso a paso se explica el proceso de diálogo entre las organizaciones hasta dar por superada su guerra. Las fórmulas del arreglo prueban que son dueños de tierras y decisiones suficientes como para influir en la población en su misión de construir una “retaguardía internacional de lucha contra los flagelos que en la frontera amenazan al país vecino”: el narcotráfico y el contrabando.
Directrices que van desde no incentivar cultivos ilícitos en zonas donde no los haya o reglamentar el uso de material explosivo en cascos urbanos y centros poblados, hasta regular que para vender o arrendar predios se deben tener en cuenta “criterios de seguridad y confianza en los territorios”, lo que implica que no pueden hacerse transacciones sin previo aviso a una comisión guerrillera.
Es tan concreto el dominio que clandestinamente ejercen las Farc y el Eln en la frontera con Venezuela por Arauca, que sus comisiones de trabajo conjuntas detallan, predio por predio, más de cien fincas con nombres y coordenadas, donde se desarrollan actividades de producción de lácteos, ganadería, cría de especies menores, avicultura, reforestación de caños o apertura de trochas y caminos con sombra natural.
Hay fundos del Eln y de las Farc o de uso común. Otras donde han promovido “expropiaciones o decomisos por deudas”. Algunos hatos se detallan con corrales, tanques de enfriamiento de leche, siembra de cacao, queseras o simple vivienda para los milicianos. Tienen prohibidas las colonizaciones en zonas de reserva y cualquier comprador tiene que comprometerse a sus “leyes”.
En materia religiosa el control guerrillero es específico. Los pastores cristianos tienen que ser de la región, no pueden evangelizar casa por casa y tienen prohibido definir su afinidad política, participar en contiendas electorales o construir nuevos templos. El seguimiento a las actividades de organizaciones internacionales como Usaid de Estados Unidos, Acnur de la ONU o cultos extranjeros es estricto.
Los paseos de pesca o de familia deben ser consultados. Todo habitante que recomiende a un extraño o persona de otra región y esta presente mala conducta, responde ante la comunidad. Las tiendas o cantinas tienen prohibido vender bebidas embriagantes a personas con arma blanca. En medio de censos veredales, tienen reglas aparte contra comerciantes inescrupulosos o los vendedores de droga.
En síntesis, una administración paralela donde las Farc y el Eln son la autoridad. Un gobierno de facto en zona fronteriza que los investigadores del Centro de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica del Estado han venido verificando a través de la infiltración, el testimonio de milicianos capturados y la identificación plena de los jefes guerrilleros que comandan las estructuras armadas.
Como el principal objetivo institucional es proteger a la población y preservar los ejes viales o el oleoducto Bicentenario, la pesquisa de las Fuerzas Militares tiene información clave sobre la forma como los explosivistas hacen inteligencia y vuelan los tubos que conducen combustible, y la forma como manejan el contrabando de ganado o la venta y comercialización de armas y municiones.
Entre los mandos identificados aparece John Fredy Cortés Buriticá, alias Culebrito, perteneciente al frente Domingo Laín del Eln. El documento resalta su rol junto a otros jefes insurgentes, con nombres y actividades de líderes comunales, enlaces civiles o milicianos, constituidos en sofisticadas redes de apoyo que se especializan en cobro de extorsiones, acciones militares o actividades políticas.
Los investigadores sostienen que las informaciones obtenidas durante varios meses a través de medios técnicos y fuentes humanas son confiables y prueban el poder financiero y territorial que tienen las Farc y el Eln en la zona fronteriza con Venezuela en Arauca, y evidencian sus pretensiones conjuntas en un entorno geopolítico de apoyo al proyecto chavista que denominan “vanguardias revolucionarias”.
Aunque el informe fue puesto en manos de los principales mandos del Centro de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica del Estado en Arauca, con números de celulares por interceptar y clasificación de prontuarios, bienes inmuebles y conexiones de la guerrilla en la región fronteriza, no se sabe si las Fuerzas Militares y organismos judiciales hayan procedido.
Lo cierto es que entre Saravena, Tame, Fortul y El Amparo, a lado y lado de la frontera entre Colombia y Venezuela, con clara demarcación de territorios para evitar nuevos roces, las Farc y el Eln ejercen un control político y social con sus propios códigos de convivencia y planes de desarrollo para las comunidades, donde hasta el más mínimo escándalo callejero pasa por el ojo inspector de sus comandos.
Tarea de los centros de operaciones especiales
Según información oficial del Ejército Nacional, desde enero de 2014 el Gobierno Nacional creó el Centro de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado (Copei), con el propósito de proteger la infraestructura del país en respuesta a los ataques de los grupos armados ilegales. Según la institución castrense, elevando los niveles de seguridad se contrarrestan las acciones terroristas contra oleoductos, torres de energía, ejes viales, instalaciones petroleras y demás bienes estratégicos del Estado.
La base del trabajo es el intercambio de información oportuna con las Fuerzas Militares y de Policía, así como con las diferentes entidades oficiales. De esta forma se logran tomar las decisiones correctas en beneficio de la infraestructura de las regiones ante posibles amenazas o riesgos de ataque. En Colombia existen Copei en Bogotá y en los departamentos del Meta, Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Arauca y Bolívar.
