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En la Cámara de Representantes chocan cada año en promedio 50 carros, declaran como pérdida total un vehículo, se roban 50 celulares y computadores, tienen que indemnizar a cuatro ciudadanos o pagar la defensa de dos funcionarios. Recientemente se reportó el robo de varias pistolas, valoradas en $20 millones, y el de una costosa videograbadora de la Oficina de Prensa, valorada en $40 millones. Por hechos como estos, por lo que se daña, se pierde o se roban de sus instalaciones, la corporación les reclama a las aseguradoras casi $1.000 millones en promedio.
Los seguros están próximos a vencerse y por esta razón la Dirección Administrativa abrió la nueva licitación para elegir a las compañías que asumirán esta tarea durante seis meses, a partir de octubre. Por el historial de siniestros, el nuevo contrato para asegurar bienes y funcionarios costará casi $800 millones, lo que equivale a pagarle un salario mínimo a 1.500 personas.
Entre los seguros que se van a comprar están los de accidentes de tránsito (SOAT), para lo cual han destinado $64 millones; el global de manejo, que ampara detrimentos causados por empleados, la responsabilidad civil y gastos de defensa, por el que pagarán $70 millones, y los seguros contra todo riesgo para vehículos, bienes, muebles y equipos, para lo que reservaron $670 millones. Es evidente que por la cantidad de siniestros anuales, esta inversión, fuera de ser obligatoria, es más que necesaria.
Entre los documentos de la licitación, para que las aseguradoras analicen la conveniencia de participar, está el balance completo de siniestros ocurridos entre marzo de 2007 y agosto de 2012. En este tiempo se han hecho 734 reclamos por casi $5.200 millones, de los cuales las aseguradoras han reconocido casi $4.000 millones. El resto está en trámite o en litigio.
Los reclamos se podrían agrupar en categorías como seguros de vida, pago de indemnizaciones por accidentes, gastos de defensa, daños de equipos e instalaciones, robos y seguros de todo el parque automotor. Al estudiar el informe, a grandes rasgos se puede concluir que cada año cobran a las aseguradoras $200 millones por carros estrellados y $100 millones por carros robados o declarados como pérdida total. También, que cada año se presenta el robo de al menos dos armas, seis computadores y 40 celulares de la Cámara.
Sin embargo, al analizar en detalle el historial desde 2007 se encuentra que el reclamo por el que más han pagado las aseguradoras tiene que ver con vehículos, con desembolsos por casi $1.700 millones por daños, hurtos de elementos y hasta la destrucción total en accidentes de tránsito. El caso más frecuente es el de los choques, por lo que se presentaron reclamos que ascienden a $1.100 millones (ver infografía).
El que lidera esta especialidad es el representante Pedro Muvdi Arangüena, que ha causado daños en siete ocasiones a sus vehículos asignados, con un costo cercano a los $20 millones. Lo sigue el representante Buenaventura León, que en seis ocasiones ha causado daños a los vehículos, por un valor cercano a los $14 millones. Cierra el podio Carlos Alberto Cuenca Chaux, con cinco daños reportados, valorados en casi $8 millones.
Este escalafón cambia a la hora de buscar a quienes han hecho los daños más costosos a los vehículos de la Corporación. Lo encabeza el representante Roosvelt Rodríguez Rengifo, quien reportó en junio de 2010 el robo del carro de placa DCF 042, valorado en $115 millones. Luego viene la representante Victoria Eugenia Vargas, quien el año pasado estrelló dos veces el carro, con arreglos que costaron casi $40 millones.
A ellos los sigue el representante Carlos Andrés Amaya, que en menos de 60 días dañó el mismo vehículo dos veces, con arreglos que costaron $38 millones, hasta que lo declararon pérdida total. Por su parte, el exrepresentante Zamir Silva Amín generó daños a su carro por $37 millones. El único que ha tenido que indemnizar por muerte tras un accidente en el suyo es el representante Nicolás Antonio Jiménez Paternina.
A la gran cantidad de indemnizaciones cobradas a las aseguradoras por cuenta del manejo de los vehículos las siguen los seguros de vida. En total han reconocido pólizas por casi $1.300 millones, por la muerte de congresistas o funcionarios. El caso más reciente es el del congresista Felipe Fabián Orozco, quien falleció este año y por el cual pagarán casi $500 millones.
Pero en medio de este panorama de eventos, hay uno que llama la atención: el de los robos. A pesar de las estrictas medidas de seguridad, los ladrones han hecho de las suyas. En los últimos años han reportado el robo de casi 200 celulares de alta gama (en promedio 1,5 por representante), 40 computadores portátiles y de escritorio, 10 armas de fuego, cuatro chalecos antibalas y hasta una costosa cámara de video. En total, por estos robos, las compañías de seguros han tenido que reconocer casi $400 millones en indemnizaciones.
En cuestión de celulares, a los que más les han robado son la representante Rosmery Martínez y el funcionario Martín Ricardo Rincón, quienes han reportado cada uno el robo de cuatro teléfonos. A ellos los siguen los representantes Elías Raad Hernández, Álvaro Pacheco Álvarez, Carlos Alberto Cuenca, Manuel Antonio Carebilla, Diela Liliana Benavides y los exrepresentantes Germán Olano Becerra y Carlos Arturo Gálvez Mejía, con tres equipos reportados como robados cada uno. Estos representantes o exrepresentantes les han costado a las aseguradoras casi $40 millones en teléfonos.
Con la nueva licitación la Cámara de Representantes busca asegurar bienes avaluados en casi $245.000 millones, entre los que se incluye las instalaciones ($147.000 millones), muebles y enseres ($33.000 millones), maquinaria y equipos ($47.000 millones), software ($1.900 millones), elementos de almacén ($1.000 millones), dinero de caja fuerte ($100 millones), obras de arte ($5.000 millones), armamento ($1.300 millones), archivos ($6.000 millones) y celulares ($300 millones).
Uno de los requisitos incluidos en el pliego de condiciones es que no deban pagar deducible, algo que los expertos en seguros señalan como una situación ventajosa para la entidad, pero promueve la falta de interés por cuidar las cosas. “Pagar un porcentaje por el daño causado hace parte del negocio, pero también promueve que quien tiene el bien lo cuide. Si no existe ese pago, pues seguro poco le va a importar si lo dañan o lo roba”, indicó Johnatan Gómez, abogado de la vicepresidencia jurídica de Fasecolda (gremio de las aseguradoras).
El plazo para presentar propuestas se cierra este lunes y el próximo jueves se conocerá la evaluación de las empresas interesadas en ganarse el contrato. El próximo 27 se hará la adjudicación.