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El pasado 13 de enero en Angelópolis (Antioquia) fallecieron tres mineros y otro sufrió graves quemaduras por una explosión de gas en el interior de la mina Santa Ana. Casi tres meses antes otra tragedia había puesto de luto a varias familias antioqueñas. En un accidente en la mina La Cancha, en Amagá, murieron doce mineros. La hipótesis que se manejó sobre la causa de la tragedia fue la imprudencia de los trabajadores, pero también se cuestionó la falta de vigilancia por parte de las autoridades.
Una función de fiscalización que le corresponde actualmente a la Agencia Nacional de Minería (ANM), que buscó apoyo externo para auditar todos los títulos mineros en el país. No obstante, cuando los funcionarios de la agencia fueron a revisar el caso de la mina de Angelópolis encontraron, con sorpresa, informes que señalaban que en ese municipio no se registraba actividad minera. Este y otros casos desembocaron en controversia y dejaron al descubierto las anomalías en la ejecución de un millonario convenio para realizar la inspección de al menos 10.000 títulos mineros por $341.000 millones que el 27 de diciembre de 2011 firmaron el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y el Servicio Geológico Colombiano, antes Ingeominas.
El origen del litigio que hoy enfrenta a dos entidades fue la reestructuración que en 2010 hizo el Gobierno para optimizar el manejo de los recursos que reciben las regiones por concepto de regalías. Mediante una disposición legal se ordenó la entrega de dineros y se definió que el 2% del dinero recibido por la explotación de minerales se destinaría a la auditoría. Para ese momento el entonces viceministro y hoy ministro de Minas, Tomás González, tomó la decisión de contratar un estudio con una consultora internacional a fin de tener un panorama más preciso del sector.
La seleccionada fue McKinsey & Company, Inc., una consultora estratégica global que hizo el estudio y determinó las condiciones de fiscalización de los títulos mineros. Entre otros puntos, se establecieron visitas de inspección al menos cuatro veces al año cuando se tratara de actividades de explotación y dos veces por exploración. Un experto en el tema señaló a El Espectador que allí comenzó el lío, en razón a la difícil geografía, el orden público y los costos, era prácticamente imposible cumplir con esa misión. “En países desarrollados como Canadá se hace aleatoriamente”, precisó.
Vendría entonces una segunda fase: la entrega de los recursos. Como no se tenía la infraestructura, los millonarios aportes le fueron entregados a Fonade con el propósito de que adelantara una licitación pública para contratar empresas que hicieran la labor de fiscalización. Luego de un proceso de casi un año, el 27 de junio de 2012 Fonade lo adjudicó a dos proponentes. El Consorcio HGC, conformado por HMV Ingenieros Ltda. y Genivar Inc. Sucursal Colombia, y el Grupo Bureau Veritas-Tecnicontrol, integrado por Tecnicontrol S.A., Bureau Veritas Colombia Ltda. y BVQI Ltda, con un 1% restante. Para ese entonces el Ministerio de Minas había delegado en la naciente Agencia Nacional de Minería la función de fiscalización de títulos mineros y por ende el manejo del convenio con Fonade.
Empezó la ejecución del contrato con los dos consorcios, y también con problemas contractuales. Se encontraron, por ejemplo, dificultades para contratar ingenieros que hicieran las auditorías, debido al ofrecimiento de salarios poco competitivos frente al mercado y la supuesta aparición de recomendados de varios congresistas para trabajar en Fonade. “Esto derivó en retrasos para iniciar las labores de inspección”, destacó un exempleado de uno de los consorcios. Sin embargo, poco a poco se fueron desembolsando millonarias cifras a las empresas (ver línea de tiempo).
Los líos no pararon allí. En la Agencia Nacional de Minería tampoco funcionaron algunos temas. La supervisión fue insuficiente, se hicieron cinco modificaciones en la forma de pago del convenio y no había claridad en el giro de dineros a los consorcios, que para ese momento ya superaban los $200.000 millones.
El 13 de junio de 2014 vendría otra advertencia a la agencia sobre lo que estaba pasando. En un informe de 84 páginas, la contralora delegada Juanita de la Hoz advirtió a la directora de la agencia, María Constanza García, sobre diversas irregularidades en la ejecución del convenio con Fonade. Informes de fiscalización que no reflejaban lo que realmente estaba sucediendo en la zonas mineras, como el caso de Angelópolis, y otros informes con retrasos que impidieron la toma de decisiones oportunas, como la cancelación de títulos. Se detectó además el aparente uso indebido de recursos y la no entrega de un catastro minero nacional.
Posteriormente, en septiembre de 2014, hubo cambio de mando en la Agencia Nacional Minera. Llegó a la presidencia la administradora Natalia Gutiérrez. Por su parte, el 21 de abril de 2015, y luego de varios meses sin titular, fue nombrado en Fonade el ingeniero cartagenero Alfredo Bula. Fueron tantos los líos que se derivaron del convenio heredado por los dos funcionarios que entró en liquidación y se inició un insólito litigio entre las dos entidades del Estado. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ya intervino para buscar una solución. “Se quiere evitar una demanda a Fonade, entidad controlada por la Superintendencia Financiera, y prevenir que entre en causal de disolución” explicó un funcionario cercano al proceso.
Por ahora, la agencia contrató a la Universidad de Antioquia para que revise lo que hicieron los dos consorcios privados contratados por Fonade. Ya se giraron $230.000 millones de los $341.000 que vale el convenio. Se evalúan las consecuencias económicas, disciplinarias y penales del caso. El asunto llegó a la Casa de Nariño y allí se dio la orden de llegar a un acuerdo. Los consorcios defienden su trabajo. Urge vigilancia adecuada a los títulos para que tragedias como las de las de Angelópolis o Amagá se puedan evitar.
nquevedo@elespectador.com