Una comisión de éxito de Odebrecht

A la crisis del proyecto para la navegabilidad del río Magdalena, a raíz del escándalo de corrupción, se suma ahora un pago a una banca de inversión.

Juan Manuel Martínez, socio director de Bonus Banca de Inversión SAS.
Juan Manuel Martínez, socio director de Bonus Banca de Inversión SAS.

Como en la mítica caja de Pandora, el escándalo de los sobornos pagados por la firma brasileña Odebrecht sigue causando sorpresas. Primero fue la Ruta del Sol Sector 2. Después el túnel Tunjuelo-Canoas para la descontaminación del río Bogotá. Luego entró al baile el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Esta semana fue la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Mientras los organismos de control escarban contratos, continúan apareciendo protagonistas a la sombra del dossier Odebrecht.

Aunque el capítulo penal del escándalo por ahora se limita a las actuaciones del exviceministro de Transporte Gabriel García Morales y el exsenador Otto Bula, ambos por irregularidades en el contrato de la Ruta del Sol Sector 2, las averiguaciones también se concentran en el contrato de asociación público privada para el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, suscrito el 13 de septiembre de 2014, cuya suerte tendrá que definirse antes del 22 de febrero para que la obra pueda concluir o no en manos de Odebrecht.

Ya se sabe que en esta obra también apareció el exsenador Otto Bula como beneficiario de un contrato con Odebrecht para asesorar la búsqueda de una empresa idónea para el cierre financiero del negocio. Ahora, la revisión del contrato de septiembre de 2014, contenido en 250 páginas, permite establecer que la sociedad Navelena SAS, responsable de la obra, también aceptó cancelar una comisión de éxito a una banca de inversión, a través de un contrato de consultoría para la estructuración financiera y legal del proyecto.

Se trata de un pago de honorarios a la firma Bonus Banca de Inversión SAS, incluido en la última cláusula del contrato, que le permitió recibir $3.956 millones por concepto de comisión de éxito porque finalmente la sociedad Navelena fue el único proponente para la realización de la obra. Aunque en principio Navelena compitió contra ocho grupos, entre firmas chinas, españolas, belgas y holandesa, al final pudo más la unión de la multinacional brasileña Odebrecht y la colombiana Valores y Contratos (Valorcon), los dos socios de Navelena.

Respecto de esta comisión de éxito existe una controversia por saldar. El Espectador consultó a María Margarita Zuleta, directora de Colombia Compra Eficiente, quien observó que no es frecuente que en un contrato público se incluya una comisión de éxito y que en la mayoría de casos puede ser ilegal. De todos modos, agregó la abogada, ex zar anticorrupción del primer gobierno de Álvaro Uribe, son comisiones que suenan a intermediación, no son habituales y podrían afectar principios de la competencia abierta en la contratación pública.

Otra cosa piensa Juan Manuel Martínez Paz, socio director de Bonus Banca de Inversión SAS, quien sostiene que estas comisiones de éxito son normales, que incluso existen pronunciamientos del Consejo de Estado que las permiten y que hay antecedentes en el Departamento Nacional de Planeación que las han incluido. Martínez insistió que ese contrato lo ganó en un concurso de méritos y que lo que hoy se cuestiona en el negocio de Navelena no es la estructuración financiera del proyecto, sino el tema reputacional de Odebrecht.

En apoyo a su tesis, Martínez Paz observó que, por ejemplo, todos los procesos ante el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial que tengan que ver con una banca de inversión incluyen la comisión de éxito. “Es una práctica común a nivel internacional, recalcó el socio director de Bonus Banca de Inversión, y en apoyo de su criterio expuso varios contratos, como obras en los acueductos de Santa Marta y Bogotá, en Parques Nacionales, la ciudadela judicial para Bogotá o las estaciones del metro de Medellín, entre otras.

Sin embargo, no es la primera vez que el nombre de Juan Manuel Martínez Paz aparece en capítulos de escándalo. En el proyecto para la construcción de la doble calzada Bogotá-Girardot apareció en la lista de personas a quienes el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidió investigar penal y disciplinariamente, tras la declaratoria de nulidad del contrato suscrito en 2004 entre el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y la Concesión Autopista Bogotá-Girardot, representada por el condenado empresario Guido Nule.

En dicho negocio, Martínez Paz intervino en el proceso licitatorio y, según el Tribunal de Cundinamarca, junto a algunos funcionarios hizo parte de “las múltiples maniobras que se realizaron para desvirtuar la experiencia del Consorcio Sumapaz”, perteneciente al contratista Mario Huertas, quien debió ganar esa licitación y finalmente demandó el proceso. Por el mismo negocio terminaron enredados los hermanos Miguel y Manuel Nule y su primo Guido, así como el hoy condenado exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas.

De igual modo, el nombre de Juan Manuel Martínez Paz apareció en una investigación por un contrato de concesión celebrado entre el Inco y la Unión Temporal Malla Vial Valle del Cauca. El negocio permitió ampliar una concesión que se vencía en el año 2019 hasta el año 2054. A mediados de 2016, la Fiscalía planteó que no tenía justificación la ampliación de ese contrato y que se incluyeron aspectos que sólo favorecían al concesionario en detrimento de la Nación. Entre los indagados se incluyó al conocido contratista Carlos Solarte.

Respecto de estos y otros casos con ecos judiciales en los que ha aparecido el nombre del socio director de Bonus Banca de Inversión, el propio Martínez Paz le comentó a El Espectador que en todos los procesos en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría ha salido absuelto. Martínez puntualizó que su pesadilla ha sido haber aceptado ser subgerente de estructuración del desaparecido Inco en 2004, pero que no tiene nada que ocultar y puede dar las explicaciones sobre todos los proyectos en los que ha intervenido por comisión de éxito.

Según el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, la sociedad Bonus Banca de Inversión fue creada en noviembre de 2005 en la Notaría 41 de Bogotá, con el propósito de proveer toda clase de servicios de asesorías, interventorías y consultorías, tanto a nivel nacional como internacional, para sociedades nacionales o extranjeras, particulares, el Estado o cualquier entidad administrativa de orden departamental, municipal o nacional, pudiendo participar en cualquier tipo de licitación.

Además del ingeniero payanés Juan Manuel Martínez Paz, quien ocupa la gerencia de la banca de inversión, en el certificado aparece Emmanuel Cáceres de Kerchove como su socio principal. La página web de Bonus Banca de Inversión SAS señala que la firma ha estructurado proyectos por más de $25 billones y entre sus transacciones, además del proyecto para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, incluye gestiones con Hidroituango, los aeropuertos de Armenia, Pereira y Cartago o las salinas de Manaure, entre otros.

Al margen de las dudas que surgen frente a su comisión de éxito en el contrato de asociación público privada para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, los responsables de la obra –Odebrecht con el 87 % de la sociedad Navelena y Valorcon con el 13%– enfrentan ahora un dilema mayor. El banco japonés Sumitomo Mitsui le retiró el respaldo financiero a ese negocio ante el escándalo internacional por los sobornos de la multinacional brasileña. La sociedad Navelena tiene hasta el 22 de febrero para aportar una solución.

El banco japonés había negociado un crédito por US$250 millones con el consorcio Navelena, pero el caso Odebrecht lo sacó corriendo. Ahora se dice que los responsables de la obra buscan el apoyo del grupo Carso, del magnate mexicano Carlos Slim; de la firma Jan de Nul, de Bélgica, que ha venido trabajando con la draga situada en el canal de acceso a Barranquilla; o de la firma china Powerchina, que ya había participado aportando estudios sobre el río Magdalena. Cualquiera de estas firmas entraría por la figura de cesión del contrato.

Ante la disyuntiva del consorcio Navelena, Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y encargado de la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) –entidad del Estado que suscribió el contrato–, ha sido claro en advertir lo que puede suceder. Si Navelena no concreta una alternativa para la cesión del contrato y conseguir los recursos, la opción del Estado no puede ser otra que declarar su caducidad y abrir una nueva licitación, que incluso está siendo estructurada.

De llegar a esta situación extrema, uno de los proyectos bandera de la administración Santos quedaría sujeto al aplazamiento. El camino de abrir un nuevo proceso de licitación para el proyecto de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena podría durar hasta seis meses. Lo más seguro es que Odebrecht salga del negocio. Su socio en Navelena, Valorcon, de la familia Gerlein de Barranquilla, espera salir avante de la debacle. Si se confirma que Otto Bula empieza a colaborar con la Fiscalía como testigo, otro gallo puede cantar para todos.

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La mayoría de contratos públicos

La revisión de los negocios de Bonus Banca de Inversión desde que se constituyó en noviembre de 2005 revela como antecedente que su gerente, Juan Manuel Martínez Paz, se había desempeñado pocos meses atrás en un puesto clave en el Inco: subgerente de estructuración de proyectos. Casi desde sus inicios, la compañía tuvo negocios en su gran mayoría con el sector público. Frente al tema, Martínez explicó que decidieron especializarse en lo estatal, como quiera que se expidió la Ley 1508 de 2012, mediante la cual se establece el régimen jurídico de las asociaciones público-privadas, lo que abrió nuevas oportunidades de negocio. Martínez descartó cualquier padrinazgo político y señaló que todos los procesos contractuales los ha ganado por mérito.

Últimos desarrollos del proceso en otros países

El caso Odebrecht sigue salpicando a pesos pesados de la política en Latinoamérica. Por ejemplo, en Perú, se ha denunciado en las últimas horas que la Fiscalía Anticorrupción de ese país detectó que el expresidente Alejandro Toledo habría recibido sobornos por US$20 millones para favorecer a la empresa Odebrecht con la licitación del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica.
En Argentina, el Ministerio de Economía elabora un dossier con las reuniones que, en los últimos 10 años, tuvieron funcionarios con la constructora Odebrecht en los dos últimos gobiernos. Por eso en los próximos días se conocerán los nombres de funcionarios de los gobiernos de Cristina Kirchner y el actual Mauricio Macri.
A comienzos de esta semana, en Brasil, la Suprema Corte homologó las declaraciones realizadas por 77 exejecutivos de Odebrecht. Éstas salpican a parlamentarios y políticos, incluido el presidente del país, Michel Temer, después de que el magistrado instructor del caso, Teori Zavascki, falleciera.