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El secuestro del periodista Javier Ortega, de 32 años; del fotógrafo Paul Rivas, de 35 años y del conductor Efraín Segarra, de 60 años, se aleja cada vez más del “bajo perfil” con que querían manejarlo las autoridades colombianas y ecuatorianas. Más de 500 periodistas ecuatorianos firmaron una carta exigiendo no solo su liberación sino “corresponsabilidad” para abordar este delicado asunto, y a ese clamor se acaban de sumar 70 organizaciones y periodistas colombianos.
“Los firmantes planteamos a los gobiernos de Colombia y Ecuador que coordinen las acciones necesarias para garantizar la liberación inmediata de los periodistas. La seguridad de la frontera colombo-ecuatoriana es responsabilidad de ambas naciones y los dos gobiernos deben velar por la seguridad de los secuestrados”, exclamaron los firmantes.
(Lea: "No queremos rescate a sangre y fuego": hermano de periodista ecuatoriano secuestrado)
Los tres hombres, integrantes de la redacción del diario ecuatoriano El Comercio, fueron plagiados el pasado 26 marzo, lunes santo. Habían viajado a la zona para indagar por el caso de tres militares que murieron días atrás, a raíz de la explosión de un artefacto en Mataje, una zona que pertenece a la provincia de Esmeraldas y que es fronteriza con el departamento colombiano de Nariño. Fue ahí mismo, en Mataje, donde los tres trabajadores de El Comercio fueron secuestrados.
“Insistimos en que los periodistas fueron a cumplir su deber de informar sobre hechos de alto interés público y los Estados tienen el alto deber de proteger su trabajo e integridad”, manifestaron los periodistas y organizaciones colombianas. “Nos permitimos recordar que las acciones de violencia contra periodistas y miembros de medios de comunicación constituyen una de las formas de censura más extrema”.
Desde que se cometió el secuestro, oficialmente no había habido información sobre el estado de las víctimas o sobre su ubicación, pues mientras Ecuador dice que están en territorio colombiano, Bogotá lo desmiente. Pero justo anoche, a medianoche, Noticias RCN divulgó un video de supervivencia de los cautivos. El hermano del periodista Ortega, Alexánder Ortega, le contó a El Espectador que ese material lo habían conocido las familias de las víctimas la semana pasada.
La revelación de la prueba de supervivencia no cayó nada bien entre los altos funcionarios del gobierno de Ecuador, quienes, al principio, ni siquiera querían revelar los nombres de los secuestrados. “Reiteramos nuestro pedido a los medios de comunicación nacionales para un uso responsable y correcto de la información, que no lesione a los familiares, ni afecte de modo alguno el proceso de investigación”.
En el video se ven los tres hombres amarrados con candados y cadenas alrededor de sus cuellos. “En sus manos están nuestras vidas, ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas”. Javier Ortega, el único que habla, confirma que están en poder del frente Oliver Sinisterra, el cual se encuentra bajo el mando de alias Guacho.
“Con la divulgación del vídeo como prueba de vida, hemos podido conocer que, contrario a lo planteado por las autoridades de Ecuador, las condiciones no son buenas o ‘estables’ y atentan contra la dignidad humana. Han pasado 8 días sin resultados de las negociaciones y el tiempo juega en contra de la salud de los periodistas. Se necesita más transparencia del Gobierno del Ecuador y mayor colaboración del Gobierno de Colombia”, señalaron los periodistas colombianos.
Entre los firmantes están el Instituto Prensa y Sociedad tanto de Perú como de Venezuela, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, la Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, el Sindicato de Periodistas del Paraguay, la Fundación para la Libertad de Prensa, el Comité para la Protección de los Periodistas, Connectas y varios periodistas asociados a cadenas internacionales. Quien recoge sus firmas es Fundamedios, agrupación ecuatoriana que defiende la libertad de prensa.
Le piden a los gobiernos de Ecuador y de Colombia cuatro cosas: que se reconozca que esta es una "una grave violación de la libertad de prensa"; que se admita que "no estamos ante un caso de delito común y que el secuestro de periodistas implica la aplicación de protocolos específicos"; que se acepte que "hay una situación grave de seguridad en la frontera colombo ecuatoriana que involucra a los dos países y exige acciones de los dos gobiernos"; y que se actúe con transparencia sobre "la información sobre lo que sucede con el equipo periodístico y en general sobre la situación de seguridad en la zona de frontera".