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La polémica reciente por el caso de Rosa Elvira Cely, que surgió cuando El Espectador contó que la Secretaría de Gobierno de Bogotá la había culpado del ataque por el que murió, sigue tiñéndose de color político. Esta vez quien salió a hablar fue Gloria Flórez Schneider, secretaria de Gobierno de la Alcaldía Petro de octubre de 2014 a diciembre de 2015. La exfuncionaria señaló en un comunicado que rechazaba “los argumentos de defensa de la Administración (Peñalosa) que pretendan culpabilizar Rosa Elvira Cely de su violación, empalamiento y feminicidio”. (Lea: Secretaría de Gobierno de Bogotá culpa a Rosa Elvira Cely de su propio ataque)
Hasta ahí, una discusión más entre políticos la administración de Enrique Peñalosa y sus antecesores, quienes desde que salieron del Palacio Liévano han criticado fuertemente la gestión del nuevo alcalde de Bogotá. En el comunicado de la exsecretaria Gloria Flórez, sin embargo, se asegura que “la demanda contra el Distrito interpuesta por las víctimas no fue notificada a la secretaria de Gobierno durante la vigencia de la Bogotá humana (…) luego la respuesta de la demanda está bajo absoluta responsabilidad de la administración actual”. (Lea: 'Están haciendo política con el caso Rosa Elvira Cely': Miguel Uribe Turbay)
Con esa postura, queda claro que la Alcaldía Petro quiere zafarse de esta tormenta política en la que se encuentran sus sucesores por, cuando menos, no haber prestado atención al caso más sensible de solicitud de reparación que reposaba en la Secretaría de Gobierno Distrital. Flórez tiene razón en que la respuesta de la demanda le correspondió sólo a la Alcaldía Peñalosa: el juez 37 administrativo de oralidad, quien maneja este proceso, apenas en enero de este año le pidió a la Secretaría de Gobierno de Gobierno de Bogotá –y a la de Salud, a la Policía y a la Fiscalía– que contestara la demanda. (Lea: Alcaldía de Bogotá evalúa conciliar por caso Rosa Elvira Cely)
No obstante, eso no quiere decir que la Alcaldía Petro no haya tenido nada que ver con esa demanda. Antes de irse para jueces, hubo un intento de conciliación tramitado a través de la Procuraduría. Y en julio de 2014, es decir, tres meses antes de que Gloria Flórez se posesionara como secretaria de Gobierno, el comité de conciliación de ese despacho abordó el proceso. Luz Stella Boada, la misma abogada que escribió que si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con sus compañeros de clase en la noche hoy no se lamentaría su muerte, encabezó el comité en nombre de la Secretaría de Gobierno de Bogotá.
En un documento del 28 de julio de 2014, en poder de este diario, se lee que la madre y los hermanos de Rosa Elvira Cely pedían que se declarara responsable a la Línea 123, que depende de la Secretaría de Gobierno, por su falta de eficacia en la madrugada del 24 de mayo de 2012, después de que Javier Velasco hubiera agredido brutalmente a Rosa Elvira. “Sugiero a los miembros del Comité Interno de Conciliación no presentar ninguna fórmula conciliatoria, por cuanto la actuación (…) se llevó a cabo conforme a las funciones asignadas, de manera oportuna, eficaz y eficiente”.
Luz Stella Boada es una abogada que lleva trabajando con el Distrito varios años. Aparece, por ejemplo, como integrante del comité de conciliación de esa Secretaría en actas del año 2002, cuando el alcalde era Antanas Mockus. Su argumentación al contestar la demanda de la familia Cely en 2016 fue la misma que expuso en el comité de conciliación en 2014, cuando Petro era alcalde: que la Línea 123 había hecho su trabajo como correspondía. En abril de este año, sin embargo, agregó 15 líneas y señaló que lo ocurrido también era “culpa exclusiva de la víctima”. Hoy, la Alcaldía de Peñalosa revisa si se puede conciliar con la familia de Rosa Elvira Cely.
El secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, ofreció disculpas, admitió un “cortocircuito” con su propia oficina jurídica y aseguró que “ni este ni ningún caso de violencia contra la mujer debería utilizarse para hacer política”. Ocupando el cargo que ocupa, era evidente que un error de este tamaño se lo cobrarían sus detractores. Entre ellos, el exalcalde Gustavo Petro, quien desde su cuenta de Twitter ha lanzado varios dardos especialmente contra él. “Este es el concepto central de la seguridad turbayista”, fue uno de sus comentarios, comparando la posición en el caso Rosa Elvira con el infame Estatuto de Seguridad que promovió el abuelo de Miguel Uribe, el expresidente Julio César Turbay, a finales de los 70.
Pero, independiente de los señalamientos de Petro y exfuncionarios, lo inaudito es que esa respuesta se hubiera presentado ante un juez hace más de un mes y el secretario Uribe no hubiera estado atento al caso más simbólico de violencia de género que tiene a cargo su oficina. Tan inaudito como que Petro y sus exfuncionarios usen el tema para buscar capital político.
Mientras las administraciones de Gustavo Petro y de Enrique Peñalosa se enfrascan en esta polémica, en el medio permanece la familia de Rosa Elvira Cely, cuyo nombre es también el de la ley de feminicidio en Colombia. A ellos les interesa la reparación para, sobre todo, asegurar el futuro de María Aurora Cely y de Dani*, madre e hija de Rosa Elvira. A esta familia, ha advertido Adriana Arandia Cely, hermana de Rosa Elvira, no le interesa para nada el show político que otros insisten en protagonizar.
*Nombre cambiado para proteger la identidad de la menor de edad.