Las declaraciones fueron suficientes. Según el cabo Carlos Eduardo Mora de la Brigada Móvil No. 15 y vinculado con los ‘falsos positivos’ de Soacha, cuando se atrevió a denunciar que sus superiores, los coroneles Santiago Herrera y Gabriel de Jesús Rincón, sabían de los asesinatos de jóvenes que luego eran presentados como guerrilleros dados de baja en combate, su abogada Hilda Lorena Leal Castaño lo llamó para decirle que “no declarara en contra de los militares, que yo también era un militar, o que si yo estaba comprado por la Fiscalía”.
Y agregó que en otra ocasión, Leal Castaño le dijo que “no me preocupara por unos gamines, que los coroneles iban a terminar libres y que yo iba a terminar en la cárcel por haber declarado en contra de ellos”.
Pero además, el Consejo Superior de la Judicatura encontró pruebas de que la abogada presionó a sus defendidos para que inculparan al fiscal 73 quien dirige las investigaciones por los ‘falsos positivos’ de la Brigada Móvil No. 15, que hasta que fue reemplazada en 2010 por culpa del escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, tuvo su sede en Ocaña (Norte de Santander).
Por ejemplo, el cabo Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, otro vinculado a este proceso, señaló que la abogada lo presionó para que implicara al fiscal con presuntas agresiones en su contra y que en 2010 le dijo que no se preocupara que el fiscal estaba perdido con sus denuncias y las de otro abogado de Bucaramanga. Así lo informó el diario La Opinión de Cúcuta.
Por todo esto, el Consejo Superior de la Judicatura le quitó a Hilda Lorena Leal Castaño su tarjeta profesional y le impidió volver a ejercer la abogacía. Mientras tanto, continúa el proceso por los ‘falsos positivos’ de Soacha que destapó el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales que, según la Fiscalía, habría sido cerca de 1800 durante el gobierno de Álvaro Uribe.