Los exdirectores del IDU Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez serán investigados disciplinariamente por la Procuraduría General por su presunta participación en las irregularidades en la entrega del contrato de la reparación de la malla vial en Bogotá.
El Ministerio Público formuló pliego de cargos contra la exdirectora del IDU están relacionados con omitir el control y vigilancia de la ejecución de los contratos, lo que conllevó a que se presentara un significativo atraso de algunas obras, baja amortización de los dineros entregados al contratista por concepto de anticipo y posible detrimento patrimonial.
En el caso de Liliana Pardo Gaona, se formularon cargos por adjudicar la Licitación Pública a la Unión Temporal GTM, sin haber verificado y efectuado una selección objetiva de los contratistas en cuanto a capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y organización de los oferentes.
Igualmente se señala que en el contrato 071 de 2008, la firma Translogistic, que aportaba el 40% de participación, presentaba estados financieros que indicaban la poca capacidad de contratación que tenía al momento de la licitación. En el contrato 072/2008, la firma Bitácora Soluciones Ltda., presentó debilidades en sus estados financieros y pese a ello tenía el 50% de participación.
De otra parte, en la adjudicación que hizo de la Licitación Pública a la Unión Temporal Vías de Bogotá 2009, se suscribió el contrato 072 de 2008, sin que dicha Unión Temporal cumpliera con lo exigido en los pliegos de condiciones.
Por estos mismos hechos serán investigados Ana María Ospina Valencia, subdirectora general corporativa; Luis Esteban Prada Breton, subdirector general técnico; Inocencio Meléndez Julio, director técnico legal; Luis Eduardo Acosta Medina, director técnico de Malla Vial; Luis Rafael Barrera Márquez, subdirector técnico de Licitaciones y Concursos, Eliana Constanza Medina Pabuence.
Además de la directora técnica de Mantenimiento, y Lucy Yaneth Sánchez, William Fabián Calderón y Helda María Torres, profesionales universitarios para la época de los hechos, por conductas irregulares de tipo contractual, a raíz de la adjudicación de los contratos en 2008.
El presunto detrimento patrimonial en la etapa de ejecución de los citados contratos, según informe de la Contraloría de Bogotá, está por cuantías de 19.500 millones de pesos.