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En el marco de una investigación del Grupo de Trabajo para la Investigación de delitos que afectan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, una fiscal ordenó la apertura de investigación contra el viceministro de Agricultura y exalcalde de Santa Marta, Juan Pablo Díaz-Granados Pineda. Los hechos por los que es investigado, bajo la Ley 600, son por el pago de $16.000 millones en servicios de salud entre 2008 y 2012 cuando estaba al frente de la alcaldía y que no estuvieron bajo la revisión de un proceso de auditoría.
Junto a al viceministro, también están siendo investigadas la exsecretaria de Hacienda de Santa Marta, Manira Guerra De la Espriella, y la exsecretaria de Salud, Mary Desideria García Velásquez. Los tres fueron vinculados este 11 de mayo mediante indagatoria y deberán responder por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros.
Según la Fiscalía, todo se centra en la suscrición de varios acuerdos de pagos en los que la alcaldía de Santa Marta asumió obligaciones para pagar servicios de salud por miles de millones de pesos que estaban siendo objeto de reclamación judicial. Es decir, los dineros no podían desembolsarse porque ante la justicia se adelantaba un proceso para evitar el pago de esos $16.000 millones.
Además, la fiscalía sostuvo que al parecer esos acuerdos no estuvieron precedidos por una autoría que estableciera la existencia de facturas o cuentas de cobro que tuviera que pagar la alcaldía. Aún no se ha establecido la fecha en la que el viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura tenga que ir a rendir indagatoria.