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Tras cinco años de espera, Verónica Botero está muy cerca de poder adoptar a la hija de su pareja, Ana Léiderman, y ponerle fin a la larga lucha que ha dividido a Colombia y que tiene a la comunidad LGBTI soñando con la posibilidad de que una nueva ley acabe con las restricciones para que las parejas homosexuales adopten, tal como lo hacen las parejas heterosexuales. En un fallo calificado como histórico por Mauricio Albarracín, director de la ONG Colombia Diversa, la Corte Constitucional consideró “inaceptable” que el ICBF haya excluido a Verónica y a Ana del proceso de adopción por el simple hecho de ser lesbianas.
Ese alto tribunal, con una votación de 6 a 3, le ordenó a esa entidad seguir con el proceso —que según Albarracín se encuentra ya en su recta final— y estableció que de ahora en adelante esa entidad “no podrá oponer la orientación sexual de las personas para desvincularlas de este trámite”. Es decir, que aunque no avaló directamente la adopción por parte de parejas homosexuales, sí acabó, por lo menos, con esta restricción. “Se está quitando de por medio esa talanquera”, sostuvo el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva.
No obstante, el presidente de la Corte Constitucional indicó que este fallo vincula, única y exclusivamente, a los casos de adopción por consentimiento; es decir, aquellos en los que el padre o la madre biológica del menor consientan que su hijo sea adoptado por su compañero permanente del mismo sexo y que entre todos haya habido, por lo menos, dos años de convivencia, como ocurre en el caso de Verónica y Ana. A lo que se suma que, al igual que con las parejas heterosexuales, las parejas homosexuales que se encuentren en la misma situación que Ana y Verónica y quieran adoptar, tendrán que demostrar que cuentan con los requisitos para ello. Mejor dicho, no todas las parejas homosexuales podrán adoptar basadas en esta decisión de la Corte.
De acuerdo con Vargas Silva —aunque hubo cuatro magistrados que consideraron que la Corte debía ir más allá de la demanda y referirse a todos los casos de adopción por parte de las parejas homosexuales—, al final la Corte se decantó por dejar en manos del Congreso la tarea de legislar para acabar de manera definitiva con estas restricciones en contra de las parejas homosexuales. Aunque, dijo, “al Congreso ya se le han dado muchas oportunidades para que legisle al respecto. Lamentablemente no lo ha hecho”. La Corte espera que el Legislativo tome por fin cartas en el asunto. Hay que recordar que en la Corte Constitucional se estudia actualmente una demanda de constitucionalidad que, esa sí, podría abrir la posibilidad para que todas las parejas homosexuales adopten.
“Es un fallo histórico no solo porque se protegen lo derechos de los niños, sino también los de las mamás. Es un fallo que reconoce que la orientación sexual no puede ser un obstáculo para adoptar y que además protege a todas las familias que ya tienen hijos en este momento; es decir, la Corte no se pronunció sobre la adopción conjunta porque no era el tema de la demanda, en este tipo de adopción la Corte ha reconocido los derechos de los homosexuales”, sostuvo Mauricio Albarracín.
Y agregó que “sumando el caso de Chandler Burr sobre la adopción consentida, lo que se está haciendo es eliminando una restricción para las parejas del mismo sexo. Hacemos un llamado para que el ICBF termine el trámite administrativo que ya inició hace más o menos un año, en el cual Ana y Verónica ya superaron todas las pruebas y solamente falta el visto buena de la oficina jurídica del ICBF. Cinco años de espera es demasiado para una familia. Pedimos que no haya más dilaciones en este caso”. Albarracín concluyó diciendo que este es un gran antecedente para la demanda de constitucionalidad que estudia actualmente la Corte Constitucional y que cree que “estamos muy cerca de lograr la igualdad total para las parejas del mismo sexo”.
En la otra orilla, el procurador Alejandro Ordóñez, férreo opositor a la adopción gay, sostuvo que los “derechos de los niños son prevalentes. Ellos tienen derecho, como consecuencia, a tener papá y mamá”. E indicó que “la Procuraduría no está de acuerdo, pero es importante advertir que esta decisión tiene efectos respecto a las personas que estuvieron vinculadas al proceso. No tiene efectos de carácter general. No vincula a otros ciudadanos. La Procuraduría reitera que los niños tienen derecho a tener papá y mamá y que el matrimonio solo se puede entre el hombre y la mujer, según la ley”.
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