El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Guillermo Guerrero, explicó que bajo el principio de separación de poderes, la Sala Plena decidió tumbar los numerales H y J del acto legislativo 1 para la paz de 2016, por medio del cual se avaló el fast track lo que no significa, según él, estar en contra del Acuerdo de Paz.
“Abrir espacios de liberación democrática no puede entenderse como una amenaza o como una resta al proceso de paz. Yo diría que, por el contrario, es una suma y un aporte al proceso de paz. Le da legitimidad a las decisiones, consenso y un escenario para buscar mayor compromiso de toda la sociedad con el Acuerdo”, manifestó el magistrado Guerrero.
Según el presidente del alto tribunal, los dos numerales resultaban incompatibles con el principio de separación de poderes ya que “establecían unas restricciones y limitaciones a la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso la República”.
El magistrado Luis Guillermo Guerrero reconoció que existe una afectación del fast track porque era más “libre”. “Pero lo que la Corte señala es que el espíritu del este mecanimos rápido, como instrumento de implementación del Acuerdo, se mantiene”.
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Por su parte, el asesor jurídico de la guerrilla, Enrique Santiago, aseguró que el único camino viable para garantizar que se cumpla lo pactado es que se ponga en marcha una Constituyente.
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En diálogo con la emisora Caracol Radio, Santiago expresó su preocupación: “Llegamos a la conclusión de que la institucionalidad no funciona y si no funciona, toca cambiarla. Y la única forma sería con la Constituyente (…) La Corte ha congelado el proceso de paz, acaban de paralizar el proceso. Esto crea problemas jurídicos”, declaró el asesor jurídico de las Farc, advirtiendo su extrañeza por la determinación, dada la proximidad del día D+180, cuando se tiene previsto que culmine el desarme de la guerrilla.
Santiago –quien no obstante, se declaró a la espera de la sentencia completa– manifestó que la decisión de la Corte "deja en suspenso" el Acuerdo de Paz y alertó que el alto tribunal está invadiendo competencias claras del Presidente: “La Corte ha dejado el acuerdo congelado, lo cual es sumamente grave. Es imposible continuar la implementación legislativa urgente que está establecida en el punto 6 del acuerdo”, agregó.