Por abusos en la Comuna 13 de Medellín, Colombia volvió a perder en la Corte IDH

Foto: AFP - RODRIGO ARANGUA

Myriam Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, María del Socorro Mosquera, Mery del Socorro Naranjo y Ana Teresa Yarce: estos cinco nombres resumen la historia de lo que implicó para la población civil, especialmente para los líderes comunitarios, y además mujeres, las operaciones militares Mariscal, Potestad, Antorcha y Orión, ejecutadas en Medellín entre mayo y octubre de 2002. Fue entonces que la guerra llegó a las ciudades, con resultados fatales para los habitantes de la Comuna 13, concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El Estado colombiano, una vez más, fue condenado por su incapacidad para proteger a sus habitantes. Es el fallo número 17 del Sistema Interamericano en su contra. En este caso específico, los errores del Estado nacieron con la ejecución de esas cuatro operaciones militares en las que participaron Ejército, DAS, Fiscalía y hasta la Fuerza Aérea. Las dos primeras fueron planeadas cuando Andrés Pastrana era presidente; en las dos últimas, lo era Álvaro Uribe, y en todas, el alcalde en ejercicio era Luis Pérez, hoy gobernador de Antioquia.

Según la Corte, los casos de estas cinco mujeres no pueden entenderse sin tener en cuenta varios contextos. El primero, el estado de conmoción interior que decretaron el entonces presidente Uribe y su gabinete el 11 de agosto de 2002. “La Nación entera está sometida a un régimen de terror en el que naufraga la autoridad democrática (…) es ineludible tomar medidas inmediatas para prevenir actos de terrorismo”, advertía el decreto con el cual la Fuerza Pública adquirió facultades extraordinarias, porque las ordinarias, decía, no eran suficientes.

El segundo contexto es la manera como se manifestaba la guerra en la Comuna 13, ubicada en el occidente de Medellín. Las milicias urbanas del Eln y de las Farc se disputaban el control territorial con el bloque Cacique Nutibara de las Auc. Un conflicto concentrado en 19 barrios, donde la presencia de la Policía era más bien “limitada”. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió entonces que Orión, por ejemplo, había debilitado a los grupos ilegales, pero no había traído su derrota.

En medio de las balas de los unos y los otros, que iban más allá de los momentos en que se desarrollaban las operaciones, sobrevivían los civiles. Las confrontaciones se agudizaron: Mariscal, Potestad y Antorcha duraron menos de 24 horas, en cambio Orión duró toda una semana. Las amenazas subieron de tono y líderes locales, como estas cinco mujeres, empezaron a ser blanco de estigmatizaciones. En 2002, según la Unidad de Víctimas, el desplazamiento forzado desde la Comuna 13 vivió su pico más alto desde 1982: 4.196 desterrados.

Un tercer contexto es el de la violencia contra las defensoras de derechos en la Comuna 13 de Medellín, como lo eran ellas. La relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer informó en 2002, después de haber visitado a Colombia, dice el fallo de la Corte IDH, que “el trabajo organizativo de las defensoras de los derechos de las mujeres era una actividad peligrosa que las exponía a múltiples violaciones de derechos humanos”, y que eran objeto de intimidaciones sistemáticas, perseguidas por sus labores comunitarias.

En esa suma de factores, nada ventajosos para personas que quisieran trabajar por comunidades atestadas de milicias guerrilleras y paramilitares, Myriam Rúa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, María del Socorro Mosquera, Mery del Socorro Naranjo y Ana Teresa Yarce insistieron en sus actividades comunitarias. Cuatro de ellas, excepto Rúa, estaban vinculadas a la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI), y todas a las Juntas de Acción Comunal. Llevaban años en ello.

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Ellas, las afectadas

La primera víctima fue Myriam Rúa, socióloga. En junio de 2002, después de ejecutadas las operaciones Mariscal y Potestad, ella, su compañero permanente y sus tres hijas —entonces unas niñas de 12, 10 y 3 años— tuvieron que salir huyendo tras enterarse de que su nombre figuraba en una “lista negra” de los paramilitares. Un día después de abandonarla, su casa fue ocupada por los paramilitares y luego destruida. Ahora vive en un municipio aledaño a Medellín. Las actividades de la Junta de Acción Comunal se acabaron para ella y la investigación por su desplazamiento sigue en etapa de instrucción en la Fiscalía.

El 12 de noviembre de 2002, el turno fue para Luz Dary Ospina, su esposo y sus tres hijos. A ella también le informaron que su nombre, junto con el de Ana Teresa Yarce, María del Socorro Mosquera y Mery del Socorro Naranjo, figuraba en una “lista negra” y que podían ser detenidas. En marzo de 2003 trató de volver a su casa, pero aparentes miembros de la Fiscalía allanaron su casa señalando que ahí había armas escondidas. Al final, la casa fue destruida. Ospina y su familia se desplazaron y ella no ha vuelto a la Comuna 13. En 2009 y 2014, integrantes de las Auc fueron condenados por ese destierro y el expediente sigue abierto.

El mismo día que Luz Dary Ospina y los suyos fueron expulsados, cuando ya las cuatro operaciones militares en cuestión habían ocurrido, la advertencia que le habían hecho a Ospina se hizo realidad: María del Socorro Mosquera, Ana Teresa Yarce y Mery del Socorro Naranjo fueron detenidas arbitrariamente. Pasaron cuatro días en el calabozo de una estación de Policía y cinco en la cárcel de mujeres El Buen Pastor. El 21 de ese mes, la Fiscalía reconoció que no había pruebas para haberlas privado de la libertad y en 2003 precluyó la investigación en su contra. Apenas recuperaron su libertad, llegaron las amenazas.

Mery del Socorro Naranjo dejó su barrio temporalmente, pero siempre volvía. María del Socorro Mosquera se marchó con su hija y su nieto y, según declaró, vivió años de persecución, estigmatización, golpes y amenazas por parte de los paramilitares, la Policía y el Ejército. Aun así regresó a su barrio dentro de la Comuna 13. El peor destino lo corrió Ana Teresa Yarce: a ella, que había denunciado amenazas en su contra ante la Fiscalía, la asesinó un sicario el 6 de octubre de 2004, cuando estaba con su hija y con Mery del Socorro Naranjo, quien fue la única que se mantuvo en la mesa de derechos humanos de la Comuna 13.

Dos paramilitares fueron condenados por el asesinato de Yarce, pero, en general, el Estado colombiano les falló a estas cinco mujeres de muchas formas. Y las operaciones militares que precedieron sus amenazas y desplazamientos forzados sólo facilitaron que sus derechos fueran vulnerados. Todas las operaciones mencionadas en el fallo fueron consideradas en su momento éxitos militares; sin embargo, los reportes y denuncias posteriores empezaron a hacerles sombra a estos logros de la Fuerza Pública.

“Se ha constatado la ilegalidad de la aprehensión de las señoras Mosquera, Naranjo y Yarce”, indicó la Corte Interamericana, que sostuvo que ese arresto era un exceso cometido en el marco del estado de conmoción interior que había facilitado, entre otras, la operación Orión. En el caso de Yarce, dijo la Corte, el Estado sabía de su situación de riesgo y no la protegió, ni a ella ni a las otras cuatro líderes cuando tuvieron que desplazarse. El Estado, en general, negó tener responsabilidad sobre estos hechos. Pero la Corte, una vez más, aun reconociendo ciertas actuaciones —como las investigaciones o las condenas—, indicó que le había fallado a su gente.

(Si le interesa leer el fallo, puede encontrarlo aquí)