La accidentada cronología del caso Sigifredo López

Los coletazos del error que llevó a prisión al exdiputado del Valle, Sigifredo López, empiezan a causar estragos en la Rama Judicial. La jefe de fiscales delegados ante la Corte, Martha Lucía Zamora, está ad portas de ser sancionada por haber asesorado al fiscal Paulo César García durante la investigación que mantuvo detenido a López por casi tres meses. El magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, consideró que había evidencias suficientes para formularle cargos a Zamora por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. Con una coincidencia: Zamora es la fiscal que acusó a la secretaria del Consejo Superior de la Judicatura, Yira Olarte, por el escándalo del carrusel de las pensiones. Un expediente en el que resultó salpicado el propio Villarraga.

Zamora ha sostenido con vehemencia que éste podría ser el momento más difícil de su carrera. “Hoy me siento víctima, pero creo que es el sentimiento del día. Yo sé que mañana estaré mejor, continuaré mi tarea”, le dijo a este diario. En poder de El Espectador está la declaración del fiscal Paulo César García ante el Consejo de la Judicatura, fechada el pasado 10 de mayo. Sus explicaciones constituyen una cronología sobre los elementos que se tuvieron en cuenta en mayo de 2012 para ordenar la captura con fines de indagatoria de López. En 19 páginas el fiscal García dejó constancia de las intimidades de este expediente y contó por ejemplo que dos meses después de haber sido nombrado en su despacho, en febrero de ese año, le fueron anexadas unas pruebas encontradas en el computador del jefe guerrillero alias Alfonso Cano sobre las que había sospechas que relacionaban a Sigifredo López.

En ese contexto llegó la fiscal Zamora para orientar la investigación. Pronto se ordenaron cotejos de voz y de morfología para establecer si la voz del hombre que aparecía en un video dando instrucciones a las Farc para tomarse la asamblea del Valle en abril de 2002 correspondía a la de López y para eso se dieron reuniones en la Dijín de la Policía con el entonces director de esa entidad, general Carlos Mena. Los resultados técnicos fueron aparentemente tan contundentes que por eso se ordenó la captura de López el 16 de mayo de 2012. Ésta se basó en buena medida en los resultados técnicos entregados por un informe pericial del 4 de mayo de ese año. El fiscal García sostuvo que para las decisiones claves de este expediente, como ordenar la captura de Sigifredo López o resolverle su situación jurídica, se hicieron reuniones con el propio fiscal Eduardo Montealegre y varios de sus subalternos con el objetivo de analizar las evidencias que se tenían para tomar las decisiones.

De la misma manera contó que la captura de López, quien estuvo secuestrado durante 69 meses por las Farc, provocó un impacto mediático en la opinión pública, pero que de todas maneras la función de la investigación era llegar a la verdad. Para eso se tomaron las declaraciones del senador Luis Fernando Velasco o del representante de una ONG de secuestrados llamado Gustavo Muñoz. La primera prueba que se recaudó fue la declaración que se le tomó en la penitenciaría de Cómbita a Gustavo Arbeláez, comandante del frente Manuel Cepeda de la guerrilla. También se interrogó a Julio César Salazar, entonces detenido en la Picota, y se obtuvo el testimonio de Reinaldo Valencia por solicitud del propio Sigifredo López. Así mismo se escuchó a Abel Alexander de quien se tenían datos de Justicia y Paz en el sentido de que podría aportar al proceso. Y se adjuntó como prueba trasladada la indagatoria que en enero de 2008 entregó María Eugenia Mina, alias La Negra, una desertora de las Farc.

Varios de estos testimonios fueron usados para imponerle la medida de aseguramiento a Sigifredo López, pues además se escuchó en declaración a José Octavio Vallejo, funcionario de la Dijín, quien fue uno de los que suscribió el informe del 4 de mayo de 2012 en donde se relacionaba al exdiputado con la posible planeación del secuestro de sus excompañeros. En desarrollo de esta cronología también se tomó el testimonio de Edver Fajardo, otro exguerrillero. En medio de la controversia suscitada y del estupor nacional pues de súbito López pasó de víctima a victimario, se le solicitó a Sigifredo López “la toma directa de voz en cabina insonorizada” para cotejar la voz que aparecía en el video. Esta prueba tal cual no se realizó y, en cambio, una entrevista que le dio el exdiputado a Caracol Radio sin que fuera en una cabina especializada, fue analizada por el FBI y la valoración de la prueba no fue concluyente. Además se descartó que se realizara un cotejo con la Policía Científica Española.

“Obtenidos todos estos elementos se sostuvo una reunión en el despacho del fiscal general, en esta reunión estuvo presente la doctora Martha Lucía (Zamora), la jefe de unidad, y el señor vicefiscal a quienes se les expuso las pruebas y donde se concluyó que existían los requisitos mínimos para la imposición de medida de aseguramiento”. Incluso el fiscal García recordó que en su momento cuando se le otorgó la detención domiciliaria a Sigifredo, la Procuraduría protestó porque los delitos por los que estaba procesado eran tan graves que no podía accederse a este beneficio procesal. De la versión de García se advierte que la cúpula de la Fiscalía siempre estuvo enterada de los pormenores de este caso por el que el propio fiscal Eduardo Montealegre terminó pidiendo excusas públicas.

García añadió que Zamora actuó como un canal de diálogo “con el señor fiscal”. Y recordó que el caso tomó una trascendencia mediática tan amplia que tuvo que consultar muchas de las decisiones que tomó.
Al ser confrontado sobre la queja de Sigifredo López cuando se le privó de su libertad, el fiscal García advirtió que había testigos y pruebas técnicas que para ese momento lo hacían sospechar de López y que se le dio la oportunidad de confrontar a los testigos, contrainterrogarlos y solicitar pruebas que finalmente terminaron a su favor. Agregó que se hicieron muchas reuniones de trabajo para ver el avance investigativo y que jamás se vulneró la independencia y autonomía suyas para tomar las decisiones puesto que todas se hicieron “conforme a derecho”. Y aseguró que todas sus actuaciones se hicieron de una forma legal, que no obró de manera temeraria o de mala fe y que no fue él el que dijo que la voz del video de las Farc era la de Sigifredo sino que eso mostraban en su momento los informes de la Dijín. Además dejó constancia que la prueba practicada por el FBI en el caso de Sigifredo López “no era el procedimiento adecuado para una muestra de cotejo de voz”.

Su declaración constituye la cronología de un expediente judicial que casi un año después sigue dando de qué hablar. La fiscal Zamora está citada a un proceso verbal en el Consejo de la Judicatura y además se pidió investigarla penalmente. El magistrado Villarraga le pidió a la Corte Suprema que lo hiciera, pero está claro que este organismo no es el competente para hacerlo. Mientras se resuelve el entuerto, Sigifredo López sigue exigiendo que le cuenten la verdad.