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Fue en la mañana de un lunes cuando la Fiscalía ordenó detener al entonces general activo Henry Torres Escalante. Ese 28 de marzo, por primera vez en la historia del Ejército, fue cobijado por una medida de aseguramiento un oficial del más alto rango por “falsos positivos”. Después de esa orden para privarlo de su libertad –y de la entrega voluntaria de Torres Escalante–, la Fiscalía siguió investigando y ahora está convencida de que ha recogido suficientes pruebas para empezar el juicio contra él.
Al general retirado lo acusan del asesinato de Daniel y Roque Torres, un padre e hijo, quienes siete meses antes de su muerte habían empezado a denunciar que cada vez con mayor frecuencia el Ejército estaba haciendo pasar por guerrilleros muertos en combate a campesinos del municipio Aguazul (Casanare), donde ambos vivían. La hipótesis de la Fiscalía es que detrás de las muertes de los Torres, ocurridas el 6 de marzo de 2007, hay todo un plan ideado y ordenado por quien entonces era el comandante de la Brigada XVI con sede en Yopal (Casanare): Henry Torres Escalante.
En un documento de casi 300 páginas conocido por El Espectador, la Fiscalía expone sus argumentos para acusar al general (r) Torres Escalante por el delito de homicidio en persona protegida. Fueron 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios los que realizó la Fiscalía para asegurar que el entonces coronel Torres Escalante era quien “estaba a cargo de la preparación, ejecución y control del desarrollo de la Misión Táctica Fragmentaria No. 05 ‘Marte’”, en la que fueron asesinados Daniel Torres y su hijo.
Según la Fiscalía, las muertes de los campesinos, quienes habrían sido presentados como auxiliadores del Eln, fueron planeadas con anticipación. Supuestamente el objetivo de los militares que se vieron involucrados en el crimen, era silenciar a las víctimas, pues ambos eran testigos en dos procesos por “falsos positivos” que se estaban adelantando contra varios miembros de la Brigada bajo el mando de Torres Escalante.
Dijo la Fiscalía que en el crimen hubo una verdadera división del trabajo criminal, en la que Torres Escalante habría sido clave, pues habría influido en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior. Así mismo su aporte se realizó por acción y omisión”. Según el ente investigador, Torres Escalante habría ejecutado ocho acciones y dos omisiones para lograr la muerte de Daniel y Roque Torres.
"No solo se trató de impartir órdenes", se señala en la acusación. Para la Fiscalía, Torres Escalante como comandante de la Brigada XVI fue quien “convalidó la información de inteligencia que serviría como soporte para el desarrollo de la misión táctica fragmentaria ‘05 Marte’”. Además, que habría determinado que fuera el Grupo Especial Delta 6 el que llevara a cabo la misión, a pesar de que la vereda donde se adelantó la operación no estaba en jurisdicción de ese grupo especial. Según la Fiscalía esa decisión se tomó para no levantar sospechas, pues otros grupos de la Brigada XVI ya estaban empantanados con casos de falsos positivos.
Para la Fiscalía hay dos antecedentes que supuestamente demuestran la planeación de los homicidios. El primero, un supuesto “censo” que cuatro meses antes de los hechos adelantaron 15 militares de la Brigada XVI en la vereda donde habitaban las víctimas. Y el segundo, la captura de un guerrillero del Eln de alias “Pastrana”, en la parcela donde habitaba Daniel Torres y su familia, tan solo doce días antes de las muertes de padre e hijo.
Además, “siete días antes del homicidio de Daniel y su hijo menor Roque Torres, en la entrevista que le hicieron al desmovilizado “Pastrana” quedó plasmado que Daniel Torres era miliciano de la cuadrilla JDS del ELN, en la vereda El Triunfo de Aguazul (Casanare)”, se lee en la acusación. Para la Fiscalía, estos señalamientos contra Daniel y Roque Torres solo fueron una forma de justificar la operación que el Grupo Especial Delta 6 hizo en su contra.
Si bien fue el mayor Carlos Alirio Buitrago Bedoya quien firmó la resolución para hacer dicha misión, dijo la Fiscalía que la orden de adelantar el operativo provino de Torres Escalante, quien por ser el comandante de la Brigada (XVI), era el único con la potestad para hacerlo. Además habría sido él quien agregó al soldado Luis Fernando Socha al grupo especial, a pesar de que él pertenecía a una unidad diferente. La razón, según la Fiscalía: el soldado había participado en la captura de alias “Pastrana” y sabía llegar a la finca de los Torres.
Pero eso no fue todo. Posterior a los hechos, quien estaba llamado a defender a los civiles bajo la jurisdicción de la Brigada XVI habría omitido “de manera intencional realizar los controles operacionales”, así como “tomar decisiones frente a quejas por violaciones de derechos humanos”. La Fiscalía documentó por lo menos cinco informes que le envió el Defensor del Pueblo Seccional Casanare al entonces coronel Torres Escalante sobre presuntos “falsos positivos”.
A pesar de todo lo anterior, la defensa del general (r) Henry Torres Escalante argumentó que el verdadero responsable de los hechos era el teniente Marco Fabián García, quien lideró la misión ‘05 Marte’ en el terreno y quien ya fue condenado a 22 años de prisión tras aceptar cargos, así como quien firmó la orden para realizarla, el mayor Carlos Alirio Buitrago Bedoya. Además, debido a la retractación del teniente Marco Fabián García de su testimonio, la defensa argumentó que no hay pruebas suficientes para vincular al general retirado con los hechos que le endilgan.
Por esta razón, el pasado martes los abogados defensores apelaron la acusación, que ahora deberá ser revisada por la nueva vicefiscal, María Paulina Riveros, para determinar si es dejada en firme o no. De acuerdo con el abogado de las víctimas, Fernando Kekan, “hay zozobra en ellas (las víctimas) sobre la disposición que tenga la vicefiscal. Esa es nuestra duda, porque consideramos que hay suficiente material probatorio para seguir con el proceso”. De ser así, la Corte Suprema de Justicia juzgaría, por primera vez, a un general de la República por el capítulo oscuro de los “falsos positivos”.