Acusan seis exfuncionarios de la DNE por giro de dinero a los Nule

Los empresarios recibieron 25 mil millones de pesos para el consorcio Bogotá-Fusa.

 Un fiscal delegado ante la Corte Suprema radicó el escrito de acusación en contra de seis exfuncionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y los hermanos Miguel y Manuel Nule Velilla por la entrega y recepción de manera irregular de 25 mil millones de pesos para el proyecto vial Bogotá-Fusa.

Los hechos se registraron en 2005, cuando el entonces director de la DNE, Juan Carlos Vives Menotti, delegó a su secretaria general la facultad de invertir y realizar negocios jurídicos con los recursos de la entidad. (Ver Los Nule no aceptaron cargos por detrimento a la DNE)

Igualmente le entregó competencias a dicha funcionaria para celebrar contratos, así como conocer sobre la ejecución y la suscripción del acta de liquidación de los mismos.

En este sentido la secretaria general (e) de la DNE suscribió presuntamente sin los requisitos legales una invitación a varias fiduciarias para que manejara los recursos asignados por el organismo del Estado, “correspondientes a los acervos del fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado Frisco” por un valor cercano a los 30 mil millones de pesos.

Según la investigación el 17 de agosto de 2006 el Comité Asesor de Inversiones de la DNE recomendó la inversión de dichos recursos a través de encargo fiduciario de administración, inversión y pagos por medio de la sociedad Fiduagraria.

Posteriormente el 5 de septiembre de 2006 autorizó la inversión de 25.980 millones de pesos en el patrimonio autónomo del “Consorcio Bogotá – Fusa”, por un término de 3 años.

La Fiscalía General acusó a Gonzalo Martín Gutiérrez Díaz Granados, Clara Eugenia Garrido de Devaldenebro, Pablo Manuel Bula Narváez, Martha Hernández Pulido y José Camilo Guzmán Santos.

Según la acusación los procesados tendrán que responder en calidad de coautores y determinadores por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, y falsedad ideológica de documento público.