Admiten demanda contra decisión de la CNE de negar símbolos del Uribe Centro Democrático

La Sección Quinta del Consejo de Estado estudiará una demanda presentada por un ciudadano y suscriptor de lista de apoyo para la inscripción de candidatos al Senado de dicho movimiento político.

El Espectador
09 de julio de 2014 - 11:40 a. m.

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para su estudio la demanda presentada en contra de la resolución Consejo Nacional Electoral CNE) que negó el registro del símbolo, denominación y emblema de un grupo significativo de ciudadanos del movimiento Uribe Centro Democrático para los comicios electorales que se celebraron el pasado mes de marzo.

En la acción judiciales pide que se declare la nulidad de las resoluciones emitidas por el organismo electoral que consideraba que el nombre y el logo no cumplían con los requisitos establecidos por la ley. En este caso se indica que los magistrados incurrieron en una falsa motivación y desviación del poder “para favorecer otras organizaciones políticas”.

“El Consejo Nacional Electoral mediante las resoluciones 3443 de 2013 y 103 de 2014 proferidas por ocho de sus magistrados incurrieron en causales de nulidad, como son la falsa motivación y desviación de poder, al valerse de sus facultades para favorecer otras organizaciones políticas en el debate electoral del 9 de marzo, al obstaculizar el reconocimiento y posicionamiento del nombre y símbolo del grupo significativo de ciudadanos Uribe Centro Democrático, que recogió 12 veces más el número de firmas requerido para la inscripción de su lista de candidatos al Senado de la República”, precisa uno de los apartes de la demanda.

En este sentido señalan que se presentó una obstaculización al reconocimiento y posicionamiento del nombre del grupo significativo de ciudadanos que presentó 625.700 firmas superando así el número exigido por la ley para la inscripción de la lista de candidatos al Senado de la República.

Por reparto la acción judicial será estudiada por el magistrado Alberto Yepes quien tendrá que decidir si se cumplen los argumentos esgrimidos en la demanda. 

Por El Espectador

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