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Grandes condominios se han apoderado ilegalmente de las playas de la zona de Pozos Colorados, en Santa Marta, sin que autoridades como el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente (Dadma) adelanten acciones para impedir los perjuicios ocasionados. Así fue de concluyente un informe de la Contraloría General sobre uno de los mayores sitios turísticos de la capital del departamento del Magdalena.
El organismo de control dice que los condominios Cabo Tortuga y Sierra Laguna, ubicados en esa zona, están entre los que cometen estas irregularidades, afectando el sistema de humedales costeros del Lago El Dulcino. También cuestionan a los constructores del edificio Sierra Beach Resort, que están produciendo graves afectaciones ambientales por descarga de sedimentos sólidos al lago.
La Contraloría, además, estableció que existen vertimientos ilegales por parte de varios edificios, hoteles, apartahoteles, condominios y restaurantes. “Las autoridades ambientales del distrito de Santa Marta no han adelantado acciones efectivas para impedir los graves perjuicios ambientales causados por la ocupación y uso indebido de bienes de uso público, en las zonas de playas y bajamar”, se lee en el informe de la entidad.
En la actuación especial realizada por la entidad, sobre la presunta ocupación de bienes de uso público en esa zona del país, para la Contraloría queda claro que autoridades territoriales y ambientales no han tomado las medidas protección a los derechos o intereses colectivos, buscando proteger y restituir los bienes de uso público. Asimismo, dice que tampoco se han garantizado el goce de un ambiente sano.
¿Responsabilidades penales?
Frente a esta situación, que también abarca áreas de especial importancia ecológica, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, solicitara la intervención de la Fiscalía General para determinar si existen responsabilidades penales. En un oficio dirigido al despacho de Néstor Humberto Martínez, el contralor manifestó que “las gestiones adelantadas evidenciaron situaciones irregulares que pueden comprometer la responsabilidad penal de particulares y funcionarios públicos, toda vez que las mismas involucran la ejecución de proyectos urbanos sobre bienes de uso público o su apropiación”.
La remisión también dice que estas ocupaciones han generado “enormes” daños ambientales sobre el lago El Dulcino, cuya área total se ha reducido en los últimos años por la construcción de edificaciones de vivienda o de explotación turística, licenciadas por las Curadurías Urbanas. “Las edificaciones, levantadas en la orilla del lago, vierten sustancias contaminantes sobre el cuerpo de agua, poniendo en riesgo los recursos fáunicos, forestales, florísticos e hidrológicos del mismo sin que las autoridades de Santa Marta hayan adoptado alguna medida para frenar los efectos nocivos”, puntualizó Maya Villazón