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Varios procesos judiciales sobre crímenes de algunos líderes políticos, entre ellos el de Luis Carlos Galán ocurrido en 1989, suscitaron la investigación que permitió el pasado fin de semana la extinción de dominio sobre 66 bienes con un valor total de $24.495 millones a Juan Benito Rodríguez Muñoz, alias ‘28’, sobrino del capo Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’, y la ocupación de bienes de algunos de sus familiares y socios.
Por poco más de cinco años, la Dirección Nacional de Extinción de Dominio de la Fiscalía en coordinación con la Dijín, en coordinación con la Fiscalía, venía rastreando los bienes ilegalmente obtenidos por alias ‘28’, quien habría heredado, según las autoridades, el negocio de tráfico de drogas tras la muerte de su tío en diciembre de 1989. A pesar de ello, explica el coronel Pablo Ruiz, encargado de la investigación en la Dijín de la Policía, Rodríguez Muñoz no tiene ninguna orden de captura en su contra.
Los datos más importantes que motivaron la investigación y rastreo de estos bienes surgieron tras las declaraciones hechas por Rafael Murillo Guarnizo, quien fuera abogado durante dos décadas de ‘El Mexicano’ y luego de su sobrino, alias ‘28’. Murillo no solo le entregó a la Fiscalía datos exactos con números de matrícula de los bienes que compraba para lavar dinero sino que también aseguró que Rodríguez Muñoz estaría implicado en el asesinato de Luis Carlos Galán. En la Fiscalía 25 de Derechos Humanos, encargada del caso del magnicidio de Galán, se recogieron pruebas que después fueron trasladadas a un fiscal de la Unidad de Extinción de Dominio, que ordenó el embargo de estos predios.
Durante las pesquisas se determinó que la empresa ACS Inmobiliaria Ltda. había sido usada para la compra de muchos de los bienes, algunos de los cuales fueron destinados al pago de honorarios a miembros de la organización de Rodríguez Muñoz. De la misma manera el abogado Murillo explicó que las empresas Searca Ltda, de transporte aéreo, y Compro Mar, pesquera ubicada en Tumaco (Nariño), eran usadas para el transporte de drogas.
La producción lechera en el municipio de Pacho (Cundinamarca) era la fachada de este sujeto y su familia –hermanas y esposa– para justificar el patrimonio económico que tenían. Sin embargo, su empresa Comercializadora de Leche Río Negro no fue incluida dentro del embargo, aunque sí se limitó sus posibilidades de venta. El incremento económico injustificado de esta familia y algunos socios permitió el que es considerado por las autoridades como el tercer golpe más grande a la organización de Rodríguez Gacha desde su muerte, según señaló el coronel Pablo Ruiz, jefe de delitos especiales de la Dijín. Los bienes ocupados están ubicados principalmente en Cundinamarca, lugar de origen de la organización de Rodríguez Gacha, Antioquia y Meta.
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