A solo dos meses de las elecciones regionales, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, renunció a su cargo por la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra y que presuntamente lo involucra con el llamado “carrusel de la contratación”, que desangró el erario de Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno. Cruz envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que explicó que para atender los requerimientos de la Fiscalía y al mismo tiempo no afectar la gobernabilidad del departamento, decidió dimitir a la Gobernación desde el próximo 18 de agosto.
Los líos que llevaron al mandatario regional a tomar esa decisión se empezaron a conocer en 2013, gracias a los testimonios de algunos procesados por el caso de desfalco a Bogotá. Sin embargo, no fue hasta este año cuando la investigación se concentró en la posible participación de Álvaro Cruz como uno de los contratistas beneficiados en licitaciones que se llevaron a cabo irregularmente.
A principio de 2015, tanto Noticias Caracol como el periodista Daniel Coronell develaron documentos que al parecer habrían sido firmados por Cruz como representante de la firma ICM Ingenieros para la compra de unos predios en Estados Unidos. Los cabos sueltos empezaron a atarse y así fue como el ente investigador conoció que ICM Ingenieros e Incoasfaltos conformaron la Unión Temporal Asfaltos 2009, la misma que recibió un contrato por valor de $24.000 millones para pavimentación y reparcheo de Bogotá en 2009.
Fue en ese escenario que Cruz terminó enredado, pues la Fiscalía tiene pruebas de que para la adjudicación de ese contrato se pagaron coimas por $800 millones a los concejales Andrés Camacho, Orlando Parada e Hipólito Moreno (ya condenados por el carrusel), y a Iván Hernández Daza, entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá (UMV), sentenciado tras aceptar cargos.
Los mismos concejales, los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez y hasta el exsocio de Cruz, Luis Guillermo Mesa, salpicaron al gobernador, quien ha explicado que su función dentro de ICM Ingenieros fue como asesor. El ente investigador cree, gracias a los datos recabados en allanamientos de mayo pasado en las instalaciones de ambas entidades, así como en la vivienda de Cruz y su despacho, que su papel dentro de la empresa era realmente la de dueño.
La audiencia de imputación de cargos contra el mandatario departamental está programada para el próximo 2 de septiembre. Cruz ya había aceptado reunirse con los fiscales que investigan el carrusel, Juan Vicente Valbuena y Jaime Alonso Zetien, para tratar de llegar a un acuerdo. Hoy, poco se conoce de la negociación que lleva Cruz con la Fiscalía. Sin embargo, se especula que lo más probable es que acepte los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho por dar y abuso de confianza calificado que se le atribuyen, y que pague su condena, pero sin colaborar con la justicia o salpicar a alguien. Su decisión de renunciar, al parecer obedece a querer evitar un escándalo mayor.
El futuro de Cundinamarca
Con la renuncia del gobernador Álvaro Cruz, faltando poco más de cuatro meses y medio para finalizar su mandato, le corresponde al presidente Juan Manuel Santos designar un mandatario encargado. Ayer, desde la Casa de Nariño se informó que ante el poco tiempo que queda no cabe la posibilidad de que el partido que lo avaló envíe una terna para su reemplazo. En este sentido, será un funcionario del Gobierno Nacional quien termine el período, que va hasta el próximo 31 de diciembre.
En la actualidad, son dos los candidatos que se disputarán en las urnas suceder a Cruz en la Gobernación: Nancy Patricia Gutiérrez, quien se inscribió por firmas pero cuenta también con el apoyo de los partidos Liberal y Conservador y el Centro Democrático, y Jorge Emilio Rey, avalado por Cambio Radical, Alianza Social Independiente (ASI), Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), el Partido de la U y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).