Mucho polvo levantó el paro armado que se llevó a cabo en 36 municipios y detrás del cual estuvo la banda criminal más grande del país: el clan Úsuga, o como ellos prefieren llamarse, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En Medellín el hecho que más impactó fue la quema de una buseta en la Loma de los Bernal. Pero la amenaza de muerte que recibió Wilson Antonio López Tamayo, el primer indultado de las Farc por el proceso de Paz, se quedó en el más absoluto silencio.
El jueves 31 de marzo, primer día del paro armado, llegó a la casa de Wilson López un volante firmado por la banda los Rastrojos en el que lo declaraban objetivo militar, porque supuestamente estaba reclutando niños y adultos para “alistarlos (sic) a las filas Armadas Revolucionarias con fines terrorismo (sic), entrenándolos en manejos tácticos y explosivos”. Debido a las amenazas, los abogados que lo acompañan le recomendaron no salir de su casa. Esos dos días, Wilson López se quedó confinado en su hogar.
Esta no es la primera vez que es amenazado desde que recibió el indulto el pasado 22 de enero. La primera vez ocurrió el 1° de febrero, solo diez días después de salir libre. En esa ocasión, hombres armados lo abordaron cuando se dirigía a una tienda en Envigado, cerca de su residencia, y luego de identificarse como miembros del clan Úsuga le dijeron que después de haberlo visto en los noticieros como “un comandante guerrillero del frente 18 de las Farc” lo tenían en la mira.
Dos días después, Wilson López contestó el teléfono de su casa y la voz al otro lado de la línea le dijo: “Usted es Wilson López y ya sabemos que es guerrillero”, y le advirtió, con amenazas, que debía irse. Desde entonces, el exguerrillero se oculta, separado de su esposa y de sus hijos, en algún lugar del Valle de Aburrá. Lopéz le dijo a El Espectador que ya había pedido protección estatal por estas primeras amenazas y que en la Fiscalía se encontraban evaluando su denuncia para iniciar los trámites legales.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) le informó a este medio que el caso de López ya está en etapa de evaluación de riesgo, pero que por cuestiones de seguridad no puede referirse al caso en específico, más allá de decir que “estamos haciendo todos los trámites para garantizar la seguridad e integridad del señor Wilson López”. Mientras tanto López teme, pues todos los días se transporta en bus y metro hacia la construcción donde gana $25.000 pesos diarios. “El ambiente está crítico en este momento”.
La situación del exguerrillero pone el dedo sobre una llaga para el Gobierno: la seguridad de los reinsertados en las ciudades en un escenario posterior a la eventual firma de un acuerdo de paz. Basado en su experiencia, López considera que “el proceso de paz no se está pensando para la ciudad, se está descuidando ese tema. Acá en Medellín no tenemos cabida. Si no se hace algo, van a exterminar a las personas que lleguen y a sus familias. Esta ciudad no es territorio de paz”.
Debido a ese riesgo, una fuente en la Unidad de Protección que prefirió no ser nombrada, le confirmó a este medio que para todos los indultados de las Farc hay solicitud de evaluación de riesgo. Además, de manera oficial la Unidad de Protección Nacional aseguró que de la mano con el Gobierno ha venido tomado todas las acciones necesarias para el posconflicto. Por ahora, además del acompañamiento en materia de seguridad, Wilson López le pide al Gobierno integridad para su familia y que “se cumpla lo que se ha dicho en este proceso”.
El primer guerrillero en recibir el indulto decretado por el Gobierno como parte de las medidas de confianza con esa guerrilla en el marco de los diálogos de paz también se refirió a las motivaciones que él cree pueden estar detrás de las amenazas. “El interés lo ve cualquiera, y es que esos grupos no quieren una paz y no quieren un proyecto de país en paz. Se grupo quiere sabotear este proceso, a pesar de que aquí cabemos todos los colombianos, sean de derecha o sean exguerrilleros”, puntualizó López.