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El escándalo por la interceptación ilegal de comunicaciones privadas por parte de las Fuerzas Militares se reeditó ayer con un nuevo capítulo que presuntamente involucra a personal del Ejército y ya cobró las cabezas de dos generales. Súbitamente, la revista Semana divulgó que desde un local comercial ubicado en el barrio Galerías de Bogotá estaba operando una central de chuzadas ilegales que, además de los blancos tradicionales de la oposición, esta vez rastreaba a los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc en La Habana, Cuba.
Según la información, la central de interceptaciones del Ejército, llamada por los militares ‘Andrómeda’, funcionaba en un local de dos pisos. En el primero como un restaurante y el segundo como un sitio de servicios de internet, con oferta de cursos para creación de páginas web y seguridad informática. La fachada ‘Andrómeda’ contaba con la participación de militares activos y civiles hackers. Estos últimos, según Semana, habían sido reclutados en algunas ferias de tecnología y trabajaban bajo el principio de la compartimentación.
Tras una reunión entre el fiscal Eduardo Montealegre y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, este último anunció que el jefe de Inteligencia del Ejército y el director de la Central de Inteligencia Militar (Citec), generales Mauricio Ricardo Zúñiga y Jorge Zuluaga (ver página 4), respectivamente, fueron relevados de sus cargos mientras avanza la investigación. Al mismo tiempo, se determinó iniciar una indagación disciplinaria por parte de la Inspección General del Ejército y apoyar a la Fiscalía en sus pesquisas.
El pasado 30 de octubre, al detectar que la Fiscalía estaba a punto de allanar el lugar, tras una reunión de coordinación entre integrantes de la Citec, se ordenó hacer un borrado seguro de la información recaudada y empezar a desarmar los equipos de ‘Andrómeda’. El allanamiento se produjo el pasado martes, es decir, tres meses después, y los investigadores sólo encontraron 26 computadores, entre ellos 10 que estaban escondidos tras una puerta falsa. El fiscal Montealegre anunció que en estos momentos se analiza el contenido de sus discos duros para determinar si el Ejército se extralimitó en sus funciones.
Según le dijo a Semana un sargento primero del Ejército que pertenecía a ‘Andrómeda’, no se estaba haciendo control de voces, sino de datos, en especial de correos y conversaciones de chat. El objetivo eran varias ONG de derechos humanos, la excongresista Piedad Córdoba, el representante Iván Cepeda y algunos de los plenipotenciarios y asistentes a las negociaciones del Gobierno y las Farc en Cuba como Humberto de la Calle, Alejandro Éder y Sergio Jaramillo. El propósito de las chuzadas ilegales habría sido conseguir la mayor cantidad de información sobre el avance de los diálogos de paz.
Los hallazgos del ente investigador reportados por el periodismo tienen un antecedente igual de grave. El 1º de agosto de 2013, por orden directa del fiscal general, se determinó cerrar y trasladar al búnker de la entidad los equipos de una sala de interceptación de comunicaciones del Ejército conocida como la ‘Sala Gris’. Dicho centro de escuchas funcionaba en una oficina ubicada en la calle 100 con carrera 8ª, en el norte de Bogotá, y hacía parte del sistema Esperanza, matriz de interceptaciones legales de la Fiscalía.
A pesar de que el fiscal Montealegre le dijo a Semana que en ese momento y ante las versiones sobre las irregularidades en la ‘Sala Gris’ decidió trasladar los equipos al búnker para ejercer mayores controles, no está claro si personal del CTI sabía lo que estaba sucediendo en la 100 con 8ª. Según conoció El Espectador, esta última circunstancia ha generado discusiones entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. Una versión dice que a la cartera de Defensa le molestó la decisión, pero otra afirma que altos funcionarios del CTI de la época participaban en las chuzadas.
Lo cierto es que después de lo sucedido el 1º de agosto se produjeron dos hechos que, según fuentes consultadas, pueden responder al súbito traslado de la ‘Sala Gris’ a la Fiscalía, donde se probó que la interceptación de al menos 100 líneas carecía de soportes legales adecuados. Una semana después del traslado de los equipos, el presidente Juan Manuel Santos dispuso el cambio de toda la cúpula militar. Ayer se especuló si algo tuvo que ver con lo sucedido. El pasado 14 de enero se produjo también un inesperado relevo en la dirección general del CTI.
El escándalo apenas comienza. Ayer el presidente Santos pidió investigar a fondo todo lo sucedido y anunció que dio instrucciones precisas al Ministerio de Defensa para que aclare el tema, porque “no es aceptable, bajo ningún punto de vista, que la inteligencia se haga contra los ciudadanos, la oposición política o funcionarios del mismo Estado”. De manera simultánea, en los diversos movimientos políticos hubo todo tipo de reacciones sobre la información, y quedó al descubierto que la célula legislativa encargada de pedirles cuentas a estas agencias de inteligencia jamás ha ejercido control alguno (ver pág. 6). Por lo pronto, lo que se busca esclarecer es quiénes ordenaron y eran los destinatarios principales de la información recaudada ilegalmente.