:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/3Xl8O6Zw7yqiXa8nA9uNPDqZLo4=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/SX4FDRTK7RHUXJKGL5BFDVHQNM.jpg)
El Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 4444 del 2006 emitido por la Presidencia de la República en el cual se reglamentó la prestación de algunos servicios de salud sexual y reproductiva en el país.
El alto tribunal explicó que el Gobierno Nacional reglamentó la Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, en la cual se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos específicos, sin haber una ley de por medio.
Para el Consejo de Estado el Gobierno solo puede ejercer la facultad reglamentaria que le otorga el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, cuando exista una ley previa que reglamentar.
En este sentido indicó que el decreto no estudió temas como la objeción de conciencia ni la interrupción voluntaria del embarazo pues estimó innecesario hacerlo debido a que la simple expedición de la norma fue ilegal.
El tribunal de lo contencioso administrativo aclaró que esta decisión no significa que el Gobierno o el Consejo Nacional de Seguridad Social no puedan posteriormente dictar medidas, reglamentar o definir las políticas de salud en relación con dichos temas, siempre y cuando se acaten los parámetros establecidos en materia de reglamentación legal.
En el decreto anulado se indicó que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) así com las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada, las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud debían tener disponibles los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo para todas las mujeres, independientemente de su capacidad de pago y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud e impedía imponer barreras administrativas para postergar la prestación de dichos servicios.