Aprueban principio de oportunidad para Adolfo Castillo en caso DNE

La Dirección Nacional de Estupefacientes fue liquidada. / Archivo

Adolfo Castillo, gerente de Casa Motor, y Deibin Robinson Rojas, contador de esa misma sociedad, acaban de recibir un principio de oportunidad para dar rienda suelta a las declaraciones que pondrían contra la espada y la pared a quien, según la Fiscalía, sería la piedra angular del escándalo en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE): David Francisco Neira. Para las autoridades Neira es la persona que revelaría la forma en que congresistas, el exdirector de la DNE, Carlos Albornoz, y particulares se repartieron los bienes incautados al a mafia. (Para saber más el caso lea: "Los testigos que desenredarían el caso DNE")

Tanto Aldolfo Castillo y Deibin Rojas estaban siendo investigador por peculado, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. Según la Fiscalía, los dos hombres habrían logrado, a través de pagos de comisiones, que les dieran la administración de 12 estaciones de servicio en Tolima que habían sido embargadas a la familia Alvarado –luego la Fiscalía tumbó el proceso en su contra y los bienes regresaron a sus manos–.

Al avanzar en las pesquisas, tanto Castillo como Rojas le dijeron a la Fiscalía que colaborarían con la investigación. Fue entonces que entregaron movimientos bancarios en los que se evidenciaría el pago de coimas a Eladio Borrero y David Francisco Neira, dos hombres que han resultado salpicados en varios procesos de la DNE por supuestamente ser los intermediarios entre funcionarios públicos y particulares. A su vez, también se comprometieron a entregar información sobre personajes como Luis Fernando Sáchica, quien estuvo al frente de la Subdirección de Bienes de la DNE y está preso por el caso de las estaciones de gasolina  de Casa Motor. (Sobre el caso de Sáchica lea: "El exmagistrado en líos por caso DNE")

El juez de segunda instancia tumbó la primera decisión al considerar que se cumplieron con todos los presupuestos de colaboración eficaz que se deben tener a la hora de pedir un principio de oportunidad. De esta forma, Castillo y Rojas tendrán una inmunidad de seis meses mientras ayudan las autoridades y se evalúa la pertinencia de la información entregada.