El juez segundo penal especializado de Bogotá precluyó la investigación que adelantó la Fiscalía General contra cuatro miembros de una misma familia por su presunta participación en los hecho que rodearon la fuga de Javier Alexander Urrego registrada el 26 de septiembre de 2013 en el sur de la capital de la República. Por estos hechos estuvieron privados de su libertad en centro carcelario por más de dos meses.
El funcionario judicial aceptó la solicitud presentada por la Fiscalía General que pidió archivar este caso al considerar que no existían elementos materiales probatorios para inferir la participación y responsabilidad en los hechos que rodearon el rescate “a sangre y fuego” del procesado, cuyo paradero se desconoce hasta el momento, luego de ser rescatado cuando asistía a una cita odontológica en el sector de la Avenida Primero de Mayo.
Al evaluar los argumentos, el juez determinó que no existían motivos para seguir adelantando este proceso penal en contra de Martha Cecilia Alarcón Ramírez, Juan Sebastián Caballero Alarcón, Leonardo Ignacio Caballero Oliver y Carlos Arturo Alarcón Ramírez. Esta solicitud también fue avalada por el representante de la Procuraduría y los abogados defensores.
En la investigación se estableció que después de rescatar a Urrego los seis hombres fuertemente armados, quienes portaban pasamontañas, escaparon del lugar en una camioneta blanca. Sin embargo un grupo de policías que se encontraban en el lugar se percataron del hecho e inició la persecución del automotor. En la acción se presentó un intercambio de disparos.
El vehículo ingresó pocos minutos después a una vivienda en el barrio San José Sur donde vivía la familia Alarcón Caballero. En ese lugar las autoridades hallaron la camioneta, las armas que se utilizaron en la acción y la ropa de insurgencia que presentaba manchas de sangre, por lo que capturaron a las cuatro personas que habitaban en la vivienda señalándolas de participar en la fuga del preso.
“No se demostró que hicieran parte de la organización criminal que adelantó el operativo de rescate”, manifestó la fiscal del caso en la diligencia celebrada el pasado 16 de enero al hacer referencia al hecho que estas cuatro personas compartían la vivienda con Julio Roberto Alarcón, quien tenía un taller de mecánica automotriz en el primer piso.
Para la Fiscalía General es claro que pese a que estas personas habitaban en el mismo inmueble no tenían relación con Julio Roberto Alarcón quien vivía en el primer piso. “La hipótesis que eran coparticipes de la acción se desdibujó. Vivían en la misma vivienda pero no tenían relación alguna con la persona que vivía en el primer piso”.
La delegada del ente investigador señaló que incluso tenían una enemistad por el tema del pago de servicios públicos y otras dificultades en la convivencia. “Vivían en el mismo lugar y solamente tenían relación porque ingresaban por la misma puerta. Solo por estos hechos no tienen una responsabilidad penal”.
Ante estos hechos se considera que no se les puede continuar vinculando a un proceso penal, reseñando que Julio Roberto Alarcón ya aceptó su responsabilidad en los mismos mediante la figura del preacuerdo y está pendiente que se emita el fallo condenatorio en su contra.
La Fiscalía General les imputó el 18 de septiembre de 2013 los delitos de fuga de presos (en calidad de coautor) tráfico, porte y fabricación de armas de uso personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares.