Arranca juicio contra gestores de paz del Eln

Los acusados son los exjefes del Eln “Felipe Torres” y “Francisco Galán”. Los hombres, señalados como responsables de un secuestro masivo en Cali en el año 2000, aseguran que se les violó el debido proceso y reiteran que cuando se cometió el crimen ya eran voceros de paz.

David Escobar Moreno
25 de mayo de 2017 - 10:00 p. m.
Arranca juicio contra gestores de paz del Eln

El 20 de junio de 2016, cuando Carlos Arturo Velandia regresaba de España, fue recibido por tres agentes de Migración Colombia que le comunicaron que el Juzgado Segundo Especializado de Cali había ordenado su captura el 16 de abril de ese año, por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio culposo, hurto calificado y agravado. El exguerrillero del Eln, conocido como Felipe Torres, es investigado por su presunta participación en el secuestro de 64 personas (de las cuales murieron tres) en el kilómetro 18 de la vía que conecta a Cali con Buenaventura, el 17 de septiembre de 2000. Por estos hechos también son investigados los siete comandantes del Eln que pertenecen al Comando Central (Coce) de esa guerrilla.

Mientras los medios de comunicación registraban la detención de Carlos Velandia, Gerardo Antonio Bermúdez Sánchez –conocido como Francisco Galán dentro del Eln– se enteró por la misma vía de que en ese proceso también figuraba su nombre. Aunque en ese momento se tildó la detención de Velandia como una jugada política porque él era una pieza clave para destrabar la instalación de la mesa de diálogos de paz entre el Eln y el Gobierno, ahora la defensa de los exguerrilleros es otra. Eduardo Matyas, abogado de Francisco Galán, le contó a El Espectador que la Fiscalía y el juzgado encargado son los que actúan de manera irregular.

“Ellos fueron vinculados a la investigación el 14 de octubre de 2015. Velandia y Bermúdez cada tanto salen a los medios a hablar, hacen eventos en pro de la paz, pero ninguno jamás fue notificado de la apertura del proceso en su contra y tampoco para que hicieran descargos. Todo se hizo a escondidas. Las autoridades están en la obligación de agotar todas las vías para ubicar a las personas en cuestión. Esto es inconcebible”, aseguró el abogado. En julio pasado, Velandia y Bermúdez fueron asignados por el Gobierno como gestores de paz para avanzar en diálogos con esa guerrilla. A su vez, se suspendieron las órdenes de captura que pesaban en contra de los dos exguerrilleros bajo el compromiso de que siguieran atendiendo el llamado de las autoridades.

La Fiscalía señaló que, ante la falta de un domicilio de Velandia en Colombia, quien se exilió en España, fue vinculado al proceso como persona ausente, al igual que el resto del Comando Central del Eln. Sin embargo, nunca se refirió al caso de Francisco Galán, quien desde 2008 en la Casa de Paz en Medellín adelanta mecanismos para la resolución de conflictos y cuenta con un esquema de la Unidad Nacional de Protección. “Velandia y Bermúdez fueron capturados en diciembre de 1992 por secuestro, terrorismo y rebelión. Ellos cumplieron las tres cuartas partes de su pena y fueron liberados de manera provisional, pero tenían que ir ante un juez para reportarse cada tanto. Esto desmonta el argumento de la Fiscalía de que no pudieron notificarlos”, aseguró Matyas.

Otra presunta irregularidad tiene que ver con la expedición de la orden de captura en contra de Velandia. Él mismo le dijo a este diario que si la orden de captura fue emitida el 16 de abril de 2016, no entiende cómo pudo salir del país el 3 de junio de ese año. “Esta maniobra se hizo claramente para evitar que pudiéramos defendernos. Se quiso que se vencieran los tiempos para solicitar una nulidad del proceso. Esto es una violación al debido proceso”, señaló Velandia. En su momento, la Fiscalía aseguró que la entidad responsable de la detención de Velandia era Migración Colombia, que aseguró que cuando el exguerrillero salió del país, la orden de arresto aún no se hallaba en sus bases de datos.

Otra situación que Velandia reclama es en qué se basa la Fiscalía para vincularlos con el secuestro del kilómetro 18. “Para entonces estábamos presos en la cárcel de Itagüí y a nosotros solos nos permitían comunicarnos con el Coce para adelantar acciones humanitarias”, señaló Velandia. Esta versión en su momento fue corroborada por Jaime Bernal Cuéllar, quien era procurador general en esa época y estuvo al frente de la liberación de los secuestrados. “Esta persona estaba privada de la libertad y a ellos (los guerrilleros) les permitían el uso de comunicaciones exclusivamente para planear liberación de personas. Yo creo que es imposible que desde la cárcel estuviera planeando ese secuestro”, le dijo Bernal Cuéllar a El Espectador cuando se conoció la captura de Velandia.

La Fiscalía indicó que si bien Velandia estaba privado de la libertad desde 1993, por el contexto no era improbable que aun tras las rejas pudiera ejercer el mando, tal como ocurrió con varios jefes paramilitares. Velandia asegura que cuando militó en el Eln él comandaba el frente Compañero Tomás, que operaba en el nordeste antioqueño, el Bajo Cauca y el sur de Bolívar, sitios lejanos al lugar donde ocurrió el secuestro. Sin embargo, la Fiscalía está convencida de que, por ser un alto dirigente del Eln, Carlos Velandia debe responder por estos secuestros masivos, pues las órdenes de ejecutarlos salieron desde la cúpula a la que Velandia pertenecía como vocero nacional.

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