Una persona muerta, dos policías y dos manifestantes heridos, tres automóviles incinerados y más de 40 detenidos, son algunos de los elementos de la crisis que tiene en vilo a los 45 mil pobladores del municipio de Tarazá (Antioquia) y que parece lejos de solucionarse. A esto habría que agregarle que por lo menos 700 campesinos se dirigen hacia esta población, provenientes de la vecina localidad de Ituango, para sumarse a los casi 1.700 labriegos que permanecen en el coliseo de Tarazá y que protestan contra las aspersiones aéreas de glifosato que realiza el gobierno en la región del Bajo Cauca antioqueño.
Los manifestantes aseguran que seguirán protestando hasta que el Gobierno cese las fumigaciones aéreas y encuentre una medida que acabe con los cultivos ilícitos sin afectar la producción agrícola, como podría ser la erradicación manual. Asimismo, piden a las autoridades que les ayuden a desarrollar proyectos productivos que le permitan a esta región del norte antioqueño salir del atraso en el que se encuentra.
Por su parte, las autoridades han rechazado que los manifestantes hayan recurrido a vías de hecho para protestar y han mencionado que harán todo lo posible para contener la violencia y evitar los bloqueos a la troncal que conduce a la Costa Caribe.
El secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, alertó que miembros de los frentes 18 y 36 de las Farc e, incluso, de las bandas criminales, estarían infiltrando las protestas, ya que el fin de las aspersiones aéreas los beneficiaría. Las autoridades investigan estas presuntas infiltraciones.
El funcionario mencionó al respecto que “esta es una historia que se repite a través de los años y en la que los grupos irregulares gestan acciones violentas contra la propiedad privada, contra los bienes muebles e inmuebles, contra las personas mismas, con la excusa de luchar contra la aspersión de cultivos y las explotaciones ilícitas”. A esta versión adhirió el comandante de la Brigada XI del Ejército, general Leonardo Pinto, quien agregó que con las aspersiones aéreas se está atacando la principal fuente de financiamiento de los criminales.
Ayer, el vicepresidente Angelino Garzón anunció que una comisión del Gobierno se reunirá con las autoridades locales y con la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca —organización que representa al grueso de los manifestantes— para mediar entre ellos y encontrar una solución a la crisis.
No es la primera vez que Tarazá vive una crisis como esta. Apenas en marzo de este año se hizo necesaria la presencia del gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, para que por lo menos 2 mil campesinos pusieran fin a sus protestas de más de dos semanas.
Toda la región del Bajo Cauca antioqueño ha estado marcada por la violencia y la influencia del narcotráfico. Esta zona fue por mucho tiempo el fortín de las autodefensas y actualmente sufre con la presencia de varias bandas criminales y frentes de la guerrilla de las Farc.