La arremetida de Jorge Pretelt

El cuestionado magistrado Jorge Pretelt Chaljub. /Archivo

El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, investigado por supuestos ofrecimientos al abogado Víctor Pacheco en el denominado escándalo de Fidupetrol, arremetió con todo contra el presidente Juan Manuel Santos, el fiscal Eduardo Montealegre, el Senado, la Comisión de Acusación y sus ocho compañeros del alto tribunal. Y, como si fuera poco, denunció amenazas en su contra por parte de las Farc. Lo hizo en una solicitud enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que sostuvo que en su contra “se ha configurado una campaña sistemática de desprestigio”.

Una campaña, según él, orquestada por “el alto gobierno, algunos miembros del Congreso y el fiscal general de la Nación, mediante el envío progresivo e ilegal de mensajes a los medios de comunicación, pidiendo mi renuncia y prejuzgando mis actos, lo que atenta gravemente contra el principio de separación de poderes, se dirigen a afectar mi dignidad y buen nombre, y ha culminado generando una amenaza de muerte implícita en un comunicado de las Farc”.

En la carta de 35 páginas, Pretelt atribuyó esta supuesta persecución en su contra a su negativa a aceptar los argumentos del jefe del ente investigador, Eduardo Montealegre, “sobre la forma en que debe llevarse el proceso de justicia transicional en Colombia”. Puntualmente, sobre la posibilidad de que quienes se desmovilicen en virtud de ese posible acuerdo de paz con las Farc no paguen ni un día de cárcel.

Pretelt dijo que Montealegre “no ha cesado de filtrar información a los medios para afectar mi reputación y buen nombre y, con ello, tratar de presionarme para obtener mi renuncia, quizá para que el Gobierno pueda nombrar a un magistrado que esté de acuerdo con la plena impunidad para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad”.

Agregó que para el Gobierno y para el fiscal —con quien, según él, tiene una “enemistad grave”— se ha convertido en “una apuesta muy importante lograr que el Congreso y la Corte Constitucional permitan que los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, que provengan de los grupos guerrilleros desmovilizados, no tengan que pagar penas privativas de la libertad, en desmedro de los derechos de las víctimas y de los estándares internacionales en la materia”. Y que, además, sus detractores le cobran su cercanía al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Asimismo, señaló a Montealgre de perseguir a su esposa Martha Ligia Patrón, a quien el pasado 20 de marzo la Fiscalía le abrió una investigación por supuestas irregularidades en la compra de predios en el Urabá, cuyos dueños fueron despojados por el paramilitarismo. “Acto seguido, el 21 de marzo de 2015, las Farc se refirieron a los hechos y pidieron airadamente mi renuncia, calificándome de corrupto, lo cual me coloca a mí y a mi familia como un objetivo militar de este grupo. Con un altísimo riesgo de que se atente contra nuestra vida o nuestra libertad”.

Esto, según Pretelt, “pues en la ‘ley anticorrupción’ de las Farc se establecen como sanciones el secuestro y la multa. Entonces, al emitir este pronunciamiento existe una amenaza clara e inminente sobre mis derechos a la vida e integridad personal, más aún cuando en otros casos similares para las Farc, sus miembros han procedido a secuestrar y asesinar a los funcionarios públicos implicados”. Pretelt señaló que estas amenazas son conocidas tanto por el fiscal como por el Gobierno. Pero que no han hecho nada al respecto.

En cambio, dijo, “el Estado está usando sus medios para adelantar y patrocinar una tortura psicológica contra mis hijos y contra mí, al emitir juicios que han dado pie a la humillación, a la persecución y al rechazo de todos los miembros de mi familia por parte de los medios, y de las personas en nuestros sitios de trabajo y estudio”. Pretelt denunció que la situación ha llegado a tal punto, que incluso los miembros de su equipo de trabajo han sido objeto de ofensas y agravios.

Y puso como ejemplo que el pasado 8 de marzo “alguna persona en la Corte colocó un desinfectante en la oficina de los judicantes de mi despacho junto con una nota que señalaba textualmente ‘ahí tienen para que se limpien la mierda de trabajar en ese despacho’, lo cual es completamente aberrante y demuestra el pésimo ambiente que se tiene en este momento en el interior de la Corte”.

Para el cuestionado magistrado lo que hay detrás de esta avalancha de señalamientos es un complot para sacarlo a como dé lugar de la Corte. “De estos hechos concretos se nota una confabulación dirigida por los doctores Luis Ernesto Vargas Silva y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, con el único fin de quitarme la Presidencia de la Corte Constitucional”, dijo.

De igual forma, cuestionó a su juez, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, porque su caso se ha llevado de forma extremadamente veloz por cuenta de una supuesta presión del gobierno Santos. “Como resultado de la presión que el Estado viene ejerciendo para obtener mi renuncia o suspensión, nunca en la historia del país un proceso en la Comisión de Acusación se había llevado con tal celeridad como está sucediendo en mi caso (...). Si las intervenciones del Gobierno a través de los medios de comunicación continúan en las próximas semanas, es muy difícil que los miembros de la Comisión puedan mantener su imparcialidad e independencia y que respeten las reglas del debido proceso establecidas para casos como este”, relató.

Por ello, le solicitó a la CIDH que le exija al Estado colombiano que le respete su derecho al debido proceso. “Todo lo que pido es ser investigado y juzgado por un juez independiente e imparcial, que se respete el debido proceso, que se me juzgue por las pruebas y los hechos, mas no por mis ideas y mis posiciones jurídicas y políticas, pero sobre todo que se respete la presunción de inocencia, de forma que los agentes del Estado dejen de hacer afirmaciones en los medios de comunicación mancillando mi buen nombre. Pido que el fiscal se abstenga de abusar de su poder persiguiéndome a mí y a mi familia, poniéndonos además en enorme riesgo frente a los grupos alzados en armas. Que las tres ramas del poder se abstengan de exigir o de forzar mi renuncia como magistrado de la Corte Constitucional, hasta tanto se emita una decisión judicial de fondo y en firme”.

Al final reiteró que, pese a la solicitud del Gobierno, el Congreso y gran parte de la Rama Judicial, “no voy a renunciar, porque no soy responsable del reproche que se me hace, tengo derecho a defenderme y a demostrar mi inocencia, y tengo derecho a que ni a mí ni a mi familia se nos siga haciendo daño injustamente”. Para hoy fue citada la diligencia de indagatoria del magistrado Pretelt en la Comisión de Acusación. Él dijo que va a asistir y que va a contar en ese expediente otras “verdades” sobre sus colegas de la Corte que quieren sacarlo.