El presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, dijo que las investigaciones que ha ido abriendo la Sala Penal en contra de dirigentes políticos por los delitos de lesa humanidad cometidos por los grupos armados legales con los que se les vincula, obedece a un ajuste de la Corporación a las normas internacionales y a la misma legislación colombiana.
Añadió que el propósito es delimitar cada caso y determinar a qué tipo de delito de lesa humanidad, como la desaparición forzada o el genocidio, obedecen los hecho materia de investigación y cuál es la responsabilidad de cada uno de los protagonistas.
"La Corte, simplemente, en su decisión, ajusta los parámetros internacionales en lo tocante a los delitos de lesa humanidad y hace un recuento de lo que han sido los compromisos bilaterales y multilaterales de Colombia en la materia y tamo decisiones y hace precisiones muy importantes. Conjuga varios aspectos: uno, la legislación vigente; dos, la legislación internacional (...) y tres, los hechos en los cuales se está discutiendo cada caso concreto", sostuvo.
Aunque precisó que prever la apertura de nuevas investigaciones por parte de la Sala Penal de la alta corporación es aventurado, no descartó que hechos como el exterminio de la Unión Patriótica puedan llegar a ser de resorte del tribunal, siempre y cuando se prevea la responsabilidad de sus aforados.
En, últimas, precisó, lo que se busca es armonizar todos los mecanismos jurídicos existentes frente al estudio de casos de violaciones a los derechos humanos, con el fin impartir justicia.
El pronunciamiento obedece a la reapertura de la investigación en contra del ex congresista César Pérez García por su presunta responsabilidad en la masacre de Segovia, Antioquia, acaecida en noviembre de 1988, en la que el grupo paramilitar "Muerte a Revolucionarios del Nordeste" asesinó a 43 personas.