El Ministerio del Interior y de Justicia, en carta enviada a la Presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Julia Emma Garzón de Gómez, entregó oficialmente el listado que elaboró el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, sobre los delitos que causan gran impacto social y en los cuales las autoridades judiciales han concedido detención y prisión domiciliaria.
El Ministerio del Interior y de Justicia reiteró que esta situación está haciendo crisis, ya que mientras personas que no representan peligro para la sociedad se les niega el beneficio de la casa por cárcel, peligrosos delincuentes gozan del mismo. El pronunciamiento es posterior al del presidente Álvaro Uribe, que se quejó ante las altas cortes de que Mario Aranguren, director de la Uiaf, fuera enviado a prisión y, en contraste, se permita la libertad de peligrosos delincuentes.
Por ello, el Ministerio del Interior remitió el documento que contiene los datos registrados en el Sistema de Información –SISIPEC WEB-, en el que se evidencia que de las 21.887 domiciliarias registradas un porcentaje del 50%, corresponden a modalidades delictivas que tienen gran incidencia en la sociedad, razón por la cual se solicitó al Consejo Superior de la Judicatura revisar la aplicación por parte de la Rama Judicial de la medida alternativa de prisión y detención domiciliaria. “Ya que como la norma procedimental lo establece, dicho beneficio debe concederse solamente a quienes cumplan estrictamente con los requisitos legales”, expone la carta del INPEC.
Los tipos penales y el número de beneficiados con dicha medida son los siguientes:
6945 por tráfico de estupefacientes y otras infracciones a la Ley
916 por delito de homicidio
836 por concierto para delinquir
138 por secuestro
380 por acto sexual con menor de 14 años
193 por acceso carnal abusivo con menor de 14 años
6 por terrorismo
Precisamente, el pasado 12 de marzo, el Ministerio del Interior y de Justicia le había solicitado al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación que de ser procedente, se revoque el beneficio de la casa por cárcel a cerca de 200 personas consideradas por las autoridades de Policía como de alta peligrosidad.
También pidió que se iniciaran las investigaciones por el otorgamiento del beneficio a este tipo de delincuentes, teniendo en cuenta que el INPEC identificó 18 casos dentro del grupo considerado como de relevante peligrosidad, los cuales corresponden a personas que pertenecen entre otros a las FARC, a Bandas Criminales –BACRIM- y a ex miembros de las Autodefensa Unidas de Colombia, AUC. Dentro de un segundo grupo de menor perfil, se identificaron 193 personas pertenecientes a estas organizaciones criminales, que se encuentran actualmente en detención o prisión domiciliaria.