El presidente (e) del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros Polanco, manifestó que la colegiatura a su cargo estudiará en los próximos días si tiene la competencia para estudiar la queja interpuesta por emisarios del Gobierno Nacional en contra de la Juez 52 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, luego de ordenar el envío a prisión del ex director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, Uiaf, Mario Aranguren.
El magistrado manifestó que, aún cuando no conoce detalles de la acción, ya tiene certeza de que fue presentada la queja en contra de la operadora jurídica este viernes; determinación que se sustenta en que la funcionaria concedió la detención domiciliaria a 11 supuestos criminales de alta peligrosidad, según lo manifestó el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos.
Adicionalmente, precisó que él mismo se puso en contacto con la Juez luego de surgida la polémica y que ella la aseguró que nunca recibió presiones indebidas, en uno u otro sentido, para determinar si el ex director de la Uiaf debía ir a prisión, como lo solicitó el fiscal Octavo ante la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez.
Agregó que nadie puede rebatir las determinaciones judiciales, cuando estas obedecen al deber consagrado en todo operador jurídico a actuar con autonomía e independencia, basado única y exclusivamente en razones de hecho y de derecho.
Al margen de la responsabilidad disciplinaria de la funcionaria y de las supuestas presiones de la Corte para decidir el caso de Aranguren, manifestó que "nosotros respaldamos las decisiones de nuestros jueces" siempre que estén ajustadas a la Constitución y la Ley.
Fue el Presidente Uribe quien puso sobre la mesa el debate, al manifestar públicamente que había funcionarios judiciales que estaban tomando decisiones bajo presiones que estaban surgiendo en contra suya por parte de superiores jerárquicos de la Rama Jusrisdiccional.