Ante un Juez de Bogotá se presentarán este jueves un agente del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, y dos de la Sijín de la Policía, acusados de interceptar ilegalmente las comunicaciones del magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema, Iván Velásquez.

Los agentes permanecen detenidos desde hace más de siete meses, luego de que el Juzgado Cuarto con funciones de Control de Garantías les negara la libertad que, por vencimiento de términos, habían solicitado sus abogados.
La defensa consideraba que el hecho de que se hubiera agotado el plazo de 90 días que la legislación penal le otorga al Juez de Conocimiento para empezar a agotar la etapa de juicio hacía merecedores a los acusados de recuperar su libertad.

En audiencia pública celebrada en el complejo judicial de Paloquemao, en el centro oriente de Bogotá, el despacho desestimó las alegaciones, al contabilizar los días que pasaron desde la legalización de captura, teniendo en cuenta el tiempo empleado en la resolución de las solicitudes invocadas por las partes.

El agente del CTI, Aldo Francisco Pérez Llosa, y los intendentes de la Sijín, Fernay Enrique Galvis Rojas y Osvaldo Villamil Torralba fueron acusados de fraude procesal, falsedad en documento público, violación ilícita de comunicación y concierto para delinquir.

Los uniformados están involucrados en la aparente expedición de una orden judicial falsa, con el fin de interceptar las comunicaciones del magistrado Velásquez, uno de los más visibles investigadores de la parapolítica, por un asunto relacionado con la extorsión a un campesino, en el cual el funcionario judicial no tenía ninguna incidencia.

Los tres fueron detenidos y asegurados el 27 de noviembre de 2009, poco más de dos meses después de que la Fiscalía General de la Nación alertara la manera como la plataforma Esperanza había sido utilizada irregularmente, en el marco de las llamadas "chuzadas" ilegales de las que fueron víctima, en este caso, el magistrado y la directora Delegada de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, Alexandra Valencia.