La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia asumirá la investigación preliminar en contra del ex congresista César Pérez García, vinculado a la masacre que tuvo lugar en Segovia, Antioquia, en 1988, en la que fueron asesinadas 43 personas por parte de grupos paramilitares.
En la misma determinación, la Corporación planteó la línea jurisprudencial que manejará en el curso de las investigaciones preeliminares que abrió en contra de ocho de los dirigentes condenados por sus comprobados vínculos con grupos paramilitares.
El exparlamentario Pérez García había perdido su curul en 1996, luego de ser vinculado a un proceso por cohecho, y había sido absuleto como supuesto coautor del crimen perpetrado por las Autodefensas, en momentos en que la esa región del país contaba con una alta influencia por parte de grupos guerrilleros como las Farc y el ELN.
Teniendo en cuenta la capacidad de cobertura y operaciones con las que contaban los insurgentes en la zona, la Fuerza Pública había atribuido el crimen a las organizaciones rebeledes.
Sin embargo, la gran aceptación y simpatía con la que contaba el movimiento político de izquierda, Unión Patriótica, en la zona, generó dudas sobre el origen de la masacre, lo que derivó en una investigación que tribuyó la autoría del ataque a un grupo denominado "Muerte a revolucionarios del nordeste".
La Corte, haciendo uso de la jurisprudencia que sugiere investigar a los dirigentes vinculados con el paramilitarismo como presuntos coautores de sus crímenes, decidió retomar el caso por el cual había sido absuelto Pérez García, considerado por el alto tribunal como un delito de lesa humanidad.