Familiares de desaparecidos del Palacio de Justicia denunciaron que los oficiales involucrados en el caso cambiaron su versión de los hechos tras dos décadas, para acusarse entre sí y salvar su pellejo, luego de cotejada la contundencia de las pruebas que demuestran que sí hubo acciones criminales en contra de civiles, según afirmaron.

Añadieron que su postura está sustentada en los alegatos de conclusión del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, al finalizar el juicio que se adelanta en su contra, y el de la defensa del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en la apelación que presentó al Tribunal Superior de Bogotá, en las que advirtieron no contar con la suficiente capacidad de mando en el operatico de recuperación del edificio.

Para Cecilia Cabrera, quien fuera la esposa del administrador de la Cafetería, Carlos Augusto Rodríguez Vera, es evidente que los ex uniformados que fueron partícipes de esta tragedia, inicialmente, querían magnificar la batalla ganada a la guerrilla y que hoy niegan la dimensión de sus actuaciones, porque se han demostrado las acciones criminales que se produjeron dentro de la retoma del Palacio.

"Están tratando de evadir su responsabilidad, como lo están haciendo otros integrantes del Ejército que participaron en la retoma (...) Querían hacer entender a toda la opinión pública que lo que habían hecho era rescatar a una cantidad de rehenes, que habían ganado esa batalla a la guerrilla, pero hoy en día, cuando ya se observa responsabilidad directa de ellos, se ha determinado su responsabilidad, el hecho de haber causado tantas muertes y que los desaparecidos sí sean desaparecidos", dijo.

En el informe que sobre los hechos fue publicado en el Diario Oficial del 17 de junio de 1986 aparece la versión que rindió el General (r) Arias ante el Tribunal Especial de Instrucción creado por el Gobierno Nacional, en el que señala que tenía absoluto control sobre las unidades partícipes de la tragedia, aún cuando en su alegato de conclusión en el juicio ante el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá indicó, a través de un vocero, que no podía tener todo el control sobre las unidades tácticas, como el B-2 y la Caballería.

"Las operaciones de rescate, por ser de la competencia y estar dentro de la jurisdicción territorial de la Décima Tercera Brigada, fueron dirigidas por el suscrito, en su calidad de Comandante de la misma", dice el documento consultado por ElEspectador.com.

René Guarín, hermano de la desaparecida Cristina del Pilar, señaló que el oficial (r) deja en evidencia dos versiones completamente apuestas de los acontecimientos, pues entiende que la ofrecida hace 24 años lo hubiera responsabilizado por entero de los ilícitos cometidos en esa jornada, mientras que hoy lo que hace es señalar a sus compañeros, el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, como ex comandante del B-2, y el coronel (r) Alfonso Plazas, quien comandaba la unidad de Caballería.

"El General Arias Cabrales o está mintiendo o tiene amnesia, que es selectiva, porque hace años demostraba que el sí comandaba todas las unidades y hoy dice que no, cuando se ha descubierto que sí personas desaparecidas del Palacio de Justicia", precisó.

Mediante su vocero, el abogado José Ignacio Lombana Sierra, el oficial (r) precisó que no podía tener el pleno control sobre las actuaciones adelantadas por las unidades tácticas, por cuanto había confiado la operación a sus subalternos.

"Si hubo procedimientos irregulares, torturas, como lo señaló un testigo de la Fiscalía, en la Escuela de Caballería, esa responsabilidad era exclusiva del resorte del comandante de esa unidad, entonces el comandante debía reportarle al general Arias Cabrales, pero ese reporte no existe", sostuvo.

René Guarín reseñó que el principal argumento de la defensa de Plazas, en cabeza de Jaime Granados, en la apelación presentada al Tribunal Superior de Bogotá es que el ex uniformado no tenía mando en la operación, que era dirigida por el comandante de la Brigada 13 en la época, el General (r) Arias.

"Sorprende que la defensa del Coronel Plazas responsabiliza al general Arias Cabrales, por considerarlo comandante de las diferentes Escuelas que operaron en el Palacio de Justicia", dijo Guarín.

Por su parte, la defensora de Arias Cabrales, Tania Parra, presentó material fotográfico derivado de excavaciones que se adelantaron en las caballerizas de la Brigada, en donde consta que no hay evidencia de la presencia de restos humanos, lo que a su juicio demuestra que no hubo desapariciones.

Arias está a la espera de que la juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, Cristina Trejos, emita sentencia dentro del juicio que enfrenta por su presunta responsabilidad penal en el holocausto, en tanto que Plazas Vega purga una condena a 30 años de prisión, en curso de una demanda de apelación presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá.